La batalla judicial por la planta de biogás proyectada en el polígono industrial de La Polvorista, en Molina de Segura, acaba de dar un nuevo paso. La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista ha anunciado este martes que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la resolución que negó la existencia de un cauce natural en los terrenos donde se está levantando la instalación.
Según el decreto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ el pasado 27 de abril de 2026, el tribunal acuerda iniciar el procedimiento ordinario contra la resolución emitida por la CHS el 23 de marzo de 2026 y requiere al organismo de cuenca para que remita el expediente administrativo completo, foliado, autentificado e indexado, en el plazo de veinte días hábiles.
El conflicto se centra en la existencia o no de un cauce natural correspondiente a la Rambla de la Ribera de La Polvorista, una cuestión que los empresarios consideran determinante desde el punto de vista de la seguridad industrial y ambiental del polígono.
Los empresarios cuestionan el criterio de la CHS
La Asociación de Empresarios sostiene que la Confederación Hidrográfica del Segura ha ignorado pruebas técnicas “contundentes” que acreditarían la existencia del cauce y denuncian que la resolución administrativa permite la construcción de una planta de biogás en una zona que consideran potencialmente inundable y peligrosa.
Uno de los argumentos que consideran más relevantes es que el cauce cuya existencia niega ahora la CHS sí aparece recogido oficialmente por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el inventario de cauces naturales. Además, aseguran que esa misma rambla ha sido utilizada como referencia en planes de emergencia y documentación técnica de industrias ubicadas en el propio polígono industrial.
A juicio del colectivo empresarial, esta situación evidencia una “clara incoherencia” entre administraciones públicas.
Informes periciales, cartografía y estudios geotécnicos
Los empresarios aseguran que durante la tramitación del expediente aportaron abundante documentación técnica y probatoria. Entre ella citan informes periciales especializados, actas notariales, cartografía histórica, documentación técnica y el propio estudio geotécnico de la planta de biogás, que -según afirman- reconoce la existencia del lecho del cauce en la zona afectada.
La asociación considera especialmente grave que todo ese material haya sido desestimado por la CHS y sostiene que la resolución recurrida se apoya esencialmente en una interpretación visual de una fotografía aérea histórica en blanco y negro.
“El Reglamento del Dominio Público Hidráulico obliga a valorar de forma conjunta criterios técnicos, geomorfológicos, históricos e hidrológicos”, sostienen desde la organización empresarial, que considera “insuficiente” el análisis realizado por el organismo de cuenca.
En opinión de los empresarios, la resolución “sienta un precedente muy preocupante”, al negar la existencia de un cauce natural pese a la abundante documentación técnica incorporada al expediente.
“Vamos a llegar hasta el final”
Tras conocer la admisión a trámite del recurso, la Asociación de Empresarios ha mostrado su satisfacción porque considera que la vía judicial permitirá “esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades”.
El colectivo ha anunciado además que llevará el procedimiento “hasta las últimas consecuencias”.
“Vamos a llegar hasta donde haga falta. Si es necesario, se llamará a declarar a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura para que expliquen cómo se ha podido ignorar no solo informes técnicos y pruebas periciales, sino incluso documentación oficial y estudios vinculados al propio proyecto”, señalan.
El expediente queda bajo supervisión judicial
La decisión del TSJ obliga ahora a la CHS a remitir toda la documentación administrativa vinculada al expediente. Ese material permitirá a la Sala analizar en profundidad tanto la tramitación realizada por el organismo de cuenca como los informes y criterios utilizados para negar la existencia del cauce.
La controversia en torno a la planta de biogás de La Polvorista se ha convertido en uno de los conflictos urbanísticos y ambientales más tensos de los últimos meses en la Región de Murcia, en un contexto marcado por la creciente oposición de parte del tejido empresarial del polígono.
Los empresarios insisten en que el asunto trasciende el ámbito estrictamente administrativo y afecta directamente a la seguridad de trabajadores, empresas y al entorno industrial.
“No vamos a permitir que decisiones que pueden afectar a la integridad de las personas y al medio ambiente queden sin aclarar”, concluyen desde la asociación, que reitera que utilizará “todos los medios legales a su alcance” para defender los intereses del polígono industrial.