La maquinaria no se detiene. La planta de biogás que se construye en el polígono industrial de La Polvorista, en Molina de Segura, sigue levantándose sin que el juez se haya pronunciado sobre la petición de paralizar las obras. La solicitud fue presentada en mayo por la Asociación de Empresarios del Polígono, que pidió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia detener el proyecto hasta que se decida si es legal o no. Seis meses después, no hay respuesta. Mientras tanto, las máquinas trabajan cada día y el hormigón ya empieza a marcar el paisaje.
Una planta polémica desde el principio
El Ayuntamiento de Molina de Segura concedió la licencia el 1 de julio de 2024 a la empresa Heygaz Spain S.L., con capital extranjero. La planta cuenta también con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, que emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y una Autorización Ambiental Integrada (AAI).
Sobre el papel, se presenta como un proyecto de energía verde. Pero, según los informes y recursos presentados, esconde graves errores y riesgos importantes.
El proyecto prevé tratar más de 100 toneladas diarias de residuos: restos agroalimentarios, lodos de depuradora, purines y subproductos animales (SANDACH). La ubicación también preocupa: está a menos de 700 metros de un colegio, a 500 de una gasolinera y a menos de un kilómetro de dos industrias químicas catalogadas como peligrosas.
“Es una bomba de relojería en medio del polígono”, advierten los empresarios y vecinos, que recuerdan que el gas que se genera -metano y sulfuro de hidrógeno- puede ser altamente inflamable y tóxico.
Falta de transparencia y acceso a la información
Uno de los aspectos más criticados es la falta de información pública. La licencia se aprobó sin avisar a los vecinos ni publicar el acuerdo, pese a que la ley exige transparencia en proyectos con impacto ambiental. Los empresarios aseguran que no pudieron ver el expediente completo hasta abril de 2025, casi un año después de la aprobación.
Por eso, su recurso judicial alega que el Ayuntamiento de Molina de Segura, gobernado por PP y VOX, vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la información ambiental. De hecho, en un pleno municipal de diciembre de 2024, el propio alcalde reconoció que hubo falta de acceso a la documentación.
Un rambla atraviesa la parcela donde se construye la planta
Uno de los puntos más delicados del caso es que, según los informes técnicos, la planta se está construyendo sobre una rambla natural.
Se trata de una omisión de enorme calado: la existencia de una rambla natural que atraviesa la parcela, identificada en la cartografía oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Ni la DIA ni la Autorización Ambiental Integrada tuvieron en cuenta ese cauce, lo que -según los recurrentes- vulnera la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y el Texto Refundido de la Ley de Aguas, al tratarse de dominio público hidráulico. De confirmarse, la irregularidad implicaría la nulidad radical de toda la tramitación.
El conflicto sobre la parcela 52 del polígono 11 en Molina de Segura no es solo urbanístico ni medioambiental: es una cuestión de legalidad hidráulica. Según la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Polvorista, parte de la zona industrial se asienta sobre un cauce natural intermitente -una rambla- que nunca fue formalmente deslindada y cuya existencia habría sido pasada por alto en el proyecto de construcción de una planta de biogás promovida por la empresa Heygaz.
El pasado 2 de abril, la asociación presentó una solicitud de deslinde ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), acompañada de un informe técnico pericial que demuestra, con base topográfica, cartográfica e histórica, la existencia del cauce. “Durante la revisión del planeamiento urbanístico y la documentación ambiental del proyecto se constató que el cauce atraviesa por completo la finca afectada, pero no se menciona ni en la Declaración de Impacto Ambiental ni en la Autorización Ambiental Integrada”, denuncia el escrito. Se trata de una omisión grave. ¿Cómo es posible que ni la Declaración de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de planta de biogás reconozcan la presencia de este cauce natural, pese a atravesar toda la finca?
El informe pericial -visado oficialmente por el Colegio Oficial de Ingenieros- concluye lo siguiente:
- Sí existe un cauce natural definido, visible en sucesivas fotografías aéreas desde 1956 (vuelo americano), 1969, 1997, hasta ortofotos PNOA recientes.
- La depresión del terreno, el flujo de escorrentías y la vegetación asociada confirman su carácter hidráulico.
- Se trata de una rambla funcional que recoge aguas de una cuenca amplia y las dirige hasta la Ribera de Molina, en el entorno del río Segura.
- El proyecto industrial se levantaría justo en la cota más baja del cauce y en una zona de confluencia de varios afluentes.
Además, la parcela afectada aparece registrada en el Inventario de Cauces de la Región de Murcia, lo que implica un reconocimiento oficial previo de su existencia como cauce natural. A esto se suma que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Molina de Segura clasifica parte del terreno como suelo NP4, reservado a sistemas hidráulicos y zonas de escorrentía.
Es más, según ha podido confirmar RRNEWS, la rambla consta en documentos de la Dirección General de Emergencia de la CARM. También hemos comprobado que la empresa Heygaz ocultó la existencia de la rambla en la Evaluación de Impacto Ambiental. Consta en los informes geológicos que encargó a una empresa externa, pero esa información no se trasladó a la Evaluación de Impacto Ambiental.
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sí la tiene identificada en sus mapas oficiales. Si esto se confirma, significaría que una parte de la obra ocupa dominio público hidráulico, algo ilegal según la Ley de Aguas y que podría anular todo el proyecto.
“Doble rasero” del Ayuntamiento
Los empresarios también denuncian falta de coherencia en las decisiones municipales. En 2018, el Ayuntamiento de Molina denegó otra planta mucho más pequeña en la pedanía de El Fenazar, por considerarla “industria especial” y exigir que estuviera a más de dos kilómetros de las viviendas. Ahora, sin embargo, se autoriza una planta mucho mayor y más peligrosa en pleno polígono urbano.
El error más grave, según la Asociación de Empresarios, es que se ha tramitado como una industria de tipo medio (Grupo B), cuando por tratar residuos animales debería ser de tipo alto (Grupo A), con controles ambientales mucho más estrictos.
Este fallo, dicen, falsea la verdadera naturaleza del proyecto y lo hace incompatible con el suelo donde se está construyendo.
Lo que dicen el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma
Tanto el Ayuntamiento de Molina como la Comunidad Autónoma (CARM) defienden la legalidad del proceso y han pedido al juez que no suspenda las obras. Argumentan que el certificado urbanístico no autoriza la actividad en sí, solo confirma que el proyecto encaja con el planeamiento.
También aseguran que no existe daño ambiental inmediato, ya que la planta no está funcionando todavía, y que suspender las obras supondría pérdidas económicas de unos 20 millones de euros.
Según la promotora, existe incluso un contrato de venta de biometano por valor de 16,4 millones, que se perdería si se paraliza la construcción.
La réplica de los empresarios: “La legalidad está por encima del dinero”
En su último escrito, presentado el 15 de septiembre, la Asociación de Empresarios del Polígono insiste en que el interés económico no puede estar por encima de la ley ni de la salud pública. Añaden que la empresa ni siquiera es propietaria del terreno, sino arrendataria, y que la inversión alegada no está acreditada documentalmente.
También denuncian que la promotora aportó un certificado falso del Registro de Asociaciones de la Región de Murcia para desacreditarles, cuando la asociación está legalmente inscrita y activa desde febrero de 2025.
Jurisprudencia y precedentes
Los empresarios apoyan su demanda en varias resoluciones judiciales recientes. Entre ellas, una sentencia del Tribunal Supremo (2022) y un auto de abril de 2025 que suspendieron otros proyectos por deficiencias en las evaluaciones ambientales. Citan también un caso similar en León, donde un juzgado anuló una planta de biomasa por ocultar información y saltarse la participación pública.
Seis meses sin decisión judicial
El pasado 29 de septiembre, el juez abrió un nuevo trámite de alegaciones sobre la competencia del juzgado, lo que ha vuelto a retrasar la resolución. La asociación de empresarios lo considera una maniobra dilatoria que vacía de sentido la medida cautelar, cuyo objetivo era precisamente evitar que las obras se consoliden antes de que se decida sobre el fondo.
Mientras tanto, las obras siguen su curso. Los vecinos y empresarios observan cómo la estructura crece y temen que, cuando llegue la sentencia, ya sea demasiado tarde para deshacer lo construido.
Un movimiento ciudadano que no se rinde
El caso ha despertado una fuerte reacción social. La plataforma Stop Biogás Molina ha recogido más de 10.000 firmas, organiza charlas y ha presentado denuncias ante la CHS y la Comunidad Autónoma. “No estamos en contra de las energías renovables”, repiten, “sino de una planta mal ubicada, mal tramitada y peligrosa”.
A día de hoy, el futuro de la planta depende de una resolución judicial que aún no llega. El juez deberá decidir si suspende las obras para evitar un posible daño ambiental o si permite que sigan adelante hasta que haya sentencia firme.
El desenlace de este caso marcará un precedente importante en materia de control ambiental y urbanístico. Determinará si los tribunales están dispuestos a aplicar con firmeza el principio de precaución o si la lógica económica seguirá imponiéndose a los derechos ciudadanos y a la protección del entorno.