La regeneración de la bahía de Portmán se coló este lunes en el Senado de la mano del senador del Partido Popular, Francisco Bernabé, que fiel a su estilo bronco, acusó al Ejecutivo de «paralizar las obras» en 2018, de “abandonar toda intención de regeneración” y de optar por “sellar la bahía y dejarnos ahí esa porquería enterrada para siempre”.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dejó clara la realidad: la paralización del proyecto no fue una decisión política, sino una obligación legal y técnica tras una sentencia judicial.
Bernabé defendió el proyecto adjudicado en 2016 -sin modificaciones respecto al que se redactó en 2011- como una iniciativa avalada por informes positivos, apoyo político unánime y consenso social. Reprochó que las obras, que según él se ejecutaban “sin ningún tipo de problema hasta 2018”, se detuvieran tras la llegada del Gobierno socialista. Y lo acusó directamente de “engañar durante siete años” a los ciudadanos de La Unión, prometiendo una regeneración que ahora “nos dicen que no van a hacer”.
Morán desmontó esta versión desde el inicio. “El Gobierno no paró las obras”, afirmó. La interrupción vino provocada, en primer lugar, por una sentencia judicial que anuló la adjudicación del contrato, tras el recurso presentado por una de las empresas licitadoras.
Pero esa no fue la única razón. “La empresa adjudicataria ya había presentado un plan para un modificado de proyecto que superaba el 50% del coste de la actuación”, explicó Morán. Eso significaba que «la obra, tal como fue planteada y adjudicada, era inejecutable«. Técnicamente inviable. Legalmente imposible. Superar un modificado del 10% en un contrato público no es legalmente admisible, y aquí se pretendía más del 50%. “Nos encontrábamos en una situación ciertamente complicada”, zanjó.
A partir de ese momento, el Gobierno de España inició la redacción de un nuevo proyecto que tuviera en cuenta los problemas detectados. “Volver otra vez al mismo proyecto para volver a cometer el mismo error no creo que sea razonable”, dijo Morán.
«Siempre ha sido un proyecto de sellado»
En respuesta al discurso de Bernabé contra el “sellado”, Morán recordó que el proyecto siempre contempló esa fórmula. “Siempre ha sido un proyecto de sellado, como mínimo del 90% de la totalidad de los 60 millones de toneladas que hay”, apuntó. Una afirmación que desmonta la dicotomía que planteó el senador popular entre “regeneración” y “sellado”.
Pero fue en su tramo final donde Morán fue más claro: el proyecto heredado no solo era inviable técnicamente, también representaba un riesgo para la salud pública. “Nunca voy a firmar un proyecto que de antemano ya advierte de que las consecuencias ambientales y, por lo tanto, para la salud de los vecinos del entorno pueda ser negativo”, afirmó. “Usted quizá lo podría hacer. No lo pongo en duda. Yo no.”
Un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concluye que dragados profundos o parciales del material contaminado no son viables, ni desde el punto de vista ambiental ni desde el técnico.
El dragado profundo queda descartado
El CEDEX lo advierte con claridad: intentar extraer los estériles que llenan la bahía —unos 60 millones de toneladas de residuos mineros— puede liberar metales pesados al agua, como plomo, zinc, cadmio o arsénico. Estos residuos, hoy en su mayoría enterrados, se vuelven peligrosos si se remueven: al quedar expuestos al aire o al oleaje, se transforman en solubles y entran en suspensión, contaminando el entorno marino.
Además, remover parte del material pone en riesgo la estabilidad de lo que se deja, generando un efecto dominó con consecuencias imprevisibles. Por eso, el CEDEX afirma sin ambigüedad que la extracción del material contaminado no puede considerarse una solución viable.