El Ayuntamiento de San Javier está dispuesto a gastar 229.000 euros en un despacho de abogados para la defensa legal del contrato del servicio de agua y alcantarillado adjudicado a la empresa Aqualia. Y piensa gastar todo ese dinero del contribuyente pese a que ya tiene contratada la defensa letrada de los asuntos municipales con la empresa Decisio Consulting SL, una empresa con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en ámbitos relacionados con el Sector Público y plenamente capacitada.
Como informó RRNews, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) suspendió cautelarmente el contrato otorgado el pasado mes de octubre a la empresa Aqualia por casi 250 millones de euros para los próximos 20 años tras los recursos presentados por varias de las empresas licitantes.
El Ayuntamiento de San Javier ha decidido recurrir la citada suspensión del contrato por parte del TARC que ya ha recurrido la empresa Aqualia. Para el Ayuntamiento de San Javier no existe «caso alguno» y considera plenamente justificada la contratación de nuevos abogados.
Según la memoria justificativa de la licitación pública, el valor estimado del contrato es de 229.900 euros: 193.600 euros para la defensa del recurso en primera instancia y otros 36.300 euros para la “posible interposición y defensa del recurso de casación”. Es decir, el Ayuntamiento de San Javier recurre la suspensión del contrato de agua previendo que puede perder el recurso y el dinero de los contribuyentes.
¿Un concurso diseñado ad hoc?
Por otra parte, resulta llamativo que el Ayuntamiento de San Javier haya incluido entre los criterios de puntuación del concurso la experiencia docente en universidad y la publicación de libros o artículos doctrinales. Tales requisitos hace sospechar que se trate de un «concurso público diseñado a medida».
Contrato menor «a dedo»
El Ayuntamiento de San Javier, cuyo alcalde también es el secretario general del PP, no solo ha sacado a licitación pública la contratación de un nuevo despacho de abogados para la defensa legal del contrato adjudicado a Aqualia de forma presuntamente irregular, también ha contratado «a dedo» los servicios del abogado Salvador Pérez Alcaraz para la presentación de un recurso inicial ante el TSJ de la Región de Murcia en el que pide como medida cautelar que anule la suspensión del contrato de agua potable y alcantarillado dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha adjudicado sin concurrencia ni transparencia un contrato menor por valor de 14.800 euros más IVA (17.908 euros), justo al límite legal de este tipo de contratación, cuyo beneficiario, el abogado Salvador Pérez Alcaraz que es miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y la pasada legislatura fue asesor del grupo parlamentario VOX en la Asamblea Regional.
El PSOE de San Javier en contra de la contratación de un nuevo bufete
Los socialistas señalan que «gastar un cuarto de millón de euros para ser escuderos de una millonaria empresa de agua supone socavar las arcas públicas».
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Gorriz, recuerda que “el único responsable de la paralización cautelar del contrato es el Equipo de Gobierno del Partido Popular, que ahora intenta esta huida hacia delante en lugar de reconocer los propios errores”.
“Es un movimiento extraño por parte de la administración Luengo, que además de ser innecesario, va a costar a los vecinos de San Javier un total de 250.000, de momento” dice.
Asimismo, Gorriz llama la atención sobre los criterios de adjudicación del nuevo contrato de asistencia letrada «porque limitan y cierran las puertas a muchos profesionales de la abogacía con décadas de experiencia, aunque no hayan dado clase en la universidad».
Gorriz cree que el Ayuntamiento de San Javier podría estar intentando favorecer al abogado, Salvador Pérez Alcaraz, a quien recientemente ha adjudicado «a dedo» un contrato por valor de casi 18.000 euros para cuestiones relacionadas con el mismo asunto de Aqualia.
