La controversia sobre la contaminación del Campo de Cartagena ha dado un nuevo paso en el terreno político e institucional. La Asamblea Regional ha rechazado una moción que reclamaba la publicación inmediata del informe encargado por la Consejería de Agricultura a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), un documento que, según denuncian desde la oposición, evidencia niveles de metales pesados muy por encima de los límites legales en suelos agrícolas.
La iniciativa, impulsada por Podemos-IU-AV, ha sido bloqueada por los votos en contra de PP y Vox, pese al respaldo del PSOE. El resultado: el informe seguirá sin hacerse público, en medio de acusaciones de opacidad, contradicciones administrativas y posibles riesgos para la salud de consumidores y trabajadores del campo.
Un informe que existe, pero no se publica
El origen del conflicto está en la propia existencia del informe. Según la portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, la Consejería de Agricultura negó inicialmente su existencia en respuesta a una solicitud de información pública. Sin embargo, días después reconoció que el estudio sí había sido entregado, aunque alegó que “no cumplía con los objetivos” y anunció que reclamaría a la UPCT el reintegro de la subvención concedida, que asciende a 293.035 euros.
Este giro en la versión oficial ha sido interpretado por la oposición como un intento deliberado de ocultar los resultados. Marín fue especialmente contundente al denunciar que “sí tenían el informe” y cuestionar los motivos de su no publicación: “¿Por qué han mentido? ¿Qué pone en ese estudio que tanto miedo tienen?”.
Contaminación por metales pesados: cifras que alarman
Aunque el documento no se ha hecho público, los datos adelantados en sede parlamentaria apuntan a una situación preocupante. Según la información trasladada por la coalición de izquierdas, los niveles de plomo y cadmio en los suelos agrícolas del arco sur del Campo de Cartagena serían, respectivamente, diez y cinco veces superiores a los límites legales establecidos.
Estos elementos -junto a otros como el cobre y el zinc- están asociados históricamente a la actividad minera en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, una zona con décadas de explotación y escasa restauración ambiental efectiva.
La persistencia de estos contaminantes en el suelo no solo afecta a la calidad agronómica de los terrenos, sino que plantea interrogantes sobre la seguridad alimentaria, especialmente en una comarca donde la agricultura intensiva tiene un peso económico determinante.
Medidas rechazadas: principio de precaución y control alimentario
La moción debatida en la Asamblea no se limitaba a exigir la publicación del informe. También proponía la adopción de medidas urgentes, entre ellas:
- Aplicar el principio de precaución ante la posible contaminación.
- Establecer controles exhaustivos sobre los productos agrícolas cultivados en la zona.
- Proteger la salud de consumidores y trabajadores del campo.
- Aprobar antes de finales de 2026 el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM).
Todas estas propuestas han quedado rechazadas con el voto conjunto de PP y Vox.
Acusaciones de ocultación y deterioro institucional
El debate ha escalado más allá del contenido técnico del informe. Desde Podemos-IU-AV se acusa directamente a la consejera de Agricultura, Sara Rubira, de “negar la evidencia” y de no ofrecer explicaciones en sede parlamentaria.
El diputado José Luis Álvarez-Castellanos subrayó que el informe fue entregado en mayo de 2025 y criticó que la consejera se limitara a cuestionar su metodología sin aportar documentación ni aclaraciones: “Este tema necesita una explicación coherente y que se pongan los documentos a disposición pública”.
La crítica se centra no solo en la gestión del informe, sino en lo que la oposición considera un patrón de comportamiento institucional: evitar la exposición pública de problemas estructurales que afectan al territorio.
Un problema estructural que conecta con el Mar Menor
El caso de los suelos contaminados del Campo de Cartagena no es un episodio aislado. La propia María Marín lo vinculó con la gestión del Mar Menor, otro de los grandes conflictos ambientales de la Región de Murcia.
“Los problemas no se resuelven solos. Se agravan. Lo mismo que ha pasado con el Mar Menor”, afirmó en la Asamblea.
La referencia no es menor. Ambos fenómenos -contaminación agrícola y degradación ambiental- comparten un mismo trasfondo: décadas de actividad intensiva, falta de control efectivo y retraso en la adopción de medidas correctoras.
Transparencia frente a relato político
El bloqueo de la moción deja en evidencia una fractura política clara en torno a la gestión ambiental y la transparencia institucional en la Región de Murcia.
Mientras la oposición reclama acceso a la información y medidas preventivas ante un posible riesgo sanitario, el Gobierno regional cuestiona la validez del informe y evita su difusión pública.
En este contexto, la ausencia del documento impide un debate técnico riguroso y traslada el conflicto al terreno político, donde las acusaciones de ocultación, negligencia o alarma injustificada sustituyen a los datos verificables.
Lo que queda sin responder
A día de hoy, siguen abiertas varias preguntas clave: ¿Qué conclusiones exactas recoge el informe de la UPCT? ¿Por qué se negó inicialmente su existencia? ¿Qué criterios técnicos justifican su rechazo por parte de la Consejería? ¿Qué medidas se están aplicando -si es que hay alguna- para controlar esta situación?
Sin la publicación del documento, todas estas cuestiones quedan en el aire.
RRNEWS ya documentó el problema: tres informes con mapas y evidencias
Este no es un debate nuevo. RRNEWS ha publicado en las últimas semanas varios artículos en los que se analizan al menos tres informes y estudios técnicos independientes que coinciden en un mismo diagnóstico: la presencia de altas concentraciones de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y transferencia a los cultivos.
Estos trabajos, apoyados en cartografías detalladas, muestran de forma gráfica la distribución de contaminantes como plomo, cadmio o zinc en distintas zonas del arco sur, evidenciando que no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural y territorialmente extendido.
Pese a la relevancia de estos datos, el Gobierno regional no está facilitando información pública completa y actualizada sobre el estado real de los suelos. A esta falta de transparencia institucional se suma otro elemento llamativo: el silencio de las principales organizaciones agrarias, que hasta ahora no han emitido posicionamientos claros sobre una cuestión que afecta directamente a la calidad de los cultivos y a la confianza del mercado.