La Región de Murcia asiste, una vez más, al espectáculo del chantaje político. El socio incómodo del Gobierno regional, VOX, ha vuelto a lanzar una amenaza directa: si el Partido Popular no “rectifica de manera inmediata” la orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) que autoriza la compra de viviendas para menores tutelados -incluidos los menores extranjeros no acompañados-, su grupo parlamentario votará en contra de los presupuestos autonómicos para 2025.
El ultimátum lo ha lanzado José Ángel Antelo, presidente de VOX en la Región, en su red social favorita, X:
Casi el mismo tiempo, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha dicho en X: «Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos… o tendrán que aprobarlos con el PSOE».
Una amenaza que no es nueva. Cada cierto tiempo, VOX impone su agenda: ya lo hizo con el Mar Menor, con la violencia de género, con la cultura, y ahora con la infancia tutelada. Pero esta vez la exigencia va más allá de lo político: reclama que se incumpla la legislación vigente sobre protección de menores y los compromisos europeos firmados por España. ¿Hasta cuándo va a tragar el presidente López Miras?
El origen del conflicto: pisos para menores tutelados
El detonante ha sido una orden publicada el sábado 28 de junio en el BORM, mediante la cual la Consejería de Economía delega en la Consejería de Política Social la adquisición de inmuebles para albergar a menores tutelados. Esta medida forma parte del proyecto ModernizAcción, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo: crear, adaptar y mejorar infraestructuras residenciales, sustituyendo grandes centros por módulos más humanos y funcionales.
La previsión es alcanzar hasta 385 plazas adaptadas al nuevo modelo de cuidados antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como marca la legislación europea y estatal. Una transformación avalada por la Unión Europea, UNICEF y la propia ministra de Infancia y Juventud, que abogan por entornos más familiares para niños y adolescentes en situación de desprotección.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ya explicó hace meses en la Asamblea Regional que se trata de cerrar centros como el de Rosa Peñas, en Santa Cruz, donde actualmente viven más de sesenta menores, y ofrecerles alternativas más dignas. “Centros así no son el mejor lugar para que un niño crezca”, afirmó entonces.
¿Discriminación por nacionalidad? No en la ley
VOX centra su discurso en los MENAS -acrónimo deshumanizante para referirse a los menores extranjeros no acompañados-, pero la Comunidad Autónoma no distingue entre nacionalidades en sus centros de protección. En los hogares tutelados por la administración conviven menores españoles y migrantes, todos en situación de vulnerabilidad, y todos bajo la protección del Estado. La CARM tiene asumida la tutela de unos 620 menores distribuidos en 33 centros.
Lo que VOX plantea, al exigir la “devolución” automática de estos menores a sus países de origen, choca frontalmente con el marco legal nacional e internacional. Los menores no pueden ser expulsados sin garantías. No son adultos. No son culpables de nada. Son, en muchos casos, víctimas de abandono, pobreza o violencia.
Un presidente rehén
Y mientras tanto, ¿qué dice Fernando López Miras? Nada. Silencio. Ni una palabra para desmentir ni para respaldar. Ni una línea roja. Solo la sensación de que el presidente vuelve a ceder ante las presiones de un partido que no gobierna, pero manda más de lo que le corresponde.
Este pulso no es solo una cuestión presupuestaria. Es un asunto de principios. De derechos. De decencia política. Gobernar no es plegarse al chantaje constante. Es tomar decisiones justas, incluso cuando cuesten votos. Y sobre todo, es proteger a los más vulnerables, aunque no den rédito electoral.
Vox no los quiere en ninguna parte
VOX no quiere a los menores extranjeros no acompañados ni en el centro de Santa Cruz ni en ningún otro sitio. Ni encerrados ni atendidos. Ni protegidos ni integrados. Simplemente, no los quiere. Y punto.
Lo que propone, sin decirlo tan crudamente, es su expulsión directa. Repatriación inmediata. Devolverlos “a sus países” sin evaluar si tienen familia, si corren peligro, si están escolarizados o si llevan años viviendo en España. ¿Derechos del menor? ¿Interés superior del niño? ¿Convención de la ONU? Todo eso, según parece, VOX se lo pasa por el arco del triunfo.
Y lo más grave es que están hablando de niños y adolescentes tutelados por la administración, muchos de ellos víctimas de abandono, trata o violencia. No son delincuentes. No son invasores. Son menores en desamparo, y España -por ley- tiene la obligación de protegerlos, sea cual sea su lugar de nacimiento.
VOX no solo criminaliza su existencia: convierte su situación de vulnerabilidad en munición electoral. Un día les llaman “problema de seguridad”. Otro, “carga para el sistema”. Y ahora, obstáculo para aprobar los presupuestos de la Región de Murcia. Todo vale para encender el miedo y alimentar el odio.
Y lo verdaderamente escandaloso es que López Miras sigue en silencio. Aguantando el pulso. Permitiendo que se cuestione la legalidad de sus propias políticas mientras mira hacia otro lado. Porque romper con VOX tendría un coste. Pero seguir tragando también lo tiene: el coste moral, social y político de blanquear lo inaceptable.