El centro de acogida para menores de Santa Cruz, en Murcia, está en la cuerda floja. No por falta de recursos, ni por motivos técnicos, ni por problemas de convivencia. Está en riesgo por una decisión política: Vox ha exigido su cierre como condición para apoyar los presupuestos regionales, y el Partido Popular de López Miras se muestra dispuesto a aceptar esa imposición con tal de mantener la estabilidad parlamentaria.
La noticia ha encendido una mecha. Lo que está en juego no es un edificio, ni una partida presupuestaria más o menos generosa. Lo que está sobre la mesa -como si fuese intercambiable- es la vida y el futuro de decenas de niños y adolescentes migrantes que han llegado solos a este país, cruzando mares, desiertos y fronteras, en busca de algo tan básico como seguridad y dignidad.
Ante el peligro real de que el centro sea cerrado, los Yay@flautas de Murcia, acompañados por decenas de colectivos sociales, vecinales y defensores de derechos humanos, han convocado una concentración este martes 29 de abril a las 19:30 horas frente al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional.
El comunicado conjunto denuncia que estamos ante una medida «injusta, irresponsable y contraria a los derechos humanos». Los colectivos exigen que los menores no acompañados no sean utilizados como moneda política ni como chivo expiatorio del malestar social. Porque estos niños y adolescentes -subrayan- no son cifras, ni amenazas, ni cargas. Son personas. Son menores. Y como tales, sus derechos no se debaten: se garantizan.
Los organizadores de la protesta han incluido en su comunicado el testimonio de Chema Monreal, un murciano que ha participado en operaciones de rescate de personas en el Mediterráneo. Su experiencia en el mar, cara a cara con la muerte, desmonta cualquier discurso de odio y pone al descubierto el coste humano de las decisiones políticas frías.
“¿Sabéis qué se siente cuando tus ojos no divisan tierra? Yo puedo explicarlo. ¿Sabéis qué se siente cuando el oleaje empieza a crecer? Yo puedo explicarlo. ¿Sabéis qué se siente cuando divisas a cinco personas en el agua y solo puedes salvar a tres?”, escribe Monreal en un mensaje que ya circula entre colectivos y redes sociales como un grito de alarma.
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Su relato continúa, sin adornos, sin eufemismos:
“¿Sabéis cómo es el mar a 10 millas de la costa? ¿Sabéis cómo es el infierno? Es parecido a un mar con olas de cuatro metros en la oscuridad de la noche, cuando el 99,9% de vosotros no tiene cojones de entrar a 20 metros de la orilla”.
“¿Sabéis cómo retumban los gritos de socorro cuando no puedes ver a la persona que grita? ¿Sabéis cómo se ve un cuerpo flotando boca abajo, por el que ya nada se puede hacer? ¿Sabéis a qué velocidad se traga el mar a alguien que te estaba mirando diez segundos antes, suplicando ayuda?”
Monreal no escribe para provocar compasión, sino para golpear conciencias. Y lanza una advertencia que resuena con fuerza en estos días oscuros para los derechos humanos:
“Ojalá vuestra imagen del mar sea siempre la del verano, el sol y el chiringuito, porque si algún día os veis en esta otra situación, rezad para que en los despachos de un gobierno den la orden de ir a buscaros”.
El peligro de ceder ante la extrema derecha
El contexto político que rodea este posible cierre es claro: Vox, partido de extrema derecha, quiere capitalizar el malestar social atacando a los más vulnerables. Su discurso los presenta como una amenaza, como un “problema de seguridad”, como “un gasto innecesario”. Pero los expertos en infancia, migraciones y derechos humanos coinciden: cerrar un centro de acogida no soluciona nada. Solo traslada el problema a la calle y deja a los menores en situación de abandono y desprotección.
El Gobierno regional, por su parte, parece más preocupado por cuadrar números que por garantizar derechos. El Partido Popular, en lugar de plantar cara a las exigencias de su socio ultra, abre la puerta al cierre como si se tratara de un peaje necesario para aprobar los presupuestos.
Lo que está en juego
Este no es un conflicto más. No es una disputa técnica ni un simple debate presupuestario. Es una línea roja. Es la diferencia entre una sociedad que protege a los más vulnerables o una que los sacrifica para mantenerse en el poder. Entre un gobierno que respeta los derechos de la infancia o uno que los utiliza como herramienta de negociación.
Los Yay@flautas lo dicen sin rodeos: “Como mayores que hemos vivido épocas oscuras, no podemos quedarnos en silencio. Sabemos lo que significa ser desplazado, tener miedo, ser tratado como un problema en lugar de como a un ser humano”.
El martes 29 de abril, frente al Palacio de San Esteban, se escuchará ese clamor. Será la voz de quienes aún creen que los derechos no se recortan, se defienden. De quienes no están dispuestos a negociar la infancia. De quienes, como han visto la muerte en el mar y no aceptan que la indiferencia también pueda ahogar vidas.