La Fiscalía de la Región de Murcia ha decidido archivar la denuncia presentada por varios ciudadanos y colectivos por el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados de Santa Cruz (El Raal). Lo ha hecho mediante un decreto que concluye que los hechos “no constituyen infracción penal”. El Ministerio Público se ha basado esencialmente en la información proporcionada por el Gobierno regional.
La denuncia advertía de que ese cierre podía constituir un ataque a los derechos de los menores extranjeros no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable que se encuentra bajo la tutela de la Administración pública.
Según la denuncia, la medida podía tener motivaciones discriminatorias al dirigirse específicamente contra un centro que acogía a menores migrantes.
Por ello se solicitaba a la Fiscalía que investigara si la decisión de cerrar el centro respondía a criterios políticos o ideológicos contrarios al principio de igualdad y a la protección de la infancia.
La resolución del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso RRNEWS, no entra a valorar el contexto político en el que se produjo el cierre del centro, ni contrasta las declaraciones públicas de dirigentes políticos que habían vinculado esa decisión al acuerdo presupuestario entre Partido Popular y Vox en la Región de Murcia. Tampoco investiga si la clausura fue una condición exigida por Vox para aprobar las cuentas autonómicas de 2025, algo ampliamente divulgado en la Región de Murcia por los medios de comunicación.
El resultado es un archivo que da por buena la versión oficial de la Comunidad Autónoma y que deja fuera del análisis judicial una de las claves del caso: si la decisión de desmantelar el centro respondió a una exigencia política de tinte racista y xenófobo.
Una investigación que se limita a la versión del Gobierno regional
Para investigar los hechos, la Fiscalía solicitó información a la Consejería de Política Social, a la Asamblea Regional y a la Guardia Civil.
Y el decreto de archivo revela que la investigación se limitó básicamente a pedir información a la propia Administración responsable de la decisión de cerrar el centro. La Fiscalía acepta las explicaciones remitidas por el Gobierno regional y concluye que el traslado de los menores respondió a razones técnicas vinculadas a un nuevo modelo de acogida.
Según la Consejería de Política Social, el traslado formaría parte del programa “Moderniza-Acción”, que pretende sustituir grandes centros por recursos más pequeños y con atención más personalizada.
Sin embargo, el propio decreto admite que el centro quedó completamente vacío tras el traslado de los menores, aunque la Fiscalía sostiene que no se produjo un cierre formal sino únicamente un traslado de los residentes a otros recursos del sistema de protección.
La Fiscalía no analiza ni cuestiona ese argumento y obvia que el cierre obedece a una imposición de VOX al PP para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025. Es más, el PP se comprometió públicamente a “cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al Centro de Menores de Santa Cruz antes del inicio del curso escolar 2025-2026”.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no puede acreditarse la relación entre ese acuerdo político y la decisión administrativa de trasladar a los menores.
La razón que ofrece es que la Asamblea Regional informó de que no existía registro formal de ese acuerdo en la Cámara, lo que para la Fiscalía es suficiente para descartar su relevancia penal. Evidentemente, el Ministerio Público no ha solicitado las actas de los plenos en los que los diputados de VOX expusieron claramente sus propósitos.
En la práctica, esto supone que el Ministerio Público da por zanjada la cuestión sin examinar el debate político público ni las declaraciones de los dirigentes que defendieron esa medida.
La Fiscalía parece ser la única que no se ha enterado de lo que ha ocurrido en la política regional en los últimos meses. El pulso de Vox al Gobierno de Fernando López Miras fue creciendo hasta convertirse en un auténtico chantaje político. La presión llegó a tal punto que el Ejecutivo murciano se vio obligado incluso a revocar una orden para la compra de viviendas destinadas a menores tutelados, una medida que formaba parte de las políticas de protección de la Comunidad Autónoma.
La rectificación no fue discreta. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, tuvo que salir públicamente a garantizar que aquello no volvería a ocurrir. “No volverá a suceder”, afirmó tras las advertencias lanzadas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal.
Ese episodio evidenció hasta qué punto Vox estaba condicionando las decisiones del Gobierno regional en materia de menores y políticas sociales. Un contexto político que ha sido ampliamente conocido y debatido en la Región de Murcia, pero que, a tenor del decreto de archivo, la Fiscalía ha decidido ignorar por completo.
Además, el propio informe remitido por la Consejería reconoce que en el entorno del centro se había generado un “clima de hostilidad” hacia los menores, circunstancia que la Administración regional utiliza como uno de los argumentos para justificar su traslado. La Fiscalía recoge esa explicación en su resolución, pero no analiza el origen de esa hostilidad ni el papel que pudieron desempeñar determinados discursos políticos en la creación de ese clima social.
Qué ha pasado con los menores
El decreto también detalla qué ocurrió con los menores que residían en el centro “Rosa Peñas”. En el momento de iniciarse el proceso había 58 menores acogidos en esas instalaciones.
Su destino fue el siguiente: 11 menores fueron trasladados al centro El Aljibe I, en Santomera, el 18 de agosto de 2025. 46 menores fueron derivados al albergue juvenil El Valle, donde permanecieron de forma provisional. 1 joven dejó el sistema de protección al cumplir los 18 años. Posteriormente, los menores alojados en El Valle fueron redistribuidos: 14 menores fueron trasladados al centro El Aljibe II, en Santomera, en diciembre de 2025. 15 menores fueron enviados a un centro en Sangonera la Verde. 8 menores fueron trasladados a un recurso en Zarandona. 9 jóvenes dejaron el sistema de protección tras alcanzar la mayoría de edad entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
El decreto de archivo del Ministerio Público también recoge que el 27 de noviembre de 2025 la fiscal de menores visitó el albergue El Valle para comprobar las condiciones de los menores trasladados. Sin embargo, la el decreto de archivo no detalla las conclusiones de esa visita ni evalúa el impacto que el traslado pudo tener en la vida educativa, social o emocional de los menores.
La Fiscalía no ha analizado las consecuencias educativas, sociales o psicológicas que pudo tener ese traslado colectivo para menores que, en muchos casos, llevaban años residiendo en el centro de Santa Cruz perfectamente integrados. «Les trataron como si fuesen cajas, como si fuesen mercancía» afirma el que fuera coordinador del centro, Alfonso Morillas.
La protesta de Vox y el delito de odio que la Fiscalía descarta
La investigación también examinó la concentración convocada por Vox el 10 de septiembre de 2025 frente al centro de menores con el lema “¡Basta ya! Tu seguridad es nuestra prioridad”.
Según la Guardia Civil, en el acto participaron unas 30 personas y no se registraron incidentes. Los agentes impidieron que los dirigentes de extrema derecha llegasen hasta la misma puerta del centro de menores como era su intención.
Lo que no evitó un discurso absolutamente despreciable donde los dirigentes del partido de extrema derecha volvieron a vincular menores inmigrantes con violaciones de niñas españolas, robos e inseguridad ciudadana. Y volvieron a dar datos rotundamente falsos.
Pero la Fiscalía concluye que el mensaje del acto no constituyó un delito de odio porque el lema no contenía una incitación directa a la violencia o discriminación contra los menores migrantes.
Un archivo sin posibilidad de recurso
El decreto concluye que no existe delito y ordena el archivo de las diligencias. Además, señala que contra esta decisión no cabe recurso, aunque los denunciantes pueden acudir directamente a un juzgado de instrucción si desean continuar el procedimiento.
La Fiscalía ha decidido no mirar más allá de la versión oficial. Y con ese gesto, una decisión política de enorme trascendencia social queda, al menos por ahora, fuera del escrutinio judicial.