El mayor proyecto de regeneración ambiental del sureste español acabó encallado en su propia base. Nunca mejor dicho. La Bahía de Portmán, devastada durante décadas por toneladas de residuos mineros arrojados directamente al mar, continúa esperando una recuperación real. Y lo que debía haber sido su salvación terminó convertido en ejemplo de mala praxis política y administrativa, según el demoledor informe elaborado por el investigador José Matías Peñas, testigo directo de los hechos.
“Se licitó un proyecto que el propio ministerio sabía técnica y estructuralmente inviable”, afirma Peñas en un documento técnico al que ha tenido acceso RRNEWS. El informe no deja lugar a dudas: el Gobierno de Mariano Rajoy adjudicó en 2015 una obra multimillonaria ignorando advertencias expresas de su inviabilidad técnica.
Escucha las declaraciones de Matías Peñas:
En 2013, el propio ministerio, entonces en manos de Isabel Tejerina, había convocado un concurso de concesión para valorar propuestas de empresas privadas para la extracción de hierro de los residuos. Entre las candidatas se encontraba ARIA PORTMÁN S.L., que presentó un proyecto para lograr la concesión minera comprometiéndose a la restauración ambiental de la zona de extracción. Esa propuesta incluyó un informe técnico que desaconsejaba con contundencia la utilización de la Corta San José como vertedero final de los residuos.
La empresa ARIA PORTMÁN S.L. advirtió de que que la Corta San José presentaba “riesgo estructural inasumible” debido a una litología intensamente alterada, paleodeslizamientos activos, presencia de fallas tectónicas, cavidades mineras subterráneas no cartografiadas y procesos de karstificación que impedían garantizar cualquier tipo de confinamiento hidráulico. “Era el lugar menos adecuado desde el punto de vista geotécnico, hidrogeológico y ambiental”, subraya Matías Peñas.
Pese a todo, y tras la quiebra de ARIA PORTMÁN -que no llegó a ejecutar su propuesta-, el Gobierno de Rajoy decidió rescatar el diseño técnico de 2011, elaborado por el MAGRAMA, y sacarlo a licitación sin introducir modificación alguna. “La licitación pública ignoró todo lo aprendido en el proceso anterior”, señala el informe de Matías Peñas. El concurso lo ganó una UTE formada por Marco y Ciomar, por un importe de 26 millones de euros: una cifra inusualmente baja para la envergadura del proyecto.
Un contrato que se modificó y se hundió
Las obras comenzaron con trabajos preliminares de replanteo, pero pronto se toparon con la realidad física del terreno. Según el informe de Matías Peñas, se constataron “inestabilidad de las laderas, fisuras profundas, subsidencias y huecos subterráneos no documentados”, lo que hacía imposible ejecutar el vertido de lodos tal como estaba previsto.
Ante la imposibilidad técnica de continuar, la UTE presentó un modificado del contrato que aumentaba el coste en más de un 50%. Eso activó la cláusula legal de resolución automática del contrato, ya que la Ley de Contratos del Sector Público impide modificaciones de tal calibre sin una nueva licitación. Resultado: las obras se paralizaron.
“El proyecto se fue a pique por falta de rigor técnico y planificación del Gobierno» concluye Peñas. “Y el Estado asumió un gasto innecesario con dinero público en una actuación que no podía funcionar desde el inicio”.
¿Prevaricación y malversación?
El informe de Matías Peñas va más allá del análisis técnico y plantea posibles responsabilidades penales. Por un lado, sugiere que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación administrativa, ya que se licitó y aprobó un proyecto “con pleno conocimiento de su inviabilidad”, tras recibir advertencias expresas en un procedimiento oficial.
Por otro, plantea la existencia de malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal. “El dinero público se destinó a un fin que ya se sabía inviable, con grave perjuicio para el erario y sin posibilidad de éxito técnico”, afirma el texto. “No hubo ánimo de lucro personal, pero sí una gestión negligente e irresponsable”.
El PP sigue defendiendo el proyecto
Lo más llamativo es que, pese a todo lo anterior, el Partido Popular sigue reivindicando públicamente este proyecto fallido como una muestra de su compromiso ambiental. Para el investigador, esto resulta incomprensible: “Estamos ante un caso claro de desinformación institucional. Reivindicar lo que ha fracasado por errores propios es una huida hacia adelante”.
Lo más grave es que el senador popular Francisco Bernabé acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber paralizado las obras, cuando fue el Ejecutivo del PP el que lo dejó hundido desde el minuto uno. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya ha advertido de que «nunca voy a firmar un proyecto que de antemano ya advierte de consecuencias ambientales·.
La regeneración de Portmán que licitó PP continúa paralizada. Y las causas de ese parón no fueron sobrevenidas, ni imprevistas. “Fueron decisiones políticas adoptadas contra toda lógica técnica”, concluye el informe. Decisiones que todavía no han tenido consecuencias, ni políticas, ni judiciales.