El legado contaminante de las balsas de residuos de Española del Zinc (Zinsa) en Cartagena y la inacción de la Comunidad Autónoma se han convertido en una bomba de relojería contra la salud de los habitantes de Torreciega y otras zonas cercanas.
Una pericial de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha destapado la gravedad de la contaminación generada por las balsas de residuos peligrosos de Española del Zinc (Zinsa) en Cartagena. La situación, calificada de crítica, refleja un daño ambiental cifrado en 8,4 millones de euros y destaca los riesgos significativos para la salud pública y el medio ambiente debido a la dispersión de partículas enriquecidas con metales pesados.
El informe pericial, solicitado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, no deja dudas sobre la urgencia de actuar. Según los especialistas, los residuos tóxicos deben ser retirados «con carácter urgente» para reducir el riesgo a un nivel admisible, ya que las balsas, ubicadas sobre un acuífero vulnerable, representan una amenaza directa para la población local, la fauna protegida y los objetivos de conservación del Mar Menor.
A pesar de las repetidas advertencias, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aún no ha procedido al sellado y descontaminación de los terrenos, perpetuando un estado de abandono que agrava el problema y contraviene la normativa vigente.
«La emisión de material particulado enriquecido en metales pesados en la fracción respirable supone un riesgo significativo para la salud de las personas y el medio ambiente» dice la UCOMA.
No es el primer informe de los especialistas de la Guardia Civil alertando de peligro, tampoco es el primer informe que los vecinos de Torreciega aportan al juzgado, sin embargo, el Gobierno regional de López Miras sigue sin proceder al sellado de las balsas y a la descontaminación de los terrenos.
«Las balsas de residuos peligrosos, cuya composición revela una elevada toxicidad, ubicadas en terreno permeable sobre un acuífero le confieren a este una muy alta vulnerabilidad frente a la contaminación y entrañan un alto riesgo para el medio ambiente y salud de las personas. También suponen una amenaza directa para el logro de los objetivos medioambientales establecidos para proteger el delicado ecosistema del Mar Menor» advierte el informe pericial al que ha tenido acceso RRNews.
Además, «la situación de abandono de las balsas de residuos peligrosos contraviene la normativa vigente y ha sido causa de un daño medioambiental continuado que se verá agravado de perpetuarse la situación» señala la pericial.
El informe se une al expediente judicial a instancias de la Asociación de Vecinos de Torreciega, representada por José Manuel Muñoz Ortín, quien ha liderado las denuncias sobre la situación medioambiental de nueve balsas de Zinsa ubicadas en el polígono industrial de Cabezo Beaza donde se ubicaba la empresa Española del Zinc y cuyas instalaciones fueron desmanteladas en 2008.
Las nueve balsas abandonadas ocupan una superficie de 25.938 m2, carecen de impermeabilización y se encuentran en total estado de abandono «contando algunas de ellas con liquido de forma estacional debido al estancamiento en las mismas de agua de lluvia que acaba filtrando lixiviados al suelo».
Las analíticas del contenido de las balsas ponen de manifiesto la naturaleza tóxica y corrosiva de los lixiviados. «Esta toxicidad asociada a los valores de pH, nitritos y metales en disolución supone un peligro para el medio ambiente y la salud de las personas» advierte el informe pericial.
Por otra parte, los elevados niveles de nitratos y conductividad presentes en los lixiviados pueden contribuir muy negativamente a la calidad de las aguas subterráneas declaradas sensibles a nitratos y en estado químico vulnerable de producirse filtraciones. Un litro de lixiviado presente en una de estas balsas tienen capacidad para contaminar más de 25 millones de litros de agua potable.
Afección a la avifauna
Asimismo, el almacenamiento de residuos extremadamente ácidos a la intemperie supone un riesgo especialmente para las aves. En los últimos cinco años, se ha registrado la muerte de 11 especímenes de avifauna, algunos de ellos especialmente protegidos. Cabe destacar que las últimos 6 muertes se produjeron posteriormente a la instalación del cañón espantapájaros, lo que pone de manifiesto la falta de efectividad de la medida preventiva.
Afectación a la salud
En cuanto a la afección a la salud de las personas, el informe pericial no deja lugar a dudas teniendo en cuenta que en Cartagena el viento sopla de componente Este de manera predominante y que las sustancias tóxicas son transportadas mayoritariamente por el viento hacia el núcleo urbano de Torreciega «exponiendo al a población a la inmisión de material particulados enriquecido con metales pesados». Los agentes añaden «la naturaleza de la composición metálica de esta materia particulada agrava su toxicidad ya que, además de penetrar en los pulmones puede causar daño a los tejidos, estos metales pueden ser absorbidos por el cuerpo y causar daño a los órganos y sistemas internos».
Dejación de la CARM
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) tiene la responsabilidad de garantizar la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Los terrenos en los que se ubican las balsas contaminadas son propiedad del promotor Tomás Olivo que en noviembre de 2019, tras la aparición de aves muertas, se ofreció a vallar los terrenos contaminados de Española del Zinc.
El empresario cartagenero desembolsó 1,5 millones de euros para hacerse con la parcela de Española del Zinc en una subasta judicial, tras quebrar la inmobiliaria Quorum, que era propietaria de los terrenos. Olivo tenía la obligación expresa de descontaminar los terrenos que cuentan con una superficie de 480.466 metros cuadrados.
En noviembre de 2019, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió investigar la muerte de aves protegidas en las balsas de ácido sulfúrico de Zinsa en Cartagena tras la difusión de un vídeo por parte del investigador José Matías Peñas.
El científico, visiblemente indignado, invitó entonces al consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo a meter la mano en las balsas que se había convertido en una trampa mortal para decenas de aves protegidas.
Dos años más tarde, en noviembre de 2021, la Fiscalía advirtió de que la muerte de aves en las balsas de Zinsa era sólo «la punta de iceberg de una auténtica bomba de relojería contra el Medio Ambiente».
Enquistado en los juzgados
El sellado «inmediato» de las antiguas balsas de residuos peligrosos de Española del Zinc (Zinsa), ordenado el pasado mes de agosto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, se enreda en tribunales.
La empresa Cartagena Parque, propietaria de los depósitos y del terreno donde se ubican, ha presentado un escrito de alegaciones solicitando al juez Ignacio Munítiz que aclare si debe esperar a que la Comunidad Autónoma apruebe el proyecto de remediación de la finca, aún pendiente de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, o si está obligada a realizar las obras sin la correspondiente autorización. Además, Cartagena Parque pide precisión sobre cuáles de las celdas son consideradas peligrosas.
La Asociación de Vecinos de Torreciega, que actúa como acusación particular en un caso por presunto delito contra el medio ambiente, ha informado al juez que las recientes lluvias han generado nuevos lixiviados con metales pesados, los cuales terminan en el puerto y ponen en peligro la vida de aves acuáticas protegidas que beben agua en las balsas.
El abogado José Manuel Muñoz Ortín ha solicitado al magistrado que ordene «la ejecución inmediata, con un plazo claro», del sellado de las balsas, y que, en caso de inacción por parte de los propietarios, sea la Comunidad Autónoma quien lo lleve a cabo de forma subsidiaria.
El pasado mes de febrero, los vecinos de Torreciega aportaron al juez un estudio científico realizado por la Universidad de Limoges que demuestra la presencia de «concentraciones extremadamente altas e inadmisibles de cadmio» en muestras de polvo recogidas en viviendas, mobiliario urbano y zonas ajardinadas del entorno.
El informe del UCOMA exige medidas inmediatas: el sellado y la remediación urgente de las balsas para garantizar que el daño a las personas y al medio ambiente no se convierta en una crisis irreversible. La inacción ya no es una opción. La salud de una comunidad entera está en juego.
