Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia para 2025 aún no se han aprobado, pero ya hay una factura humana sobre la mesa: el cierre del centro de menores de Santa Cruz, conocido como hogar Rosapeñas, se ha convertido en condición indispensable para que Vox respalde las cuentas regionales. Lo ha dicho con claridad su presidente regional, José Ángel Antelo, y lo ha asumido el Ejecutivo del PP de Fernando López Miras.
Lo que está en juego no es solo un edificio ni un contrato: son 60 menores tutelados —muchos de ellos migrantes, pero también españoles— y 80 trabajadores que ahora viven bajo el miedo, la incertidumbre y la indignación.
“Una temeridad política y humana”
La Federación de Enseñanza de CCOO en Murcia ha calificado la medida de “temeridad política y humana”. El sindicato recuerda que estos menores no están de paso, sino que algunos llevan años viviendo en el centro, escolarizados en colegios e institutos de la zona, formándose para el empleo o incluso trabajando ya.
Para Nacho Tornel, secretario general de CCOO Enseñanza, esta medida vulnera principios básicos: “Ninguna ideología que exprese falta de humanidad, ensañamiento con el más débil y comercio de intereses para conseguir poder es compatible con el cometido de la Asamblea Regional.” Y advierte: “La semana que viene veremos cómo quienes hoy quieren echar a la calle a niños desprotegidos enarbolan el dolor de quien sufrió el mismo castigo.”
“¿Qué vamos a hacer con los niños de 10 años?”
Pero quien mejor conoce el impacto real del cierre es Alfonso Morillas, coordinador de uno de los tres hogares del centro Rosa Peñas, donde vive y trabaja día a día con esos menores que ahora algunos quieren borrar del mapa administrativo. “Somos 80 trabajadores y cuando nos enteramos del anuncio, fue como una bomba. Nadie ha explicado cómo ni cuándo. Solo han dicho que se cierra. No hay plan. No nos dicen nada.”
Escucha aquí la entrevista a Alfonso Morillas:
Morillas desmonta con datos y vivencias la imagen manipulada de “centro problemático” que algunos intentan construir. Describe un hogar lleno de actividad, de esfuerzo y de esperanza:
- “El 100% de los menores están escolarizados: primaria, secundaria, FP básica o cursos de formación para el empleo.”
- “Participan en actividades extraescolares: van a los scouts, juegan al fútbol en equipos de la zona, acuden a talleres de la comunidad.”
- “Hay chicos que llevan cuatro años con nosotros. Tienen vínculos, amigos, rutinas… ¿y ahora los sacamos y los mandamos no se sabe dónde?”
Y añade con rabia contenida: “Estos menores ya han pasado por el abandono, por el trauma. Ahora están en un entorno que intenta parecerse a un hogar. Y los vamos a volver a arrancar de golpe. ¿Por qué? ¿Por un puñado de votos? ¿Por una negociación presupuestaria?”
“No somos Amazon, no trabajamos con cajas”
La crítica de Morillas no se detiene en lo político. Lanza un alegato sobre el valor del trabajo social que realizan a diario: “Esto no es Amazon. No trabajamos con cajas. Trabajamos con personas. Con niños y niñas que han venido buscando un futuro mejor. Algunos han cruzado el Estrecho en patera, otros han dormido bajo camiones para llegar aquí. Y ahora les vamos a truncar el camino que han empezado.” Y añade “hay chavales que ya están trabajando: en restauración, carpintería, mecánica. Echan currículums, se esfuerzan, sueñan con quedarse aquí y devolver lo que han recibido. No vienen a vivir del sistema, vienen a vivir. Punto.”
Morillas conoce cada historia. Lleva 17 años en la Fundación y ha visto pasar a decenas de jóvenes que hoy viven de forma autónoma, que agradecen la ayuda recibida, que han formado familias y devuelven a la sociedad lo que un día se les ofreció. “Yo sigo en contacto con muchos de ellos. Me escriben, me dan las gracias. Y no solo a mí. A todo el equipo. Porque esto no es caridad, es dignidad.”
No solo migrantes: también menores españoles
Otro dato clave que desmiente el discurso de Vox es que en Rosa Peñas también hay menores españoles, tutelados por la administración por diversas razones: “Se les mete a todos en el mismo saco. Pero aquí hay chicos que no son extranjeros. Son menores que han sido retirados a sus familias por situaciones graves. ¿Qué hacemos con ellos también? ¿Los echamos? ¿Los escondemos?”
El engaño legal del artículo 35.2
Antelo cita el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería para justificar repatriaciones, pero oculta que las comunidades autónomas no tienen competencias para firmar convenios con otros países ni para ejecutar repatriaciones internacionales.
Esa potestad es exclusiva del Estado, y solo puede ejercerse cuando se garantiza el interés superior del menor, algo muy difícil de demostrar en contextos de vulnerabilidad.
En la práctica, las repatriaciones de menores no acompañados son excepcionales y siempre deben contar con el informe favorable de los servicios de protección autonómicos. “Es pura propaganda”, resume un jurista consultado por RRNEWS.. “Ninguna comunidad puede devolver a un menor a otro país sin una cadena de garantías jurídicas que rara vez se cumple.”
Una decisión sin humanidad
Para Morillas, todo esto responde a una lógica inaceptable: “Se nos intenta presentar como si el modelo no funcionara, pero funciona, y lleva años funcionando. Que se puede mejorar, claro. Pero funciona. Lo que quieren no es mejorar: quieren cerrar.” También dice “nosotros no somos máquinas. Y ellos tampoco. También nos llevamos sus problemas a casa, también sufrimos cuando ellos sufren. Porque somos personas, no gestores de mercancía y jugar con 60 niños y niñas, con su futuro, por una operación política, es inhumano. Así de simple.”
¿Y ahora qué?
El Gobierno de López Miras, presionado por Vox, ha dejado la puerta abierta al cierre. Pero no ha presentado ni plan, ni plazos, ni alternativas. Ni a los menores ni a los 80 trabajadores.
CCOO ha exigido la convocatoria de Mesa regional del sector del Menor, donde se sienten a dialogar la Comunidad Autónoma, sindicatos y patronales del sector para dignificar las condiciones laborales de los profesionales y reforzar la protección de los menores tutelados.
El sindicato valora como insólito pero positivo que el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, haya aludido recientemente a la voluntad de aplicar el modelo de acogida defendido por la Unión Europea, la ONU, el Ministerio de Infancia y el Defensor del Pueblo, pero advierte de que «después de extender el estigma contra los menores, será más difícil promover un sistema de acogida en familias».