El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda deja un dato difícil de ignorar: la Región de Murcia recibirá 1.188 millones de euros más al año respecto al sistema vigente. Es el mayor incremento porcentual de todas las comunidades autónomas, cercano al 20 %, según la documentación oficial remitida a los gobiernos regionales. Son los datos objetivos.
Sin embargo, el presidente López Miras lo tilda de «esperpento» pero sigue sin presentar propuesta técnica alternativa y sin explicar por qué una región como Murcia, con poca capacidad tributaria y una deuda regional endiablada, sigue perdonando impuestos a los más ricos, mermando así los recursos disponibles para garantizar servicios básicos esenciales de calidad. López Miras pide un modelo pactado entre todos cuando en realidad no quiere pactar nada porque así lo mandata Génova.
En términos per cápita, el impacto del nuevo modelo de financiación dibuja un mapa muy distinto al del reparto en cifras absolutas. Según estimaciones homogéneas a partir de la propuesta del Gobierno, la Región de Murcia encabeza el ranking de comunidades más beneficiadas, con alrededor de 743 euros más por habitante, seguida de la Comunitat Valenciana (668 euros) y de Castilla-La Mancha (583 euros).
Cataluña, pese a concentrar buena parte del debate político, se situaría en una posición intermedia, con unos 570 euros por persona, mientras que Andalucía rondaría los 556 euros. En el extremo inferior de la tabla aparece Madrid, que, aun recibiendo un importante volumen de recursos en términos absolutos, se quedaría en torno a 360 euros por habitante, una diferencia que pone de relieve que las comunidades que más ganan en conjunto no son necesariamente las que más mejoran la financiación de cada ciudadano.
Los números, al menos sobre el papel, sitúan a la Región de Murcia entre las comunidades más beneficiadas del nuevo sistema.
Más recursos para el sistema, más para la Región de Murcia
El modelo eleva los recursos totales del sistema autonómico hasta 224.507 millones de euros en 2027, lo que supone 20.975 millones más que mantener el esquema actual. Una parte clave de ese incremento procede de una mayor aportación del Estado, que inyecta 19.000 millones adicionales para reducir las diferencias territoriales en financiación por habitante ajustado.
La Región de Murcia se beneficia de ese refuerzo estatal, de los mecanismos de nivelación horizontal y vertical y del nuevo fondo climático, dotado con 1.000 millones de euros, del que reciben una parte significativa las comunidades del litoral mediterráneo como la Región de Murcia. Nada de esto ha servido para suavizar el discurso del presidente regional.
“Esperpento” como respuesta automática
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado la propuesta de “esperpento”. No es una reacción aislada ni novedosa. Haga lo que haga el Gobierno de España, nunca es suficiente. Si los recursos aumentan, son insuficientes; si la mejora es histórica, no corrige el pasado; si los datos son favorables, se ponen en duda.
López Miras no solo rechaza el modelo, también cuestiona las cifras oficiales, sin aportar alternativas. El mensaje es siempre el mismo: nada vale, todo está mal y cualquier iniciativa del Ejecutivo central merece descalificación.
Debemos recordar que el Gobierno murciano lleva años exigiendo un nuevo modelo de financiación autonómica (el actual caducó en 2009) pero se ha negado a presentar su propuesta
El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, llegó a resumir su posición con una frase reveladora «no te la voy a enseñar» al ser preguntado por los detalles del modelo de financiación alternativo que defiende el Ejecutivo murciano.
Un patrón que se repite
Tras la crítica institucional, el recorrido es previsible. Ronda de entrevistas en Antena 3 y Telecinco, mensajes dirigidos al ámbito nacional y un discurso centrado no tanto en el contenido del modelo como en deslegitimar al Gobierno de España. El esquema se repite con cada conflicto: agua, financiación, presupuestos o política territorial.
El nuevo modelo de financiación no ha sido una excepción. López Miras ha vinculado su rechazo al contexto político nacional y a las negociaciones del Gobierno con Oriol Junqueras, dirigente de Esquerra Republicana, condenado por el procés y posteriormente indultado y amnistiado. El argumento no entra en los números, sino en quién se sienta a negociar.
Nuevos criterios en la población ajustada
Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los pilares del nuevo modelo de financiación autonómica es la población ajustada, el indicador que determina el reparto de recursos entre comunidades en función de sus necesidades reales de gasto.
A diferencia de un criterio estrictamente poblacional, la población ajustada pondera variables demográficas, socioeconómicas y territoriales que influyen directamente en el coste de los servicios públicos. No cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria en una comunidad envejecida que en otra con mayor población joven, del mismo modo que las necesidades educativas aumentan allí donde hay más población en edad escolar o universitaria.
Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero un proceso de negociación con las comunidades autónomas para revisar estos criterios. Ante la falta de consenso, fueron las propias autonomías las que reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta concreta, que es la que ahora se ha puesto sobre la mesa.
Nuevos criterios en la población ajustada
Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, el nuevo modelo de financiación autonómica introduce cambios relevantes en el criterio de población ajustada, una de las piezas clave para determinar cuántos recursos recibe cada comunidad autónoma. No se trata de contar habitantes sin más, sino de medir cuánto cuesta realmente prestar los servicios públicos en cada territorio.
El reparto de fondos se define así en función de variables demográficas, sociales y geográficas que influyen directamente en el gasto. Una comunidad con una población más envejecida soporta mayores costes sanitarios y asistenciales, mientras que otra con más población joven concentra un mayor esfuerzo en educación. El modelo intenta reflejar esas diferencias para ajustar la financiación a las necesidades reales.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que el Ejecutivo abrió el pasado mes de febrero un proceso de negociación con las comunidades para actualizar estos criterios. La falta de consenso llevó finalmente a que fueran las propias autonomías las que reclamaran al Gobierno una propuesta concreta, que es la que ahora se presenta.
En esa propuesta, la población empadronada sigue siendo una referencia fundamental, con un peso del 30 % en el cálculo total. Pero el mayor ajuste se produce en el ámbito sanitario, a través de la denominada población protegida equivalente, que representa el 38 % del indicador. Este parámetro se ha afinado de forma significativa: pasa de siete a veinte grupos de edad, lo que permite estimar con mayor precisión el coste sanitario asociado a cada tramo de población.
El gasto educativo también gana peso y se calcula teniendo en cuenta no solo la población entre 0 y 17 años, sino también a los jóvenes de 18 a 24 años y a los estudiantes universitarios que se desplazan a otras comunidades. Con ello se reconoce, por primera vez, el coste que asumen los territorios que acogen alumnado procedente de otras regiones.
En el ámbito de los servicios sociales, el modelo pone el foco en la población mayor de 65 años, diferenciando entre quienes tienen entre 65 y 79 años y los mayores de 80, un grupo con mayores necesidades asistenciales. A este indicador se suma el número de personas desempleadas sin prestación, como aproximación a las situaciones de pobreza y exclusión social que también generan demanda de servicios públicos.
El nuevo sistema incorpora además factores territoriales que influyen en el coste de los servicios y que afectan especialmente a las comunidades con problemas de despoblación. La superficie, la dispersión de la población, la insularidad o los llamados costes fijos -que reconocen la dificultad de alcanzar economías de escala en territorios con baja densidad demográfica- se integran en el cálculo para reflejar mejor las diferencias entre comunidades.
Más capacidad tributaria para las comunidades
Otro de los ejes del nuevo modelo es el refuerzo de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas. La mayor parte de su financiación procede de impuestos cedidos por el Estado, y la propuesta del Gobierno busca ampliar esa cesión para dotar a las autonomías de más ingresos y mayor autonomía fiscal.
En la práctica, el modelo incrementa de forma significativa los recursos disponibles a partir de los tributos compartidos. El cambio más relevante afecta al IRPF y al IVA, cuya cesión aumenta hasta el 55 % y el 56,5 %, respectivamente. Además, se incorporan al sistema impuestos que hasta ahora no formaban parte del modelo, como los vinculados al patrimonio, los depósitos bancarios, el juego o el depósito de residuos en vertederos.
Con estos ajustes, la capacidad tributaria de las comunidades aumentará en casi 16.000 millones de euros en 2027, reforzando su margen financiero y su corresponsabilidad fiscal.
Solidaridad y corrección de desigualdades
El modelo mantiene y refuerza los mecanismos de solidaridad interterritorial a través de la nivelación horizontal y vertical. La primera garantiza que ninguna comunidad quede por debajo del 75 % de la media de financiación por habitante ajustado, de modo que las regiones con menor capacidad tributaria reciben recursos adicionales y las mejor situadas contribuyen al equilibrio del sistema.
La nivelación vertical visibiliza la aportación directa del Estado para reducir las diferencias territoriales. Con una inyección de 19.000 millones de euros, el objetivo es recortar en dos tercios la distancia entre las comunidades con mayor y menor financiación por habitante, tomando como referencia a la Comunidad de Madrid.
Un sistema más flexible
El nuevo modelo se completa con otros instrumentos que aportan flexibilidad. Entre ellos, el mecanismo del IVA de las pymes, de carácter voluntario, que permite a las comunidades participar en la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas de su territorio sin que ello afecte a los recursos del resto.
Como elemento final, se establece una garantía de statu quo para asegurar que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior. Un cierre que refuerza la estabilidad del sistema y evita pérdidas en la transición al nuevo modelo.
Cuando el relato pesa más que los datos
El resultado es un discurso en el que los datos nunca bastan y el incremento real de recursos queda eclipsado por la confrontación política. Sin embargo, los hechos permanecen: 1.188 millones de euros más cada año, el mayor aumento porcentual del sistema y una mejora clara en términos per cápita.
Criticar al Gobierno de España es legítimo. Cuestionar un modelo también. Pero convertir cualquier medida en un “esperpento” forma parte de un guion conocido, más orientado al enfrentamiento político y a la proyección mediática que al análisis riguroso de los efectos reales para la Región.
El nuevo modelo de financiación otorga más recursos por habitante a la Región de Murcia que a Cataluña. Los datos desmienten el relato del expolio y el discurso del PP.
*Las cifras per cápita son estimaciones orientativas, calculadas dividiendo el incremento absoluto de financiación entre la población real de cada comunidad. El reparto definitivo se realizará en función de la población ajustada, cuyos datos desagregados aún no se han publicado.