Querella criminal por estafa tras el incendio en Teatre y Fonda Milagros: las aseguradoras en el punto de mira

Los querellantes argumentan que existió una connivencia entre los responsables de las discotecas y las aseguradoras para emitir pólizas que, si bien cumplían con el requisito formal de tener un seguro de responsabilidad civil, no ofrecían una cobertura realista acorde al riesgo

El devastador incendio ocurrido el 1 de octubre de 2023 en las discotecas Teatre y Fonda Milagros de la zona de Atalayas no solo dejó 13 fallecidos, sino que ha desencadenado una compleja batalla legal. Las familias de tres de las víctimas han presentado una querella criminal por estafa contra las aseguradoras AXA Seguros Generales y Allianz, así como contra los responsables de ambas discotecas y otros implicados. La acusación apunta a la insuficiencia de las pólizas contratadas, que, según denuncian, no ofrecían la cobertura necesaria para afrontar siniestros de tal magnitud.

Cobertura insuficiente

El abogado José Manuel Muñoz Ortín, representante de las familias de Jairo Antonio Correa García, Kely Daiana Gómez Acosta y Duvis Mary Reyes de la Hoz, ha sido tajante al denunciar la falta de garantías en las pólizas contratadas por las discotecas.

La querella revela que Teatre Murcia S.L. contaba con una póliza suscrita con AXA que tenía una cobertura total de 1.200.000 euros y un límite de 150.000 euros por víctima. Por otro lado, Fonda Milagros, gestionada por Daniel Ramírez Ramírez, mantenía una póliza con Allianz con una cobertura máxima de 300.000 euros. Estas cantidades, según la querella, resultan insuficientes para locales con aforos de hasta 1.292 personas, repartidas entre ambas discotecas.

“Es inaceptable que una discoteca con semejante capacidad opere con una cobertura tan baja. Las vidas de las personas que acuden a estos lugares no pueden quedar desprotegidas por pólizas que no reflejan el riesgo real de la actividad”, afirma Muñoz Ortín.

Según el abogado, una cobertura adecuada debería haber alcanzado los 3.000.000 euros por siniestro y 500.000 euros por víctima en el caso de Teatre, mientras que para Fonda Milagros la cantidad mínima estimada debería haber sido de 1.500.000 euros por siniestro y 300.000 euros por víctima.

«El engaño se produce en la medida en que los usuarios de las discotecas, cuando asisten a la actividad ejercitada en las mismas, lo hacen en la creencia de que la actividad está debidamente garantizada mediante el correspondiente seguro para hacer frente a las posibles eventualidades que pudieran surgir. En realidad concertando tales seguros ruinosos se está produciendo una estafa a los usuarios que pudieran resultar perjudicados por el ejercicio de la actividad, pues al no existir una garantía suficiente, se produce un perjuicio concreto en la indemnización que pudiera corresponderles» dice la querella.

Deficiencias críticas en seguridad

La querella también pone el foco en las deficiencias de seguridad que presentaban ambas discotecas. La discoteca Teatre operaba con una licencia caducada desde 2013, mientras que Fonda Milagros carecía de licencia municipal.

Los informes aportados al juez revelan, además, varios puntos críticos que pudieron agravar las consecuencias del incendio:

  • Bloqueo de salidas de emergencia: algunas de las puertas consideradas como salidas de emergencia estaban cerradas o bloqueadas.
  • Recorridos de evacuación excesivos: en Fonda Milagros, los recorridos de evacuación superaban los 36 metros, cuando la normativa establece un máximo de 25 metros.
  • Dependencia de generadores de diésel: desde 2016, Fonda Milagros no contaba con suministro eléctrico directo de una compañía, dependiendo de generadores que incrementaban el riesgo de incendio.

Como venimos informando en RRNEWS, el Ayuntamiento de Murcia permitió que Teatre siguiera abierta sin bombeo contra incendios y sin puertas de emergencia. Solo cinco meses antes de la tragedia, un informe municipal certificó graves carencias en las discotecas Teatre y Fonda directamente relacionadas con la seguridad de las personas.

Salida emergencias discoteca Teatre

Impacto económico en las familias de las víctimas

Uno de los puntos más controvertidos de la querella es el daño económico que sufrirán las familias de las víctimas a causa de las pólizas insuficientes. La familia de Laidy Paola Correa Hincapié reclama 727.484,50 euros en concepto de indemnización; la familia de Kevin Alejandro Gómez Acosta reclama 1.195.731 euros y la familia de Yosi Esteban Rivero Reyes reclama 810.440 euros. Las estimaciones totales para las tres familias afectadas ascienden a 2.733.656,69 euros. La suma asegurada disponible, de 1.500.000 euros, resulta claramente insuficiente.

Además, hay que tener en cuenta que a esta cuantía habría que sumarle las cuantías correspondientes a las nueve familias restantes.

Fraude y connivencia

Los querellantes argumentan que existió una connivencia entre los responsables de las discotecas y las aseguradoras para emitir pólizas que, si bien cumplían con el requisito formal de tener un seguro de responsabilidad civil, no ofrecían una cobertura realista acorde al riesgo.

«Las aseguradoras sabían perfectamente el riesgo que supone el ejercicio de una actividad de una discoteca de ocio nocturno y, a pesar de ello, ambas contrataron un seguro claramente insuficiente para cubrir los riesgos inherentes a la actividad» sostiene la querella por presunta estafa.

“Se trata de una estrategia calculada. Ambas partes se beneficiaron: las discotecas reducían costes operativos y las aseguradoras obtenían ingresos sin asumir verdaderamente el riesgo. El resultado es que, cuando ocurre una tragedia, las familias quedan desamparadas. Es una estafa que queda al descubierto solo cuando ocurre una tragedia como esta, señala Muñoz Ortín.

La querella solicita que el Juzgado de Instrucción de Murcia cite a declarar a los representantes legales de AXA, Allianz y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, además de los responsables de Teatre y Fonda Milagros. Se exige la nulidad parcial de las pólizas y la ampliación de la cobertura hasta cubrir la totalidad de las indemnizaciones reclamadas por las familias de las víctimas.

Actualmente hay diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, en concreto, las Diligencias Previas 1961/2023 que instruye la investigación general sobre el incendio acontecido y las Diligencias Previas 773/2024 que instruye una querella dirigida contra determinados funcionarios y responsables municipales, en las que se están practicando diligencias de investigación sumamente relevantes en cuanto a los hechos acontecidos. «Lo razonable sería que la presente querella fuera diligenciada por el mismo juzgado» consideran los querellantes.

«No se trata solo de dinero»

Más allá de las implicaciones económicas, la querella tiene el potencial de sentar un precedente que podría transformar la manera en que las discotecas y locales de ocio nocturno contratan seguros. Las familias esperan que este proceso contribuya a reforzar la regulación de los seguros y a garantizar que ningún otro local opere sin una cobertura adecuada.

“Esto no se trata sólo de dinero, sino de enviar un mensaje claro: no se puede jugar con la vida de las personas que acuden a lugares de ocio. La seguridad debe ser una prioridad y no una opción” sostienen las familias de tres de las víctimas que han decidido presentar la querella por presunta estafa.

El incendio en Teatre y Fonda Milagros ha dejado una huella imborrable en Murcia, y el resultado de esta querella podría sentar un precedente importante en la regulación de seguros y la seguridad de locales de ocio nocturno en España.

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