El Ayuntamiento de Murcia ha optado por el camino más tortuoso y sospechoso en su intento de ocultar información pública: acudir a los tribunales de justicia para no entregar un informe sobre los riesgos sísmicos del municipio que él mismo encargó en 2017 a la Universidad de Almería y por el que pagó 118.580 euros con fondos públicos. La asociación Huermur, que lleva años exigiendo acceso a esta documentación, denuncia un intento flagrante de hurtar a la ciudadanía información clave sobre su propia seguridad.
La historia comienza en enero de 2024, cuando Huermur solicita formalmente una copia del estudio y análisis de riesgo sísmico y del plan de actuación local ante riesgo sísmico elaborados sobre el término municipal de Murcia. Se trata de un trabajo científico encargado por el Ayuntamiento en 2017 y del que apenas ha trascendido información. Lo que debía haber sido un documento público y útil para planificar el desarrollo urbano del municipio y garantizar la protección de la población frente a posibles terremotos, ha permanecido durante años escondido, silenciado y bajo llave.
Ante la negativa del Consistorio a facilitar la documentación, Huermur acudió al Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, que dio la razón a la asociación ecologista en una resolución categórica: el informe debe entregarse, porque reviste la condición de información pública. En lugar de cumplir con lo dictado, el Ayuntamiento de Murcia ha respondido interponiendo un recurso contencioso-administrativo contra la propia resolución, optando por gastar dinero público en abogados para no entregar un informe pagado con dinero público.
Una huida hacia adelante
Desde Huermur no esconden su indignación: “Nos parece escandaloso. Lo lógico habría sido que, tras la resolución del Comisionado, el Ayuntamiento entregara de inmediato la documentación. Pero han preferido recurrir a los tribunales para ganar tiempo o, peor aún, para evitar que se conozca algo que no quieren que se sepa”, señalan.
La pregunta es inevitable: ¿Qué contiene ese informe para que el Ayuntamiento se aferre con tanta obstinación a no entregarlo? Para Huermur, la respuesta podría estar en las posibles implicaciones urbanísticas del documento. “Sospechamos que este estudio incluye zonas de riesgo sísmico mal planificadas o que, de conocerse, obligarían a revisar proyectos urbanísticos o paralizar futuras construcciones. Y eso, claro, a algunos les incomoda”.
El municipio de Murcia se encuentra en una zona con riesgo sísmico moderado-alto. No es un tema menor ni anecdótico: en la última década, la ciencia y la administración han advertido del impacto que podría tener un terremoto en áreas urbanas densamente pobladas. La gestión del riesgo, la planificación de emergencias y las decisiones urbanísticas deberían guiarse por estudios actualizados, rigurosos y, sobre todo, transparentes.
Un precedente preocupante
Más allá del caso concreto del informe sísmico, lo ocurrido abre un debate mucho más amplio sobre la transparencia institucional en Murcia. La negativa del Ayuntamiento no solo incumple la Ley de Transparencia, sino que envía un mensaje alarmante a la ciudadanía: hay información sobre seguridad pública que los murcianos no tienen derecho a conocer.
El recurso presentado por el Consistorio plantea además un precedente inquietante. Si un informe científico, pagado con dinero público y relativo a una cuestión tan sensible como los terremotos, puede ocultarse sin consecuencias, ¿qué otras informaciones pueden quedar también fuera del escrutinio ciudadano?
Desde el punto de vista jurídico, el recurso del Ayuntamiento podría demorar durante meses -o incluso años- el acceso a la información. Mientras tanto, los ciudadanos seguirán sin conocer los detalles de un informe que podría contener advertencias relevantes sobre el territorio que habitan.
“Estamos hablando de seguridad, de prevención, de planificación. No es un informe cualquiera. Es información vital. Y el Ayuntamiento ha elegido el camino del silencio, la opacidad y los tribunales para no rendir cuentas”, denuncia Huermur.
La paradoja es sangrante: un estudio encargado por el propio Ayuntamiento, con dinero público, que ahora el mismo Ayuntamiento se niega a mostrar alegando excusas desmontadas por el Comisionado de Transparencia. Y para ello, está dispuesto a gastar más recursos públicos en defender en los tribunales su negativa a cumplir con la ley.
En un contexto en el que la confianza institucional está por los suelos, decisiones como esta no hacen sino agravar la desafección ciudadana. Cuando una administración pública se convierte en el principal obstáculo para que la ciudadanía acceda a información de interés general, algo se ha roto en el contrato social.
La ciudadanía murciana tiene derecho a conocer si existen riesgos sísmicos relevantes en su entorno. Tiene derecho a saber si hay barrios, colegios, centros de salud o instalaciones públicas construidos en zonas sensibles. Y tiene derecho, en definitiva, a que el dinero público invertido en estudios de seguridad redunde en beneficio colectivo y no termine enterrado en un cajón, junto a la verdad.