Durante los meses de enero y febrero de 2024, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) ya ha repartido 373.000 euros a medios de comunicación nacionales, regionales y locales. Todoso son contratos menores de publicidad.
Entre los medios locales están Murcia Plaza, Murcia Economía, Murcia Noticias, Popular TV, Televisión Murciana, Telecartagena, Telecaravaca, 7 días Yecla, Canal 1 Mar Menor, Comarcal TV, TeleYecla o La Tribunal del Noroeste.
Y luego están medios nacionales como El Español de Pedro J. Ramírez, OK Diario, Voz Populi, 13 TV, El Independiente, 20 minutos, Es Radio, El Debate, Libertad Digital, Cope, Onda Cero, la revista HOLA, El País y Cadena SER, entre otros.
También hay dinero, 17.545 euros, para el programa Oro Molío de la 7 del que no hay datos oficiales de audiencia. Y el año solo acaba de empezar.
Son contratos que, por razón de su cuantía, pueden adjudicarse directamente a cualquier contratista con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, requiriéndose únicamente para su tramitación la autorización del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
3000 euros en publicidad para una fundación ultracatólica
Entre los contratos menores de publicidad realizados por el ITREM figura uno de 3000,80 euros para la Fundación Evangelización para el siglo XXI de activistas católicos vinculada a VOX. El concepto del contrato es «Publicidad: Religión en Libertad» donde pontifican contra el aborto y la Agenda 2030 por considerar que «pretende disminuir la natalidad». En ese portal publican artículos donde consideran el calentamiento global como «un veneno con el que el anticristo está seduciendo actualmente a nuestros hijos». También entrevistan a un satanista que acabó siendo sacerdote. «De las garras del demonio pasó a las manos de Dios hasta llegar a enamorarse hasta tal punto que acabaría siendo sacerdote».
Sin informes de evaluación
Se desconoce la efectividad de las campañas publicitarias que contrata el Gobierno regional porque está incumpliendo la Ley 13/2018, de 29 de noviembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. No está elaborando los informes de evaluación anual de las campañas de comunicación y publicidad institucional con detalle de los indicadores de efectividad de las campañas contratadas.
La respuesta de la directora general de Comunicación, Mar Conesa, a una petición de información sobre las campañas publicitarias realizadas en 2021 y 2022 no puede ser más elocuente: «los informes de evaluación anual de comunicación y publicidad institucional de 2021 y 2022 se realizará una vez completados los trabajos para su realización». Es decir, que no hay informes, no hay nada.
Estos indicadores son necesarios para poder valorar adecuadamente a qué medios y en qué formatos invertir el dinero público destinado a la publicidad institucional. Se trata, al fin y al cabo, de dinero público.
El Gobierno de López Miras está gastando grandes sumas de dinero público en medios de comunicación para la realización de campañas de publicidad y marketing sin conocer qué efecto producen en la población o si los medios de comunicación contratados son los idóneos. No hay indicadores.
Estos son solo algunos de los contratos menores de publicidad institucional adjudicados por el ITREM durante los meses de enero y febrero de 2024:
Pidieron la dimisión del consejero Ortuño
El pasado 14 de febrero los grupos políticos en la oposición pidieron la dimisión del consejero Marcos Ortuño por incumplir la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional de la Región de Murcia tras conocerse que el Gobierno regional adjudicó semanas antes de las elecciones autonómicas más de 500.000 euros en contratos de publicidad a cuatro grandes medios de comunicación a través del ITREM.
«Sería muy grave que el Partido Popular esté usando el pago de publicidad institucional para coaccionar e intentar tener, de alguna manera, atados a los medios de comunicación» dicen desde el PSOE.
Planificación sesgada para beneficiar a medios afines
Desde la Fundación Hay Derecho advierten de que nos encontramos ante un tema nuclear en términos de calidad democrática por cuanto puede afectar a la pluralidad de voces existentes en la esfera pública. «No en vano son abundantes las evidencias de una planificación sesgada de las campañas de publicidad institucional para beneficiar a medios afines, y también son bastantes las quejas por falta de transparencia en los procesos de planificación y contratación».
Tal es así que la Comisión Europea contempla ambas cuestiones como una de las prioridades de la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, un reglamento en proceso de tramitación.
