El chantaje ha surtido efecto. Tras la amenaza pública de VOX de votar en contra de los presupuestos de la Región de Murcia si el Partido Popular no revocaba la compra de viviendas para menores extranjeros no acompañados, el Gobierno de López Miras ha claudicado. No ha tardado ni dos horas en obedecer la orden de Santiago Abascal.
Lo ha confirmado la propia consejera de Política Social, Conchita Ruiz, este lunes a través de la red social X.
Con este breve mensaje, el Ejecutivo autonómico oficializa su rendición ante la presión del socio ultra. La orden publicada el pasado 28 de junio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que permitía a la Consejería de Política Social adquirir viviendas destinadas a menores tutelados -en el marco del proyecto europeo ModernizAcción– queda anulada. La iniciativa formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, con el objetivo de mejorar las infraestructuras residenciales de menores en desamparo. Se trata de menores extranjeros y españoles.
La intención del Ejecutivo murciano era cerrar centros como el Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, como exige VOX y reubicar a los menores en entornos más cercanos a la vida familiar, tal y como recomiendan UNICEF, la Comisión Europea y la legislación española en materia de protección infantil. Así justificó el Ejecutivo murciano el cierre del centro de menores de El Raal. En total, el plan contemplaba hasta 385 plazas adaptadas al nuevo modelo de cuidados antes de diciembre de 2025.
Una cesión sin matices
La decisión del Gobierno murciano no solo implica renunciar a fondos europeos ya asignados, sino que asume de facto el discurso de VOX. El mensaje de la consejera -“No volverá a suceder”- transmite una voluntad de alinearse con las tesis ultra, que exigen la repatriación de los menores migrantes en lugar de su atención y protección, pese a que están bajo tutela legal de la administración por encontrarse en situación de desamparo.
Este paso atrás no distingue nacionalidades. Los hogares de protección acogen tanto a menores españoles como extranjeros, y revocar esta orden afecta por igual a todos los niños y adolescentes en situación vulnerable.
Una política de gobierno dictada desde X
VOX impuso el marco. Lanzó el órdago. Exigió “rectificar de manera inmediata” la orden y amenazó con bloquear los presupuestos si no se cumplía su voluntad. Y el Partido Popular, en lugar de defender su gestión y la legalidad, ha respondido con una reverencia.
Conchita Ruiz ya había defendido en sede parlamentaria que “centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca” y apostó por entornos con más intimidad, accesibilidad, seguridad y condiciones para el ocio y el estudio. Su discurso ha sido ahora desautorizado por el propio Gobierno del que forma parte.
La oposición estalla: “Manda Abascal, no López Miras”
La portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha sido tajante: “Una publicación de Abascal en redes sociales ha sido suficiente para que López Miras rectifique y cumpla el último delirio de VOX”.
La socialista acusa al presidente regional de “arrodillarse ante la ultraderecha” y de actuar movido por el miedo y no por la responsabilidad institucional. “Ha elegido la humillación pública, el odio y el chantaje insaciable”, afirma Fernández, quien también ha recordado que el PSOE ofreció un acuerdo presupuestario alternativo “sin líneas rojas”.
Además, exige al Gobierno que aclare qué va a pasar con los menores del centro de Santa Cruz, cuyo cierre estaba previsto. “Garantizar una atención digna a los menores que se encuentran solos en nuestra Región no es solo una competencia autonómica: es una obligación moral”, ha zanjado.
La Región de Murcia se convierte en el primer gobierno autonómico que renuncia a fondos europeos en materia de infancia por presiones ideológicas.
“El precio de los presupuestos son los derechos humanos”
Desde Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín ha calificado la decisión de “auténtica vergüenza que no representa a la gente de nuestra tierra, humilde y acogedora”.
“Ya sabemos cuál es el precio de los presupuestos de la Región: los derechos humanos”, ha denunciado Marín, quien acusa a la derecha y a la ultraderecha de “denigrar, humillar y dejar en la calle” a niños y niñas migrantes como si no fueran personas.
La diputada ha anunciado además una movilización masiva contra estas políticas, que califica de “racistas y miserables” y exige al Gobierno regional que aclare qué uso dará ahora a los fondos europeos que estaban asignados a este fin.
¿Quién manda en la Región de Murcia?
Lo sucedido evidencia lo que ya muchos temían: VOX no necesita estar en el Consejo de Gobierno para imponer su agenda. Le basta con un tuit. Y al otro lado, un presidente que calla y una consejera que firma lo contrario de lo que decía defender.
La pregunta a López Miras es si está dispuesto a gobernar sin principios. Porque hoy, los que pierden no son solo los menores a los que se les niega un techo digno. También pierde la política. Y, sobre todo, pierde la dignidad institucional.