La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia sabe desde 2020, hace casi seis años, que suelos agrícolas del Campo de Cartagena están contaminados por metales pesados y ha preferido ocultarlo.
Existe un segundo informe, al que ha tenido acceso RRNEWS, que muestra concentraciones de plomo de 1000 mg/kg de tierra en zonas agrícolas del Campo de Cartagena cuando el nivel de referencia legal no debería superar los 100 mg/kg de tierra.
El proyecto fue impulsado por la entonces Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y adjudicado el 1 de junio de 2020 a la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U., con sede en Bilbao. El importe del contrato ascendió a 251.165,75 euros (IVA incluido) y estaba cofinanciado en un 80 % con fondos europeos FEDER.
Es decir, ya son dos los informes (uno realizado por IDOM y otro por la UPCT) que oculta el Gobierno regional de forma deliberada que acreditan altas concentraciones de metales pesados en zonas de cultivo sin que haya adoptada medidas.
El documento, finalizado en noviembre de 2020, analizó la distribución de elementos tóxicos en el territorio murciano y confirmó la existencia de concentraciones elevadas de plomo, zinc, cadmio y arsénico en el entorno del Campo de Cartagena, una de las principales zonas agrícolas de la región.
El estudio se titula “Determinación de niveles de fondo y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos” y fue elaborado por encargo de la Dirección General de Medio Ambiente dentro de un proyecto financiado con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
El estudio se basó en una campaña de muestreo de más de 550 muestras de suelo distribuidas por toda la Región de Murcia, analizadas por un laboratorio acreditado para detectar la presencia de distintos metales pesados y elementos traza.
A pesar de la relevancia de sus resultados, el informe no fue difundido públicamente tras su finalización y ha permanecido durante años oculto dentro de un cajón.
Mapas que señalan anomalías en el Campo de Cartagena
El estudio incluye mapas geoquímicos que muestran la distribución de distintos metales en el suelo regional. En ellos se detectan anomalías especialmente significativas en el área de Cartagena, La Unión y el Campo de Cartagena, zonas marcadas históricamente por la actividad minera.
En el caso del plomo, el documento señala que los valores habituales en la región se sitúan entre 100 y 200 miligramos por kilogramo, pero advierte de que en el área de La Unión–Cartagena se registran concentraciones que pueden superar los 1.000 mg/kg.
El patrón se repite con el zinc, cuyas concentraciones suelen mantenerse por debajo de 100 mg/kg, aunque el informe identifica valores que superan los 600 mg/kg en zonas de Cartagena, La Unión y Águilas.
También el cadmio, uno de los metales más tóxicos para los ecosistemas, presenta anomalías relevantes. Mientras que en la mayor parte de la región los valores no superan 0,8 mg/kg, el estudio señala que en el entorno de Cartagena y La Unión se alcanzan concentraciones que pueden llegar a los 6 mg/kg.
En cuanto al arsénico, los contenidos regionales suelen situarse por debajo de 12 mg/kg, pero el informe detecta valores que superan los 52 mg/kg en la franja minera de Cartagena–La Unión.
Una de las principales zonas agrícolas del país
El Campo de Cartagena constituye una extensa llanura litoral formada por sedimentos aluviales y marinos que alberga una de las áreas agrícolas más intensivas del sureste peninsular.
Los mapas del estudio sitúan esta llanura agrícola dentro de la zona donde aparecen las principales anomalías de metales pesados asociadas al histórico distrito minero de la Sierra de Cartagena-La Unión.
Aunque el informe no identifica parcelas concretas contaminadas, sí pone de manifiesto que las concentraciones más elevadas de metales pesados de toda la región se concentran precisamente en el entorno geográfico del Campo de Cartagena.
Un documento que nunca se presentó públicamente
El objetivo oficial del estudio era establecer los llamados niveles de fondo de metales pesados en los suelos murcianos, es decir, las concentraciones naturales presentes en el terreno.
Según los resultados, los valores medios regionales se sitúan en torno a 5,6 mg/kg para el arsénico, 0,3 mg/kg para el cadmio, 13 mg/kg para el plomo y 26 mg/kg para el zinc.
Estos datos sirven para calcular los Niveles Genéricos de Referencia, los umbrales a partir de los cuales la administración debe investigar un suelo por posible contaminación de acuerdo con el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados.
Sin embargo, pese a que el estudio identifica áreas con concentraciones anómalas de metales pesados en una de las zonas agrícolas más importantes del país, el informe ha permanecido oculto durante años y no consta que el gobierno regional, con competencias en materia de sanidad, medio ambiente y agricultura, haya adoptado medida alguna.
La Fiscalía Europea ha recibido una denuncia
La Fiscalía Europea (EPPO) ha recibido una denuncia, a la que ha tenido acceso RRNEWS, relacionada con citado estudio encargado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para analizar la presencia de metales pesados en los suelos regionales.
El núcleo de la denuncia no cuestiona la existencia del contrato, sino la falta de acceso a los resultados finales del proyecto, pese a tratarse de información ambiental financiada con fondos públicos y europeos.
Según el escrito remitido a la Fiscalía Europea, desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2026 se han presentado múltiples solicitudes formales para acceder a la documentación final del estudio, entre ellas peticiones registradas por ciudadanos y colectivos sociales a través de portal de transparencia. Todas ellas habrían sido desatendidas o respondidas mediante silencio administrativo, lo que ha impedido conocer los resultados completos del trabajo.
Los denunciantes sostienen que esa opacidad resulta especialmente significativa porque el contrato no contemplaba únicamente un estudio técnico, sino también la creación de herramientas digitales y bases de datos destinadas a gestionar la información sobre contaminación del suelo. Nada de eso existe.
De acuerdo con el contenido de la denuncia, el contrato incluía varios entregables principales que debían materializarse al finalizar el proyecto:
- un inventario de suelos y emplazamientos potencialmente contaminados
- bases de datos y cartografía asociada
- una aplicación web con visor geográfico (SIG) para consultar información
- una aplicación móvil vinculada a esa plataforma
- y la documentación final del proyecto, incluidos informes de seguimiento y un documento de síntesis para difusión pública.
Sin embargo, según el escrito remitido a la Fiscalía Europea, no se ha localizado públicamente ninguna plataforma operativa ni acceso institucional a esas herramientas, ni tampoco material divulgativo o documentación final disponible en los canales habituales de la administración regional.
Posible impacto en fondos europeos
La denuncia plantea que, si el contrato hubiera sido certificado o pagado con cargo a fondos europeos sin que los productos previstos estuvieran realmente ejecutados o implantados, podría existir un riesgo de gasto no elegible con cargo al presupuesto de la Unión Europea.
En concreto, el proyecto estaba financiado en un 80 % con fondos FEDER, lo que supone que aproximadamente 200.000 euros procedían de financiación europea.
Por este motivo, los denunciantes solicitan a la Fiscalía Europea que investigue la correspondencia entre los hitos certificados y los pagos realizados por el contrato y la existencia real de los entregables previstos, incluyendo la aplicación web, la base de datos de suelos y la documentación final del proyecto.
Un informe clave sobre la calidad del suelo
El estudio objeto de la denuncia tenía como finalidad establecer los llamados niveles de fondo y niveles genéricos de referencia de metales pesados en los suelos de la Región de Murcia, una herramienta clave para determinar cuándo un terreno puede considerarse contaminado de acuerdo con el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados.
Además de ese análisis geoquímico, el proyecto debía servir para crear un sistema regional de información sobre suelos contaminados, incluyendo cartografía y herramientas digitales para su consulta.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Europea abre ahora la puerta a investigar si los productos financiados con fondos públicos y europeos fueron realmente ejecutados, entregados y puestos en funcionamiento, o si, por el contrario, permanecen sin implantación efectiva y sin acceso público varios años después de su finalización prevista.