La denuncia presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho de la que forma parte el abogado murciano, José Luis Mazón, ha derivado en la apertura de diligencias procesales penales contra el Ayuntamiento de San Javier por presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de la defensa legal del contrato Aqualia al abogado Salvador Pérez por importe de 145.000 euros. Así lo estima el fiscal de Cartagena, David Campayo.
El pasado mes de abril, el abogado José Luis Mazón, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Región de Murcia por la comisión de un “posible delito de de prevaricación del art 404CP, por irregularidades en adjudicación de contrato público y por fraccionamiento de contrato de defensa jurídica con foto robot del adjudicatario“.
“Queda claro que el ayuntamiento de San Javier comete un delito de libro al efectuar una licitación burlando todas las normas legales para darle el encargo de 160.000 euros a un abogado de la familia del PP, el partido en el gobierno” expuso Mazón en su denuncia ante Fiscalía.
Y es que el consistorio ribereño, cuyo alcalde es José Miguel Luengo, adjudicó a dedo al abogado Salvador Pérez, un contrato menor de casi 18.000 euros para la interposición de un recurso y al poco tiempo sacó a licitación la defensa legal del caso Aqualia por un valor estimado de 229.900 euros que acabó ganando el mismo abogado, Salvador Pérez, por importe de 145.000 euros IVA incluido. El citado abogado es miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y la pasada legislatura fue asesor del grupo parlamentario VOX.
La defensa legal de Aqualia socava las arcas públicas de San Javier
El Ayuntamiento de San Javier decidió recurrir la suspensión del contrato adjudicado a Aqualia por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ante las evidentes y clamorosas irregularidades pese a que ya lo había recurrido la propia empresa. Y no solo eso, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, no ha dudado en gastar 145.000 euros de dinero público para contratar los servicios de un abogado pese a que el Ayuntamiento de San Javier ya tiene contratada la defensa letrada de los asuntos municipales con la empresa Decisio Consulting SL, una empresa con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en ámbitos relacionados con el Sector Público y plenamente capacitada.
¿Un concurso amañado?
¿Estamos ante un concurso amañado con retrato robot del adjudicatario como denuncia el abogado Mazón? Eso es lo que ahora ha decidido investigar la Fiscalía al abrir diligencias penales. Y es que el Ayuntamiento de San Javier incluyó entre los criterios de puntuación del concurso la experiencia docente en universidad y la publicación de libros o artículos doctrinales. Tales requisitos hicieron sospechar que se trataba de un «concurso público diseñado a medida» del abogado Salvador Pérez como la realidad de los hechos parece haber demostrado. Los criterios de adjudicación tenían un gran parecido con el currículum de Salvador Pérez.
La adjudicación se resolvió el pasado 26 de junio, pero portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de San Javier, Pedro Gorriz, ya había adelantado en el Pleno municipal del mes de abril que tal y como estaba redactado el concurso público, el contrato se lo llevaría el abogado Salvador Pérez como así ha sucedido. “Al final acertamos en nuestras sospechas acerca del contrato para la defensa legal del caso Aqualia” declaró el portavoz del grupo municipal socialista, Pedro Górriz tras resolverse la adjudicación.
El desempate
Al concurso público se presentaron seis licitadores. Y como era de prever el despacho de Salvador Pérez obtuvo la mayor puntuación, solo que empatado a puntos, 135, con el bufete madrileño Cazorla Abogados S.L.P.
¿Qué hizo entonces el Ayuntamiento de San Javier? El consistorio ribereño desempató invocando el artículo 147.2, apartado c, de la Ley de Contratos del Sector Público que valora el mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. Criterio que no figuraba en el pliego inicial.
De nada sirvió que el despacho madrileño certificara que disponía de un protocolo para promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres y de un protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso pro razón de sexo.
Sin embargo, al abogado Salvador Pérez, finalmente ganador de la adjudicación, le bastó con decir que en su empresa «se habían adoptado tradicionalmente medidas que favorecen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» y que la totalidad de la plantilla estaba constituida por tres mujeres con contrato indefinido y a jornada completa.
La Fiscalía de Cartagena, tras examinar la denuncia presentada por Mazón, ha decidido abrir diligencias procesales penales de investigación contra el Ayuntamiento de San Javier por presunta prevaricación administrativa ante un concurso público y posterior adjudicación presuntamente amañados de manera tan descarada y burda.
