Conviene dejarlo claro desde el principio, porque lo que sigue no admite equívocos. No estamos ante una entrevista, sino ante una operación de blanqueo político, en la que el presidente regional encuentra un entorno amable para colocar su discurso sin someterlo al mínimo control periodístico.
Se termina antes enumerando por todos los temas cruciales por los que no preguntan para no incomodar ni a López Miras y a su jefa de gabinete: metales pesados en el Campo de Cartagena, respuestas oficiales falsas a través de transparencia, campeones en abandono escolar temprano, bajos salarios, bajas pensiones, campeones en pobreza, peores servicios sociales de España, mayor brecha salarial, altos índices de analfabetismo, baja productividad, desprecio al medio ambiente, despilfarro de dinero público en conciertos privados…etc…
Por otra parte, ¿cuántas leyes está incumpliendo el gobierno de López Miras al él que tanto le preocupa cumplir la ley? Leyes que incumple por las que el periódico La Razón no pregunta: Ley de Vivienda, Ley del Mar Menor, Directiva de Nitratos, Directiva de Aguas, Directiva de Hábitats, Ley de Espacios Protegidos (Porn), Ley de Fauna y Flora…etc…
La Razón: casi 600.000 euros de dinero público por parte de la CARM
Desde 2019, La Razón ha recibido casi 600.000 euros de dinero público del Gobierno regional de Murcia en concepto de publicidad institucional: 76 contratos menores adjudicados por la Consejería de Presidencia y una licitación del Instituto de Turismo (ITREM) por un importe superior a los 70.000 euros. No hablamos de una inserción puntual ni de una campaña aislada, sino de una relación económica sostenida en el tiempo entre un gobierno autonómico y un medio privado.
Ese contexto no aparece en la portada de hoy. Tampoco en la larga y amable “entrevista” al presidente regional. Pero explica por qué Fernando López Miras disfruta de un espacio privilegiado, sin repreguntas incómodas, sin contraste de datos y con una libertad absoluta para colocar su argumentario político. Lo que se publica no es periodismo: es un publirreportaje financiado indirectamente con dinero público.
La pieza arranca incluso antes de que empiece la conversación. Un taxi, una anécdota simpática, un conductor elogioso, el buen tiempo, el Palacio de San Esteban como escenario sereno. Literatura costumbrista para desarmar al lector. El clima perfecto para que el presidente hable sin frenos. Y habla o, más bien, se repite. Si algo ha aprendido estos años es a memorizar argumentario.
Empieza con Vox. «A quien le debe preocupar la subida de Vox es al PSOE, que va a quedar tercero». La frase está pensada para el titular, no para el análisis. Vox no es un actor externo ni un problema ajeno al PP en la Región de Murcia: es su socio imprescindible. Sin Vox no hay presupuestos, ni estabilidad, ni leyes. Pero ese dato desaparece del relato. El crecimiento de la ultraderecha se presenta como una amenaza para otros, nunca como una consecuencia directa de la estrategia del propio Partido Popular. A quién debiera preocupar, y mucho, el ascenso de VOX es al PP.
Obvia que los mayores recortes hídricos llegaron de la mano de Aznar y Rajoy
Después llega el agua, el terreno fetiche. López Miras repite que «en España hay agua suficiente para todos» y promete que, si Feijóo gobierna, habrá un Plan Nacional del Agua. No concreta nada: ni plazos, ni financiación, ni consensos reales entre cuencas. Tampoco menciona el cambio climático, ni la reducción progresiva de recursos, ni los límites físicos del sistema. El agua se convierte en eslogan. El PP de Aragón jamás permitirá un trasvase de agua desde el PP. Y el PP de Castilla La Mancha quiere cerrar el trasvase del Tajo. Lo que anuncia López Miras es tan falso como inviable.
El momento más grave llega cuando aborda el Trasvase Tajo-Segura. El presidente afirma que «propicia el empleo a más de 300.000 personas y genera 4.000 millones de euros». Aquí ya no hablamos de interpretación interesada: hablamos de cifras inventadas. No existe ningún estudio oficial ni académico solvente que respalde esos 300.000 empleos. Ninguno. Es un número inflado, repetido durante años en discursos políticos, que triplica las estimaciones más generosas y mezcla empleo directo inexistente con impactos económicos teóricos. Que un medio publique ese dato sin cuestionarlo no es un despiste: es una renuncia consciente al contraste.
Tampoco se explica que el trasvase no está “condenado por Pedro Sánchez”, como sugiere el presidente, sino condicionado por sentencias firmes del Tribunal Supremo que obligan a respetar caudales ecológicos en el Tajo. No es ideología. Es ley. Pero la legalidad estorba cuando desmonta el relato victimista. Al periodista tampoco se le ocurre preguntar por los largos 11 meses que el gobierno Rajoy mantuvo el trasvase del Tajo a cero. Cerrado. Tampoco menciona cuándo el gobierno de Aznar elevó el mínimo trasvasable.
En agricultura, López Miras se presenta como defensor del campo frente a Mercosur y reclama cláusulas espejo. El discurso suena bien, pero omite un detalle esencial: el Partido Popular ha respaldado durante años acuerdos de libre comercio que han perjudicado al sector primario español. El Partido Popular votó a favor de que el acuerdo UE-Mercosur siguiera adelante en el Parlamento Europeo, y no apoyó los intentos de frenarlo cuando hubo ocasión de hacerlo. Conviene explicarlo con precisión, porque aquí está una de las principales contradicciones del discurso de López Miras. Nadie le pregunta al respecto.
La inmigración se aborda en la entrevista desde un marco que coincide punto por punto con el de Vox. Se reconoce que ha sido “palanca fundamental” del crecimiento económico, pero se insiste en que quien “no se adapte social y culturalmente” no puede estar en España. Ni una palabra sobre la economía sumergida que sostiene buena parte del campo murciano, sobre la precariedad laboral estructural o sobre la responsabilidad de las administraciones que miran hacia otro lado mientras señalan al inmigrante. Ni una palabra sobre los empresarios explotadores que los quieren ilegales para pagar menos.
Hay un momento de la entrevista en el que el discurso de Fernando López Miras deja de ser ambiguo y se vuelve nítido. Ocurre cuando habla de inmigración y pronuncia una frase que no es casual ni inocente:
«El que no cumpla con la ley ni con la adaptación social y cultural… no puede estar en nuestro país».
La expresión merece detenerse, porque no habla de legalidad,un principio básico en cualquier Estado de derecho,, sino de “adaptación cultural”, un concepto deliberadamente impreciso que abre la puerta a la exclusión subjetiva. ¿Quién decide qué es adaptarse culturalmente? ¿El idioma, la religión, las costumbres, la forma de vestir, las tradiciones familiares? López Miras no lo explica. Tampoco se lo piden.
Ese marco no es nuevo. Es exactamente el que lleva años utilizando Vox para desplazar el debate de los derechos y las condiciones materiales a un terreno identitario, donde el inmigrante deja de ser trabajador, vecino o contribuyente y pasa a ser sospechoso permanente de no encajar. López Miras asume ese marco sin citarlo, lo normaliza y lo legitima desde la presidencia de una comunidad autónoma.
La contradicción es evidente. La Región de Murcia depende de forma estructural de la inmigración, especialmente en el sector agrícola. Miles de personas sostienen la producción, la exportación y el crecimiento económico regional. Sin esa mano de obra, el modelo simplemente no funciona. Pero en lugar de reconocer esa realidad y hablar de regularización, inspección laboral, derechos, vivienda digna o lucha contra la explotación, el presidente opta por un discurso que señala al eslabón más débil.
Que este planteamiento se publique sin una sola repregunta -sin pedir definiciones, sin exigir concreción, sin confrontar con datos- confirma que la entrevista no busca esclarecer, sino normalizar. Normalizar que un presidente autonómico hable de “adaptación cultural” como criterio de permanencia en un país sin que nadie le pida explicaciones. No es un lapsus. Es una elección política. Y también una renuncia periodística.
La vivienda se despacha con una frase que roza el insulto a la inteligencia del lector: «El problema empezó cuando llegó Pedro Sánchez«. Décadas de especulación, ausencia de parque público, urbanismo fallido y políticas autonómicas que han agravado el problema desaparecen del relato. A cambio, se promete la construcción de 25.000 viviendas en cinco años sin memoria económica, sin suelo garantizado y sin un plan verificable. López Miras, con competencias en materia de vivienda, no ha construido ni una sola vivienda de protección oficial, se niega a declarar zonas tensionadas de alquiler, incumple las leyes nacionales y regionales de vivienda. Promete viviendas que nunca construye. Su discurso es trilerismo habitacional.
Cuando se habla de Vox, todo se diluye en fórmulas vacías. «Nuestra línea roja es el cumplimiento de la ley». No se mencionan derechos, igualdad, políticas sociales, memoria democrática o violencia machista. Nada de aquello que Vox cuestiona y que el PP ha aceptado negociar cuando ha necesitado sus votos. La “cordialidad” tiene un precio político que no se menciona. Ni una sola pregunta sobre el cierre del centro de menores de Santa Cruz impuesto por VOX. El PP de la Región de Murcia logra aprobar presupuestos con VOX porque se lo da todo.
Y llega el tema financiación. Cuando Fernando López Miras afirma que con Alberto Núñez Feijóo “habrá un acuerdo” y lo “garantiza”, está vendiendo una certeza que no depende de él ni de Feijóo.
Un nuevo sistema de financiación autonómica exige: negociación multilateral con todas las comunidades de régimen común, acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, en la práctica, una mayoría política muy amplia, porque ningún modelo es neutro: siempre hay ganadores y perdedores.
El PP no ha presentado ningún modelo técnico de financiación autonómica: ni bases, ni simulaciones, ni criterios cuantificados. Lo que hay es una promesa electoral sin contenido. Garantizar algo que ni siquiera está formulado no es liderazgo: es retórica.
López Miras también insiste en que habrá consenso “porque todos queremos lo mismo”, salvo “separatistas e independentistas”. Esta afirmación es objetivamente falsa. No existe una posición común entre las comunidades gobernadas por el PP:
- Madrid defiende un modelo basado en mayor autonomía fiscal.
- Andalucía y la Comunitat Valenciana reclaman nivelación por población ajustada.
- Castilla-La Mancha y Aragón priorizan dispersión y envejecimiento.
- Murcia reclama igualdad por habitante, pero sin concretar cómo.
Decir que “todos queremos lo mismo” es borrar conflictos reales entre comunidades del mismo partido. No es que el consenso sea difícil: es que no existe ni siquiera dentro del PP.
En definitiva, López Miras rechaza el sistema actual por injusto, rechaza la reforma propuesta por la ministra Montero porque no le satisface plenamente y promete que mañana, con otro gobierno, habrá consenso y solución. Pero sin explicar nunca cómo, con qué dinero y con qué criterios. Hay una operación discursiva: deslegitimar cualquier propuesta concreta para seguir reclamando sin comprometerse. Con la actual propuesta de financiación, la Región de Murcia recibirá 1.188 millones de euros más al año respecto al sistema vigente. Es el mayor incremento porcentual de todas las comunidades autónomas, cercano al 20 por ciento.
La entrevista del periódico La Razón termina sin sobresaltos, como empezó. Sin fricción. Sin control. Sin periodismo.
Cuando un medio que ha recibido más de 160.000 euros en publicidad institucional del Gobierno regional entrega su portada y un amplio espacio al presidente autonómico, le permite inflar o inventar cifras, evitar datos verificables y desplegar su argumentario político completo sin una sola repregunta incómoda, la cuestión ya no es si la entrevista es amable o complaciente.
La cuestión es dónde termina la información y dónde empieza la propaganda financiada con dinero público.