El Ayuntamiento de Murcia conocía desde 2018 que las salidas de emergencia de las discotecas Teatre y Fonda Milagros estaban bloqueadas, pero nadie avisó al Servicio de Prevención de incendios municipal. Y aun así, el Ayuntamiento de Murcia ha remitido a la juez un informe en el que asegura que desde noviembre de 2008 que se solicitó la licencia de discoteca con cocina hasta hoy, no constan informes que pongan de manifiesto que las instalaciones existentes podían poner en riesgo la seguridad y salud de las personas.
Estas imágenes, a las que ha tenido acceso RRNews, fueron tomadas por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Murcia el 3 de octubre de 2023, dos días después de que 13 personas perdieran la vida en el incendio que asoló las discotecas Teatre y La Fonda Milagros de la zona de Atalayas.
Se puede comprobar que la salida de emergencia trasera del local da a un pasillo estrecho, angosto e impracticable al estar bloqueado por cajas, bidones, planchas de metal e, incluso, puertas cerradas con candado.
Según consta en la documentación enviada por el Ayuntamiento de Murcia al juzgado que investiga el caso, los servicios municipales detectaron en marzo de 2018, hace más de cinco años, que las salidas de emergencia eran una ratonera, pero la información, por motivos que se desconocen, nunca llegó al servicio de prevención contra incendios. Y por tanto, no se pidió medida cautelar alguna sobre el cierre del establecimiento.
El inspector del Servicio Técnico de Actividades visitó por primera vez la discoteca con cocina denominada «La Mansión Latina, Teatre» el 7 de marzo de 2018. El inspector acudió al local a las 11.00 de la mañana tras una denuncia de la Policía Local.
El informe técnico constató que las instalaciones no se ajustaban a ninguno de los proyectos autorizados en las distintas licencias, que la salida al corredor de emergencia disponía de un cerramiento con candado y que la zona de evacuación estaba llena de enseres a modo de almacén. Y no solo eso. También constató la existencia de un grupo electrógeno en el pasillo de evacuación. Según consta en el acta, la responsable del establecimiento se limitó a decir sobre las salidas de emergencia «están completamente abiertas cuando la actividad está en funcionamiento».
El inspector subrayó en su informe «la necesidad de dar traslado de estos hechos al servicio competente en materia de protección contra incendios a los efectos oportunos». Pero eso no ocurrió.
Aún siendo una información crucial para garantizar la seguridad de las personas, ésta nunca llegó al Servicio de Prevención de Incendios municipal. Y el expediente administrativo de legalización de la actividad siguió su curso y las discotecas siguieron abiertas y celebrando fiestas.
«No consta que hubiese riesgo para la seguridad de la personas»
Es más, según el informe realizado por el Ayuntamiento de Murcia a los nueve días de la tragedia y aportado a la juez que investiga la muerte de 13 personas por presunto delito de homicidio por imprudencia, es legal mantener abiertos los locales si se presenta en tiempo y forma la documentación para subsanar las deficiencias. Se remite la Directora General de Urbanismo a los artículos 138, 139, 140 y 141 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.
Así justifica el Ayuntamiento de Murcia ante la juez que no se ejecutase la orden de cierre de los locales incendiados de octubre de 2022. Situación que, a los tres días de la tragedia, intentaron explicar en rueda de prensa, con bastante poco acierto, los concejales de urbanismo de los últimos años, Andrés Guerrero y Antonio Navarro Corchón.
Entiende el Ayuntamiento de Murcia que los locales podían estar en funcionamiento aún careciendo de licencia de actividad. Doctrina que, por lo que dicen, «están aplicando en otros 80 expedientes que según datos del Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades se encuentran en la misma situación: en proceso de legalización«.
La Directora del Área de Urbanismo e instructora del informe, fechado el 9 de octubre de 2023, concluye que «no debió comunicarse el 11 de octubre de 2022 al Inspector de Actividades que ejecutara forzosamente la orden de cese, pues ya carecía de virtualidad jurídica» y, por tanto, «la actuación del Inspector de Actividades fue acorde con el protocolo de actuación que se sigue en todas las actuaciones de inspección de actividades».
E insiste en varias ocasiones en el mismo argumento exculpatorio: «En ninguno de los informes técnicos emitidos en el expediente de legalización de las discotecas se pone de manifiesto riesgo para la seguridad y salud de las personas que aconsejen medidas cautelares«.
La única objeción que consta por parte del Servicio de Prevención de incendios es relativa al aforo permitido. Evidentemente, no conocían el estado de las vías de evacuación de las discotecas.
El inspector municipal no regresó a las discotecas Teatre y La Fonda hasta octubre y diciembre de 2020. Al estar en plena pandemia, se trató de una visita concertada con los propietarios. El inspector concluyó que nada había cambiado respecto de su visita en 2018, aunque apreció cambios en los recorridos de evacuación «debiendo ser estudiados por los servicios competentes». Eso recomendó en su informe. Tampoco consta que eso se hiciera.
Un tercer informe de mayo de 2021 volvió a dejar constancia de que las vías de evacuación no reunían condiciones de seguridad puesto que daban a un pasillo posterior lleno de enseres y cerrado con una puerta con candado.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Murcia resuelve que su actuación fue correcta y que no se paralizó la actividad de las discotecas al no haber riesgo para la salud según los informes técnicos, mientras la empresa presentaba la documentación para legalizarla.
No obstante, el informe de la instructora hace constar que «debe aclararse por la Sección de Disciplina de Actividades sino se consideró necesario, y por qué motivo, remitir el informe de la inspección de actividades al Servicio de Prevención de incendios para comprobación«. También considera necesario que alguien aclare en qué supuestos el Servicio de Prevención de incendios efectúa visitas de comprobación de actividades y a instancias de quién.
No había contrato de suministro eléctrico
Ninguna de las discotecas tenía dado de alta ningún contrato de suministro de energía eléctrica como ya informó RRNews. La discoteca Teatre poseía un centro de transformación propiedad de cliente a nombre de La Gintonería, S.L, la cual se dio de baja en el año 2016. Y el pasado 11/10/2023, tras el incendio, Iberdrola realizó una inspección en ambas discotecas y comprobó que no existía ningún enganche a la red central de suministro eléctrico en ambas discotecas y que la discoteca Teatre tenía instalado un grupo electrógeno que podría dar suministro eléctrico a ambas discotecas.
Familias de víctimas consideran «inaceptable» que un local de esa entidad no estuviera enganchado a la red eléctrica sino que utilizara un generador. «Este hecho pudo motivar que la luz despareciera ipso facto, quedándose a oscuras el local sin luz de emergencia que permitiera la orientación para la evacuación, además de que habrá que determinar si el gasóleo acumulado permitió la rápida extensión del fuego.
Hay 80 expedientes de legalización de actividades en funcionamiento
En definitiva, el Ayuntamiento de Murcia detectó en 2018 que la salida trasera de emergencias estaba cegada, pero no lo puso en conocimiento del Servicio de Prevención de Incendios. Siguió adelante con el expediente de cierre por cuestiones administrativas pero no lo ejecutó porque, según dice ahora, la ley faculta no hacerlo cuando la empresa presenta la documentación para legalizar la situación administrativa. Es más, insisten en que el cese decretado en enero de 2022 no era por cuestiones cautelares de riesgo, si no por una cuestión administrativa; y subrayan que la orden de ejecución cese de actividad de octubre de 2022 nunca debió emitirse al carecer de «virtualidad jurídica».
Según consta en el informe, en este momento, hay 80 expedientes de legalización de actividades en funcionamiento porque según la instructora «la actividad se desarrolla, una vez solicitada la legalización, ajustándose a la posibilidad que contempla el artículo 141 de la Ley 4/2009».
Recurren la decisión judicial de no abrir pieza separada contra el Ayuntamiento
Familiares de víctimas en el incendio de las discotecas de Atalayas consideran que «todos estos incumplimientos graves hacen necesaria la apertura de una pieza separada para que investigue la responsabilidad penal administrativa del Ayuntamiento de Murcia» y por ese motivo han presentado recurso de reforma contra la decisión judicial de no abrir pieza separada contra el el Consistorio murciano.
«No puede decirse que el estado de la salida de emergencia no pudiera afectar a la seguridad de las personas, por lo que era evidente que existía una situación de riesgo y peligro que siendo apreciada, no fue objeto de la adopción de medidas. Esta situación de riesgo se ha mantenido en el tiempo con la aquiescencia de los funcionarios competentes» dicen en el recurso al que ha tenido acceso RRNews.
La magistrada explicó que, “respecto de los funcionarios -indeterminados- del Ayuntamiento de Murcia, no existen esas mínimas sospechas que justifique la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa, habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese contribuyó al resultado mortal”.
La instructora también subrayó en su auto que el Ayuntamiento de Murcia había aportado al grupo de homicidios y al juzgado extensa documentación referida a la situación urbanística y administrativa de las discotecas “que pende ser analizada, en especial pericialmente, a los efectos de determinar si concurren sospechas fundadas de que las posibles deficiencias e irregularidades administrativas y urbanísticas tuvieron que ver con el resultado mortal”.
Pero la acusación particular que vuelve a pedir la apertura de pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia ha podido comprobar, y así se lo ha comunicado a la juez, que el Consistorio remitió a la Policía Judicial un voluminoso expediente de 1819 páginas y, sin embargo, ha remitido al juzgado solo una parte de 390 páginas. Es decir, faltan 1429 páginas que no han podido ser analizadas ni por la juez ni por las acusaciones particulares.
Piden la imputación de los concejales Guerrero y Navarro Corchón
Los familiares de varias de las trece víctimas del incendio en Atalayas han exigido la imputación, entre otros, de los concejales de Urbanismo Andrés Francisco Guerrero Martínez (PSOE) y Antonio Navarro Colchón (PP), ambos por no ejecutar la orden de cierre de la sala Teatre. También piden que el alcalde José Ballesta declare en calidad de testigo. Algo que no sentó bien al primer edil puesto que acusó a las víctimas de «moverse judicialmente por dinero.
