La portavoz de Podemos-IU-Alianza Verde en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido la dimisión de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, tras la polémica generada por la negativa inicial del Gobierno regional a facilitar un informe sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
El documento, titulado “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena”, fue encargado por el Ejecutivo autonómico y, según expuso Marín en el pleno de control, revela la presencia de altos niveles de metales pesados en tierras de cultivo del arco sur de la comarca. Sin embargo, el pasado 2 de febrero, la Consejería respondió oficialmente a una solicitud de acceso a la información pública presentada por el investigador José Matías Peñas asegurando que esos informes “no existían” tal y como informó RRNEWS.
Dos días después, el vicerrector de la UPCT desmintió esa afirmación. A raíz de esa rectificación pública, el Gobierno regional modificó su versión y reconoció que el trabajo había sido entregado, aunque sostuvo que no cumplía los objetivos y fines establecidos y anunció que reclamaría a la Universidad los 293.000 euros abonados por el estudio.
“¿Por qué mintió el 2 de febrero?”
Durante su intervención parlamentaria, Marín cuestionó directamente a la consejera: “¿Por qué mintió el 2 de febrero? ¿Por qué dijo que esos informes no existían? ¿Qué está tratando de ocultar?”.
La portavoz exhibió en la Cámara varios mapas incluidos en el estudio, en los que -según afirmó- se detectan concentraciones de plomo “diez veces superiores a los valores máximos tolerables en suelos agrícolas” en amplias zonas del arco sur del Campo de Cartagena.
Marín fue más allá y anunció que su grupo ha denunciado los hechos ante la Fiscalía por un posible delito de prevaricación y falsedad en documento público. “Usted no solo ha mentido, sino que ha incurrido en un posible delito de prevaricación y falsedad en documento público”, afirmó en el pleno.
Además, advirtió de las posibles implicaciones sanitarias si se confirmaran los niveles de contaminación reflejados en el informe: “Si estos niveles de contaminación se confirman, usted y el Gobierno regional pueden estar poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población y la salud de los trabajadores”.
La respuesta de la consejera
En su turno de réplica, Rubira no aclaró por qué la Consejería afirmó en un documento oficial que el informe no existía. La consejera trasladó la responsabilidad a la institución académica y sostuvo que el estudio debía cumplir determinados requisitos formales y técnicos vinculados a la subvención concedida.
“El objetivo del estudio era obtener un diagnóstico de la calidad de suelos agrícolas del Campo de Cartagena. Debía reunir los requisitos formales y técnicos por los que se realizó la subvención. Confiamos en que la UPCT pueda subsanar esta situación. Nuestro objetivo es disponer de los datos y acometer las actuaciones que correspondan”.
La controversia abre un nuevo frente político en torno a la gestión ambiental del Campo de Cartagena, un territorio especialmente sensible por su proximidad al Mar Menor y por el histórico debate sobre el impacto de la actividad agrícola en la zona. A la espera de que se aclare el alcance técnico del informe y su validez administrativa, el choque entre Gobierno y oposición ya ha derivado en un posible recorrido judicial.
La normativa estatal establece límites precisos de metales pesados en los primeros 25 centímetros del suelo agrícola y marca el umbral a partir del cual la administración debe intervenir. El Real Decreto 1051/2022 fija los valores máximos de plomo, cadmio o mercurio en suelos agrícolas y obliga a actuar si se superan. Las concentraciones de plomo detectadas en zonas del campo de Cartagena superan los 1000 mg/kg de tierra. Los límites legales máximos son 100 mg/kg de tierra. Con esas concentraciones debería estar prohibida la agricultura en esa zona.