Que un gobierno oculte información incómoda ya es grave. Que lo haga cuando esa información afecta directamente a la seguridad alimentaria, a la salud pública y a la protección de los trabajadores del campo traspasa una línea roja. Eso es exactamente lo que denuncia Podemos en la Región de Murcia: la ocultación deliberada por parte del Ejecutivo de Fernando López Miras de un informe oficial que constata altos niveles de metales pesados en suelos agrícolas del Campo de Cartagena, donde se cultivan hortalizas destinadas al consumo humano.
El informe no es una filtración ni un estudio externo. Fue encargado por la propia Consejería de Agricultura, financiado con 293.035 euros de fondos públicos y elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena. Según la documentación aportada, el trabajo fue ejecutado, entregado y justificado en mayo de 2025, pero desde entonces permanece oculto a la ciudadanía.
Plomo diez veces por encima del límite legal y cadmio cinco veces superior al máximo permitido
La gravedad del contenido explica el silencio. Tal y como expuso la diputada regional de Podemos María Marín, el estudio revela que en amplias zonas agrícolas del arco sur del Campo de Cartagena, próximas a la Sierra Minera, se detectan:
- Valores de plomo que superan más de diez veces los límites legales en suelos agrícolas.
- Niveles de cadmio cinco veces por encima del umbral admisible.
- Concentraciones muy elevadas de zinc y cobre.
Los mapas incluidos en el informe, que adelantó RRNEWS, identifican extensas áreas marcadas en rojo, que corresponden a concentraciones superiores a 1.000 mg/kg de plomo, 500 mg/kg de zinc, 50 mg/kg de cobre y 5 mg/kg de cadmio.
No se trata de parcelas aisladas ni de episodios puntuales, sino de una contaminación estructural de suelos agrícolas donde se producen alimentos que llegan a los consumidores. “Aquí hay un grave problema que puede afectar a la seguridad alimentaria, a la salud pública y a la seguridad de los trabajadores del campo”, advirtió Marín.
Un encargo oficial financiado con dinero público
El origen del informe está perfectamente documentado. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 23 de noviembre de 2023, se concedió de forma directa una subvención de 293.035 euros a la UPCT para desarrollar el proyecto titulado: “Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación”
Las normas reguladoras de la subvención establecían expresamente la obligación de ejecutar el estudio, presentar una memoria justificativa y entregar los resultados técnicos derivados del mismo.
El informe existe, pero la Consejería dice que no
La contradicción que ha llevado el caso a la Fiscalía Superior de Justicia de la Región de Murcia es difícilmente explicable. Según recoge la denuncia, el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la UPCT declaró públicamente al diario La Verdad que: “El estudio se ha realizado y se han entregado todos los informes (…) la subvención fue justificada en el mes de mayo de 2025”.
Y añadió: “Nosotros no tenemos comunicación oficial ninguna desde que en mayo entregamos todo y justificamos”.
Sin embargo, apenas unos meses después, mediante Orden de 4 de febrero de 2026, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió inadmitir una solicitud de acceso a la información pública alegando que “el trabajo no se ha realizado” y que la información solicitada no obraba en poder de la Administración. Incluso se afirmaba que se había iniciado un procedimiento de reintegro de la subvención.
Posibles delitos: prevaricación, falsedad documental y fraude de subvenciones
Ante esta situación, Podemos ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía solicitando la apertura de diligencias de investigación por si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal. En el escrito se citan expresamente posibles vulneraciones de: Artículo 404 del Código Penal (prevaricación), Artículos 390 y siguientes (falsedad en documento público), Artículo 413 (ocultación de documentos) y Artículo 308 (fraude de subvenciones).
La denuncia subraya la “aparente contradicción” entre el encargo público del estudio, su ejecución y entrega, la existencia de resultados técnicos y una resolución administrativa que afirma lo contrario, lo que podría suponer “la consignación de hechos contrarios a la realidad en actos administrativos dictados por autoridad pública”
Comparecencia urgente en la Asamblea Regional
Además de la vía judicial, Podemos ha solicitado formalmente la comparecencia urgente de la consejera de Agricultura en el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, para que explique la denegación del acceso a la información pública y las razones por las que se ha ocultado un informe de esta relevancia
Silencio, opacidad y una pregunta clave
El Gobierno regional guarda silencio. No ha explicado por qué un informe que existe, que fue entregado y pagado con dinero público, se niega oficialmente. Tampoco ha aclarado si las hortalizas cultivadas en esos suelos contaminados han llegado -o siguen llegando- a los mercados.
La pregunta es inevitable: ¿qué está protegiendo el Ejecutivo de López Miras al ocultar este informe? Porque cuando lo que se esconde afecta a la cadena alimentaria y a la salud de la población, la opacidad deja de ser una estrategia política para convertirse en un problema democrático de primer orden.
RRNEWS seguirá investigando. Porque cuando un gobierno decide mirar hacia otro lado ante datos científicos incómodos, lo que está en juego no es solo su credibilidad, sino el derecho de la ciudadanía a saber qué está comiendo y en qué condiciones se produce.