Las familias de las víctimas del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, ocurrido el 1 de octubre de 2023 en Atalayas (Murcia) y en el que murieron 13 personas, han expresado públicamente su profunda disconformidad con el Auto 836/2025 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.
La resolución judicial rechaza abrir una pieza separada para investigar un posible delito de prevaricación administrativa vinculado a la concesión y control de licencias municipales. Ante ello, los familiares y colectivos personados anuncian que interpondrán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva.
El razonamiento de la Audiencia Provincial
El auto, fechado el 1 de octubre de 2025, resuelve el recurso presentado contra las decisiones del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, que en noviembre de 2023 y marzo de 2024 ya había rechazado esa línea de investigación. La Sala, integrada por tres magistrados, sostiene que no existe «conexidad» entre el delito de homicidio imprudente -que centra la causa principal por la tragedia- y un eventual delito de prevaricación relacionado con actuaciones administrativas del Ayuntamiento de Murcia.
El tribunal recuerda que el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cada delito debe investigarse en una causa independiente, salvo en casos de conectividad muy tasados: cuando se cometen conjuntamente, para encubrir otros delitos, o para facilitar su ejecución, entre otros supuestos.
Según la Audiencia Provincial, ninguno de esos escenarios concurre en este caso, por lo que no cabe instruir de forma conjunta las dos vertientes. En consecuencia, confirma las resoluciones previas del Juzgado de Instrucción y desestima el recurso de apelación presentado por los familiares y por la UGT, que se adhirió a la petición. La decisión no admite recurso ordinario alguno.
El auto lo firman los magistrados Augusto Morales, Jaime Bardají e Isabel María Carrillo.
La discotecas no solo carecían de licencia de apertura es que no había puertas de emergencia. La salida de Teatre era una reja cerrada con candados. Así lo certificaron los bomberos. Lo más sangrante es que el Ayuntamiento de Murcia sabía desde 2018 que las discotecas incendiadas eran una ratonera y permitió que siguieran abiertas sin instalación de bombeo de agua contra incendios y sin puertas de emergencia. Era una circunstancia conocida por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Murcia, pues existen cuatro actas e informes técnicos que así lo indican, pero los magistrados de la Audiencia Provincial no ven relación entre el cúmulo de irregularidades permitidas y conocidas por el consistorio murciano y la muerte de 13 personas.
“Incomprensible que no se investigue”
Frente a esa interpretación procesal, las familias de las víctimas han mostrado su indignación y califican la resolución de incomprensible. Consideran que resulta contradictorio afirmar la inexistencia de relación entre los hechos sin haber practicado siquiera una diligencia dirigida a esclarecer la actuación administrativa.
Las familias recuerdan que en la discoteca Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, existían graves deficiencias en materia de seguridad. Denuncian que en el punto central del local faltaba la escalera de evacuación que debía estar instalada según la normativa urbanística, lo que convirtió la primera planta en una trampa mortal. “La sociedad no entiende que no se investigue por qué había salidas de emergencia con puertas cerradas, incluso con candados”, subrayan.
Asimismo, llaman la atención sobre las irregularidades en la discoteca Teatre, que llevaba funcionando desde 2013 sin licencia, pese a la existencia de un decreto de cese de actividad. Según los familiares, el Ayuntamiento de Murcia habría permitido la continuidad del local mediante una instrucción técnica que “ilegalmente” facilitaba que actividades irregulares siguieran operando con la simple presentación de una instancia de legalización. Una práctica que, en su opinión, constituye un acto de prevaricación.
“No es admisible que no se investigue al Ayuntamiento -señalan- a pesar de que durante más de una década ha permitido la actividad irregular de Teatre con su cooperación”.
Críticas a la Fiscalía y al juzgado
Los familiares reprochan tanto al Ministerio Fiscal como a la jueza instructora y a la propia Audiencia Provincial que hayan mirado hacia otro lado. “¿Acaso estos datos se les han escapado, o no los consideran indicios suficientes como para abrir una investigación?”, cuestionan en su comunicado.
Acusan además al Juzgado de Instrucción número 3 de actuar en la práctica como “un escudo de la Administración”, evitando cualquier indagación sobre las responsabilidades municipales a pesar de las irregularidades detectadas. Y señalan directamente a la Jefa de Servicio del Ayuntamiento de Murcia, que declaró que los funcionarios habían actuado conforme al protocolo. “Ese protocolo no era voluntad del legislador -afirman- sino una manipulación del propio Ayuntamiento para eludir la aplicación de las órdenes de cese. Esta actuación tiene un nombre y se llama prevaricación”.
El padre de una de las víctimas tilda de «inhumanos»y «corruptos» a la juez y los magistrados
Jairo, padre de una de las jóvenes fallecidas, denuncia sin rodeos que el Ayuntamiento de Murcia es el “principal culpable” de la tragedia y acusa a la justicia de proteger a los responsables políticos y municipales.
Dale al reproductor y escucha las declaraciones de Jairo, padre de una de las víctimas en el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros.
“Las discotecas funcionaban sin licencia de apertura por más de una década. En esos diez años nunca las clausuraron”, recuerda con rabia. Para Jairo, el siniestro no fue un accidente inevitable, sino la consecuencia directa de graves negligencias: “Prácticamente eran encerrados en un horno donde no tenían ninguna escapatoria, ninguna salvación”.
El relato de este padre pone el foco en la ausencia de medidas básicas de seguridad en los locales: “En Fonda Milagros, donde murieron las 13 personas, no existía ninguna normativa, nada, no cumplía con ningún requisito mínimo de seguridad. Nada. En otras circunstancias habrían podido salvar su vida”.
Su acusación es directa: “El Ayuntamiento es el principal responsable porque los dueños de las discotecas seguían funcionando ilegalmente porque alguien se los permitía. ¿Quién? El Ayuntamiento, directa o indirectamente, con sus funcionarios”.
La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Murcia, que rechaza abrir una pieza separada para investigar posibles delitos de prevaricación administrativa, ha incrementado su desconfianza: “Lo defino con una sola palabra: corrupción, prevaricación, favorecimiento a un partido político”. Y añade: “Están favoreciendo a las personas más directamente culpables”.
Más allá de la dimensión judicial, Jairo transmite la devastación personal que arrastra desde aquella madrugada: “No fueron solo 13 personas, fueron 13 familias. Mi hija iba a tener sus hijos, yo nunca voy a disfrutar un nieto de parte de mi hija”. La voz se le quiebra al recordar el último mensaje que su hija envió a su madre desde el interior de la discoteca: una despedida consciente del final. «Mami, la amo. Vamos a morir, mami. La amo» fue el último mensaje de su hija desde dentro de la discoteca Fonda Milagros. “Lo que más duele es saber que mi hija sufrió lo indecible antes de cerrar sus ojos, encerrada en un horno donde la vida se les fue en medio de los sufrimientos más terribles”.
Jairo también denuncia discriminación hacia las víctimas, la mayoría de origen latinoamericano: “Si hubieran muerto tres o cuatro murcianos, las cosas habrían sido diferentes. Esto es un caso de discriminación, totalmente de discriminación”.
Pese al dolor y al escepticismo, asegura que no se rendirá en la búsqueda de justicia: “No quiero morirme y decirle a mi hija cuando la vea: no, cariño, no hubo justicia en el mundo terrenal, nadie quiso hacer justicia por ti”. Y resume su sentimiento hacia la jueza y los tres magistrados de la Audiencia Provincial con una palabra: “Inhumanos”.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, que tras el incendio se mostró consternado por la tragedia no ha recibido a los familiares de las 13 víctimas.
Camino al Constitucional
Ante la falta de respuesta judicial en la vía ordinaria, las familias anuncian la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que se reconozca su derecho a la tutela judicial efectiva y se abra una investigación sobre la posible responsabilidad de autoridades y funcionarios en las irregularidades administrativas que precedieron a la tragedia.
“Han fallecido 13 personas inocentes; los familiares y la sociedad merecen una honesta respuesta de la Justicia”, insisten. Y concluyen reafirmando su compromiso con la memoria de las víctimas y con la exigencia de verdad, justicia y reparación plenas.