El Gobierno regional de López Miras no quiere que la ciudadanía conozca cuánto dinero gasta en publicidad institucional ni con qué medios de comunicación contrata y por eso ha eliminado del registro público del ITREM más de cien contratos contratos menores realizados desde enero de 2024 mediante adjudicación directa.
Actualmente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sólo pueden considerarse menores aquellos contratos de servicios cuyo importe sea inferior a 15.000 euros IVA excluido, aquellos contratos de suministro cuyo importe sea inferior a 15.000 euros IVA excluido, y aquellos contratos de obras cuyo importe sea inferior a 40.000,00 euros IVA excluido.
En RRNews hemos podido comprobar que el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ha eliminado de su página web más de 100 contratos menores con medios de comunicación por importe de 189.100 euros firmados durante el primer trimestre de este año 2024.
La mayoría de contratos eliminados corresponden a gastos en publicidad en medios afines a la derecha y la extrema derecha realizados con cargo al Plan Nacional y Regional de Medios. Se trata de contratos de publicidad realizados con Voz Populi, 13TV, OK Diario, El Independiente, Es Radio, Es Diario, El Debate, Libertad Digital, Religión en Libertad o con la revista Hola.
El pasado 11 de marzo, RRNews informó de que durante los meses de enero y febrero de 2024, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ya había repartido 373.000 euros a medios de comunicación nacionales, regionales y locales mediante contratos menores.
Entre los contratos menores de publicidad realizados por el ITREM figuraba uno de 3000,80 euros para la Fundación Evangelización para el siglo XXI de activistas católicos vinculada a VOX. El concepto del contrato menor que ya no podemos encontrar en el listado del ITREM porque lo han eliminado era «Publicidad: Religión en Libertad». Se trata de un medo digital que pontifica contra el aborto y la Agenda 2030 por considerar que «pretende disminuir la natalidad». En ese portal publican artículos donde consideran el calentamiento global como «un veneno con el que el anticristo está seduciendo actualmente a nuestros hijos».
El borrado de contratos menores con medios de comunicación por parte del Gobierno regional es grave dado que planea gastar este año 3,8 millones de euros en publicidad institucional y el mayor presupuesto corresponde, precisamente, a las campañas del Instituto de Turismo (ITREM), con un total de 3.050.000 euros, destacando la destinada a la promoción del Año Jubilar de Caravaca.
Por otra parte, cabe preguntarse cuántos más contratos menores oculta el Ejecutivo cuando está obligado legalmente a publicar trimestralmente todos los contratos menores que realiza.
El Gobierno de López Miras está gastando grandes sumas de dinero público en medios de comunicación para la realización de campañas de publicidad y marketing sin conocer qué efecto producen en la población o si los medios de comunicación contratados son los idóneos. No hay indicadores de evaluación.
Más de 18.000 euros a la Razón
El pasado 20 de marzo, el Teatro Romea de Murcia albergó la gala de entrega de los I Premios La Razón por los que el Gobierno regional ha pagado 18.395 euros mediante un contrato menor. Entre otros galardonados, la Fundación Caravaca Jubilar, la UCAM o el Ayuntamiento de Cartagena que patrocinó con otros 6.000 euros.
Planificación sesgada para beneficiar a medios afines
Desde la Fundación Hay Derecho advierten de que nos encontramos ante un tema nuclear en términos de calidad democrática por cuanto puede afectar a la pluralidad de voces existentes en la esfera pública. «No en vano son abundantes las evidencias de una planificación sesgada de las campañas de publicidad institucional para beneficiar a medios afines, y también son bastantes las quejas por falta de transparencia en los procesos de planificación y contratación».
Tal es así que la Comisión Europea contempla ambas cuestiones como una de las prioridades de la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, un reglamento en proceso de tramitación.
