Un informe técnico sobre un antiguo depósito minero ha terminado revelando algo mucho más incómodo: la existencia de un estudio sobre la contaminación por metales pesados en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena que la Administración regional no facilita y cuestiona.
El documento se titula “Caracterización de tecnosuelos del depósito minero El Lirio–Los Belones (Cartagena)” y ha sido elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena. Su finalidad oficial era evaluar la calidad ambiental del tecnosuelo con el que se selló el depósito minero El Lirio. Pero, al contextualizar sus resultados, ha destapado la contaminación por metales pesados existente en el Campo de Cartagena donde se cultivan productos hortofrutícolas que son recolectados y comercializados. Plomo, cobre, cadmio, zinc.
La clave está en las páginas 18, 19 y 20 del informe. En ese tramo del documento, los autores explican que las concentraciones de metales detectadas -cadmio, cobre, plomo y zinc- no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben interpretarse a la luz de un estudio regional previo sobre los suelos del Campo de Cartagena, elaborado por el mismo equipo investigador para la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Ese estudio, según se recoge literalmente, habría cartografiado la distribución de metales pesados en la comarca y evidenciado concentraciones elevadas asociadas al fondo geológico y a la histórica actividad minera.
En concreto, en los suelos del entorno y agrícolas del Campo de Cartagena se describen las siguientes concentraciones máximas:
- Arsénico (As): hasta 320,2 mg/kg, lo que supone valores hasta 40 veces superiores a los detectados en el tecnosuelo de El Lirio.
- Cadmio (Cd): hasta 21,3 mg/kg, 23 veces más que los valores máximos del tecnosuelo.
- Manganeso (Mn): hasta 6.241,6 mg/kg, 12 veces más que en el depósito sellado.
- Plomo (Pb): hasta 2.271 mg/kg, 7 veces más que los valores del tecnosuelo.
- Zinc (Zn): hasta 9.488 mg/kg, 37 veces más que las concentraciones medidas en El Lirio.
El informe subraya que estas concentraciones elevadas no son puntuales, sino que responden a un patrón territorial, asociado al fondo geológico del Campo de Cartagena y a la intensa actividad minera histórica. Esa afirmación se apoya en los mapas de distribución espacial de metales que se incorporan en esas páginas y que, según el texto, proceden del estudio regional de suelos elaborado para la Administración autonómica.
No se trata de una mención secundaria. El informe de El Lirio se apoya en ese trabajo para sostener que la contaminación no es un foco puntual, sino un fenómeno territorial más amplio. De hecho, subraya que los suelos de la periferia presentan valores muy superiores a los del tecnosuelo sellado, y que ese patrón coincide con los mapas regionales de metales elaborados para la Consejería. Esos mapas -incluidos en el documento- permiten relativizar el alcance de la contaminación detectada en el depósito restaurado y concluir que el riesgo es bajo.
¿Dónde está ese informe?
El problema es que ese estudio regional no está accesible. No se identifica con título, fecha ni referencia completa. No figura como anexo. Y, ante las solicitudes de acceso a la información pública, la Consejería de Agricultura ha negado su existencia. Posteriormente, la propia Administración ha reconocido que la UPCT sí elaboró un informe sobre suelos agrícolas, pero sostiene que no se ajusta al encargo realizado, que incumple los fines de la subvención concedida y que, por ese motivo, exige a la universidad la devolución de 293.000 euros. Los responsables de la UPCT aseguran, por su parte, que el estudio se ha realizado y entregado. El propio investigador de la universidad politécnica, Ángel Faz, firmó el informe encargado por el Gobierno regional en 2023 y entregado en 2025. La subvención recibida por parte de la CARM se justificó en mayo de 2025 por parte la universidad.
La secuencia resulta reveladora. Un estudio pasa de no existir a existir pero ser “inadecuado”. Y, sin embargo, ese mismo estudio es utilizado como referencia científica en otro informe oficial para interpretar datos ambientales y apoyar conclusiones administrativas. Se le otorga autoridad técnica cuando conviene y se le niega validez cuando incomoda.
RRNEWS ha pedido a la universidad copia el informe dada la trascendencia y su respuesta ha sido la siguiente: «El propietario del informe es la CARM. Por tanto, nosotros no podemos darlo».
El trasfondo es especialmente sensible. Según lo que se desprende del propio informe de El Lirio, el estudio regional de la UPCT describe una elevada contaminación por metales pesados en amplias zonas del Campo de Cartagena, una constatación con implicaciones directas para la agricultura, la salud ambiental y la gestión del territorio. Reconocer oficialmente ese diagnóstico obligaría a asumir responsabilidades, revisar políticas y abrir un debate público de gran calado.
Es importante subrayar que según el Real Decreto 1051/2022 fija límites máximos para metales pesados en suelos agrarios y subraya expresamente el vector de seguridad alimentaria (para garantizar la seguridad de los productos agrícolas). Según la cartografía del estudio que la Consejería de Agricultura se niega a dar, hay zonas del suelo del campo de Cartagena que superan los 100 mg por kilo de plomo y cadmio. Esos suelos debieran ser declarados contaminados tras su análisis riguroso.
Sin embargo, la realidad se ha impuesto por una vía inesperada. El informe de El Lirio, centrado en un tecnosuelo concreto, ha terminado sacando a la luz un diagnóstico ambiental regional que la Administración no quiere poner a disposición de la ciudadanía.
La contradicción interpela directamente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿Cómo puede un informe que se niega o se desacredita ser, al mismo tiempo, la base científica de otro expediente oficial? ¿Qué valor tiene entonces la transparencia cuando los datos se utilizan de forma selectiva? ¿Ha falseado documentos la consejera de Agricultura, Sara Rubira?
Lo ocurrido sitúa el foco en algo más que un informe concreto. Un estudio financiado con fondos públicos, elaborado por una universidad pública y utilizado como referencia técnica en un expediente oficial no puede, al mismo tiempo, negarse, ocultarse o desautorizarse sin explicación transparente. Menos aún cuando sus conclusiones afectan a la calidad de los suelos agrícolas y al estado ambiental de una de las zonas más sensibles de la Región de Murcia.
El informe de El Lirio demuestra que ese estudio existe, que se ha utilizado y que ha sido determinante para interpretar los datos ambientales recogidos en las páginas 18, 19 y 20. Lo que no explica la Administración es por qué ese mismo documento no puede ser consultado, ni en qué punto exacto dejó de cumplir los fines para los que fue encargado.
Mientras la Consejería de Agricultura reclama a la Universidad Politécnica de Cartagena la devolución de 293.000 euros, el contenido del informe sigue sin conocerse. Ni se publica, ni se corrige, ni se somete a contraste técnico independiente. Simplemente se aparta.
El 26 de enero, la diputada de Podemos, María Marín, pidió una copia del estudio. En su solicitud reclamó “expresamente” a la Consejería la cartografía y los mapas de “propiedades fisicoquímicas” del suelo, con “especial atención a la distribución espacial de metales pesados y metaloides”.
Además, Marín anunció su intención de interpelar en el Pleno a la consejera de Agricultura, Sara Rubira, para que aclare todas las dudas en torno a este asunto. Entre ellas, “la aplicación del principio de precaución recogido en la normativa europea y las medidas para reforzar las garantías de seguridad alimentaria”, según informaron fuentes de Podemos.
La CARM suele negar informes y actas de inspección
Tal y como ha venido publicando RRNEWS, un juzgado de Cartagena mantiene abiertas diligencias para esclarecer si en las obras de sellado del depósito minero de El Lirio se empleó tierra contaminada con metales pesados u otros residuos industriales, una posibilidad que pondría en cuestión todo el proceso de restauración ambiental.
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por Ecologistas en Acción, que fue asumida por el Ministerio Fiscal, y ha dado lugar a requerimientos judiciales a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que remita documentación técnica, autorizaciones administrativas, informes de control y resultados de analíticas relacionadas con los trabajos ejecutados.
En paralelo, la Administración regional ha denegado a RRNEWS el acceso público a determinadas actas de inspección y documentos de seguimiento de las obras, alegando que su difusión podría tener un “uso mediático” o interferir en procedimientos en curso.
En este contexto, la aparición -en las páginas 18, 19 y 20 del informe de El Lirio- de un estudio regional sobre suelos con metales pesados elaborado para la Consejería de Agricultura cobra una relevancia especial. No solo porque ese estudio es utilizado como referencia científica en un expediente oficial, sino porque su contenido sigue sin hacerse público mientras la actuación sobre El Lirio está bajo la lupa judicial.