La Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia reconoce la gravedad del problema ambiental y de salud pública que representan las balsas de ZINCSA en Cartagena, pero traslada la responsabilidad a la empresa Cartagena Parque, actual propietaria de los terrenos.
Así lo recoge el informe con el que el Gobierno de López Miras responde al auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena que el pasado mes de agosto ordenó a la CARM el sellado inmediato de las balsas de Zincsa ante el grave riesgo para la salud y el medio ambiente que suponen y tras hallar cantidades críticas de metales pesados.
En ese informe, al que ha tenido acceso RRNEWS, la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia solicita acciones urgentes para abordar la descontaminación de los terrenos ocupados por la extinta factoría Española del Zinc. Entre las medidas necesarias la CARM señala el sellado inmediato de vertederos, la retirada de residuos a la intemperie y la implementación de sistemas para evitar la contaminación de aguas de escorrentía. Sin embargo, el director general de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata, subraya que «estas medidas dependen de la aprobación de un proyecto técnico, cuya responsabilidad recae en la empresa Cartagena Parque, de Tomás Olivo, actual propietaria de los terrenos».
“Nuestra prioridad es eliminar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, devolviendo estos terrenos a la ciudad en condiciones seguras y utilizables”, afirma Mata en el informe remitido al juzgado tras años de clamorosa inacción por parte de la Administración regional que podría haber ejecutado las medidas de descontaminación de manera subsidiaria. Dieciséis años han pasado desde que esos suelos fueron declarados contaminados.
Mientras tanto, Cartagena Parque S.A., como propietaria del terreno, insiste en que cualquier acción requiere de la aprobación de un proyecto por parte de las autoridades competentes.
Lo único que la mercantil Cartagena Parque parece dispuesta a realizar es el vaciado de la balsa número 15 según recoge el periódico La Verdad. Así se lo habría comunicado a la Comunidad Autónoma. Los trabajos comenzarían en junio.
Según la legislación, si los responsables no cumplen con las obligaciones de descontaminación, la administración puede actuar subsidiariamente para proteger la salud pública y el medioambiente, recuperando posteriormente los costes.
Informes contundentes de la Guardia Civil
Los agentes de la Guardia Civil vienen señalando de manera reiterada en sus informes la gravedad del daño ambiental y para la salud pública que suponen esas balsas. El pasado mes de noviembre una pericial cifró en 8,4 millones el daño ambiental causado por las balsas de Zincsa.
También destacan en sus informes la clamorosa inacción por parte del Gobierno regional con competencias exclusivas en la materia sabiendo que la prevalencia de cáncer es 5,41 veces mayor en Torreciega que en el resto de la región de Murcia. La balsas de zincsa son sinónimo de veneno en el agua y en el aire. Se han hallado concentraciones de arsénico cinco millones por encima de los valores legalmente permitidos.
Reconocimiento del problema desde 2009
En 2009, la CARM declaró los terrenos como suelo contaminado debido a la presencia de residuos peligrosos, incluidos metales pesados y posibles residuos radioactivos. Este reconocimiento formal fue un paso importante para identificar el problema, pero desde entonces, los avances han sido escasos.
Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) emitidas en 1999 y 2002, así como la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de 2009, según la CARM, han perdido su vigencia debido a la falta de ejecución de las medidas necesarias. La inacción de los responsables y la ausencia de una intervención decidida por parte de la administración regional han perpetuado una situación que pone en riesgo la salud pública y el medioambiente.
Exigencias judiciales y retrasos administrativos
El 20 de agosto de 2024, el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ordenó medidas cautelares urgentes, incluyendo el sellado inmediato de los vertederos y la retirada de los residuos peligrosos. Estas medidas están respaldadas por el Real Decreto 646/2020, que regula la eliminación de residuos mediante vertederos. Sin embargo, la CARM ha condicionado su ejecución a la presentación de un proyecto técnico por parte de Cartagena Parque, actual propietaria de los terrenos.
Críticas por inacción
A pesar de contar con competencias claras para liderar la gestión de suelos contaminados, la CARM no ha adoptado medidas subsidiarias para garantizar la descontaminación. Según la normativa vigente, la administración podría actuar directamente en casos de incumplimiento por parte de los responsables, recuperando posteriormente los costes. Sin embargo, esta opción no ha sido considerada.
Las acciones provisionales implementadas, como el vallado de estructuras y la identificación de residuos, son insuficientes para abordar un problema de esta magnitud. Mientras tanto, los residuos peligrosos permanecen expuestos, con el consiguiente riesgo de filtración a aguas subterráneas y superficiales.
Impacto ambiental y social
La contaminación de estos terrenos representa una amenaza significativa para el medioambiente y la salud de la población local. Los informes técnicos destacan la presencia de metales pesados en las aguas de escorrentía y advierten sobre la posible existencia de residuos radioactivos.
La CARM no puede alegar desconocimiento puesto que en 2009 declaró los suelos contaminados y en 2010 emitió un resolución instando a la empresa Española del Zinc a adoptar medidas inmediatas para evitar el riesgos medioambientales y para la salud pública. La empresa Española del Zinc hizo caso omiso como posteriormente ha hecho caso omiso la empresa Cartagena Parque S.L. Sorprende ver qué medidas exigía la CARM en 2010 y dieciséis años más tarde todo sigue prácticamente igual porque nada se ha hecho.
Inacción clamorosa
La inacción de la CARM ha prolongado innecesariamente una situación de grave riesgo medioambiental. A pesar de contar con un marco legal que permite actuar subsidiariamente y liderar la resolución del problema, la administración parece haberse limitado a trasladar responsabilidades a los propietarios actuales.