Ocho años después de haber sido encargado y pagado con dinero público, el estudio sobre riesgos sísmicos en el término municipal de Murcia sigue escondido en algún cajón del Ayuntamiento. Ahora el Comisión de Transparencia ha resuelto de manera firme que el Consistorio murciano debe entregar de inmediato ese informe técnico a Huermur junto al plan de actuación ante terremotos elaborado por la Universidad de Almería en 2017. Costó 118.580 euros y debía haberse entregado en un plazo máximo de 30 meses.
La entidad conservacionista Huermur lleva meses reclamando esta información, sin éxito. En enero de este año solicitó oficialmente acceso a la documentación, amparándose en la Ley de Transparencia. Pero el Ayuntamiento se negó. ¿La excusa? Que el informe aún no estaba “aprobado”. Una justificación que la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia ha calificado de “infundada” y contraria a derecho.
“La existencia o no de una aprobación formal no puede bloquear el acceso ciudadano a información pública, y menos aún si se trata de un documento ya finalizado y pagado con fondos públicos”, señala la resolución del pasado 5 de febrero, que dio al Consistorio un plazo de 15 días hábiles para entregar la documentación. Han pasado más de 50. Y el estudio sigue sin aparecer.
Desde Huermur no ocultan su indignación. Su presidente, Sergio Pacheco, ha señalado que “hemos estado batallando con nuestro equipo jurídico desde hace meses para que el Ayuntamiento dé la información solicitada sobre los riesgos ante terremotos. Ahora contamos con una resolución favorable de Transparencia, por lo que no vamos a parar hasta conseguirla. Si hace falta, pediremos el amparo de las instancias y organismos que sean necesarios”.
La organización ha solicitado formalmente que se sancione al Ayuntamiento de Murcia por desobedecer una resolución administrativa firme y advierte de que no descarta emprender acciones legales. El fondo de la cuestión, más allá del expediente burocrático, preocupa: se trata de un documento que puede afectar directamente al desarrollo urbanístico del municipio y a la seguridad de su población.
¿Intereses urbanísticos?
Huermur sospecha que el motivo real del ocultamiento tiene que ver con el contenido del estudio. De hecho, ya ha advertido públicamente que el informe podría poner sobre la mesa riesgos importantes para zonas urbanizadas de Murcia o cuestionar planes de expansión urbanística. “Es una información muy relevante que no puede seguir escondida bajo siete llaves”, insisten.
En 2017, el propio Ayuntamiento de Murcia justificó el encargo del estudio en la necesidad de cumplir con lo dispuesto en el Plan Especial de Riesgo Sísmico de la Región de Murcia, conocido como SISMIMUR. Este plan reconoce que Murcia presenta una alta vulnerabilidad ante movimientos sísmicos, y establece una hoja de ruta para analizar el comportamiento del suelo, la resistencia de las edificaciones y los protocolos de actuación en caso de terremoto.
Además del análisis técnico, el plan de actuación debía definir la estructura organizativa en caso de emergencia, los procedimientos de respuesta, los recursos municipales disponibles y su coordinación con otras administraciones. En otras palabras: un manual de instrucciones ante una catástrofe que podría salvar vidas. Y que, sin embargo, nadie conoce más allá de quienes lo encargaron.
Huermur considera “intolerable” que se haya pagado casi 120.000 euros con fondos públicos y que el estudio siga oculto. “No estamos hablando de una encuesta ni de un informe decorativo. Es un documento estratégico que podría condicionar el urbanismo, la gestión del riesgo y la seguridad de miles de vecinos”, subrayan.
El caso, que podría sentar un precedente importante sobre el derecho de acceso a la información pública, vuelve a poner el foco en la opacidad con la que en ocasiones se gestiona lo que es —o debería ser— de todos. “La ciudadanía tiene derecho a saber si vive sobre un terreno seguro o no. Y las administraciones tienen la obligación de rendir cuentas”, concluyen desde Huermur.
Por ahora, el reloj sigue corriendo y el informe sigue sin ver la luz. Pero la presión crece, y todo indica que la batalla por la transparencia en Murcia no ha hecho más que empezar.