La claudicación del Partido Popular ante Vox no conoce límites. La última entrega de este penoso serial político la protagoniza la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, a quien acaban de arrebatar -con toda la frialdad burocrática del mundo- la competencia en materia patrimonial que le fue delegada hace apenas una semana.
Según la orden 3180 publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha revocado la delegación de competencias que había otorgado el 25 de junio a la Consejería de Política Social. En la práctica, esto significa que Conchita Ruiz pierde la capacidad de adquirir inmuebles para su departamento, una herramienta clave para desplegar políticas sociales con algo de autonomía.
La excusa formal, recogida en el apartado cuarto de la propia orden de delegación, permite al titular de Hacienda revocar la cesión «en cualquier momento», si lo considera conveniente por razones «técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales». Y eso han hecho. Pero lo relevante no es el tecnicismo: lo relevante es el mensaje político.
Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda, ha ejecutado la orden de forma fulminante, sin alegato alguno, sin necesidad de justificación pública. La fecha de la revocación -1 de julio- apenas seis días después de la concesión inicial.
La revocación se produce a las pocas horas de que el Gobierno murciano haya decidido revocar la compra de viviendas para menores tutelados por exigencia de VOX: «No volverá a suceder» escribió en la red social X la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, tras un mensaje de advertencia del presidente nacional de VOX, Santiago Abascal que condicionó la aprobación de los presupuestos de 2025 a la retirada de la orden de compra.
Ni una palabra de apoyo ha recibido Conchita Ruiz por parte de sus compañeros del Consejo de Gobierno. El silencio del presidente Fernando López Miras es ensordecedor. No solo la han desautorizado. La han humillado.
La Región de Muria se ha convertido en el primer gobierno autonómico que renuncia a fondos europeos en materia de infancia por presiones ideológicas.
Un precedente peligroso
Lo ocurrido en Murcia no es un mero desencuentro interno. Es un aviso. Lo que Vox no controla, lo dinamita. Y el PP, lejos de resistirse, le abre la puerta. La renuncia a políticas de infancia por presión ideológica marca un antes y un después.
La Región de Murcia, ya golpeada por cifras alarmantes de pobreza infantil, abandono escolar y exclusión social, da ahora un paso más hacia el abismo: deja de proteger a sus menores más vulnerables (extranjeros y nacionales) por temor al látigo de la ultraderecha.
El laboratorio político que representa esta comunidad autónoma vuelve a experimentar. Pero el coste no lo asume ningún partido. Lo pagan, como siempre, los más débiles.