La investigación judicial por el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en el que murieron trece personas el 1 de octubre de 2023, entra en una nueva fase clave. El Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha acordado abrir diligencias previas específicas por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la actuación del Ayuntamiento de Murcia y, de forma paralela, prorrogar por tercera vez el plazo de instrucción de la causa principal por homicidio imprudente, que se extenderá hasta el 1 de abril de 2026. Las familias, representadas por el abogado José Manuel Muñoz, valoran positivamente la decisión.
Las resoluciones, dictadas todas el 29 de diciembre de 2025, suponen un punto de inflexión en el procedimiento y confirman que la investigación judicial no se limita a lo ocurrido la noche del incendio, sino que alcanza también a la gestión administrativa previa, especialmente en materia de licencias, inspecciones y control de actividades
Una causa penal separada para investigar la actuación municipal
La magistrada instructora ha ordenado la incoación de diligencias previas independientes por presunta prevaricación administrativa, tras deducir testimonio de las querellas presentadas por las acusaciones particulares. El juzgado asume así el criterio fijado previamente por la Audiencia Provincial de Murcia, que había descartado la posibilidad de investigar este delito dentro de la causa principal por homicidio imprudente al no apreciar conexión directa entre ambos ilícitos.
La decisión judicial delimita con claridad dos procedimientos paralelos: por un lado, la causa principal en la que se investiga si existió homicidio por imprudencia grave; por otro, una nueva línea penal destinada a analizar si autoridades o funcionarios municipales incurrieron en prevaricación en el ejercicio de sus funciones antes de la tragedia.
El objeto de esta nueva investigación será examinar si la actuación administrativa del Ayuntamiento de Murcia -en ámbitos como urbanismo, disciplina de actividades, seguridad y prevención de incendios– se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le correspondían en materia de protección de la seguridad ciudadana.
En este contexto, resulta especialmente llamativa la posición pública del alcalde de Murcia, José Ballesta, que no ha recibido a las familias de las 13 víctimas del incendio, pero sí reclamó públicamente que se depurasen responsabilidades “caiga quien caiga”.
Una declaración que, a la luz de las resoluciones judiciales conocidas ahora, adquiere una nueva dimensión política e institucional, al abrirse una causa penal específica para investigar la posible prevaricación administrativa en el seno del propio Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Murcia sabía desde 2018 que las salidas de emergencia de las discotecas Teatre y La Fonda eran una ratonera. Tres informes constataron que las salidas de emergencia estaban bloqueadas, pero la información nunca llegó al Servicio de Prevención de incendios.
Así intentaron explicar los concejales de urbanismo de los últimos años, Antonio Navarro Corchón (PP) y Andrés Guerrero (PSOE) por qué las discotecas Teatre y La Fonda permanecían abiertas sin licencia y por qué no se ejecutó la orden de cierre firmada en octubre de 2022.
Licencias, inspecciones y controles bajo la lupa judicial
Aunque las resoluciones no entran aún en el fondo del asunto, sí dejan claro que la Justicia considera necesario analizar de forma autónoma todo el entramado administrativo que rodeaba a los locales siniestrados antes del incendio.
Las querellas de las acusaciones particulares, ahora canalizadas en un procedimiento separado, ponen el foco en la tramitación y vigencia de licencias, la existencia o no de inspecciones efectivas, el seguimiento de expedientes administrativos, y la adopción de medidas correctoras ante posibles irregularidades.
La apertura de esta nueva causa penal permite investigar si hubo decisiones arbitrarias, omisiones relevantes o resoluciones contrarias a derecho, elementos que configuran el delito de prevaricación administrativa según el Código Penal.
Para las familias de las víctimas, esta decisión judicial supone un avance sustancial, al abrir la puerta a depurar no solo responsabilidades individuales, sino también eventuales responsabilidades institucionales.
La investigación principal sigue abierta: tercera prórroga hasta abril de 2026
De forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 3 ha acordado una tercera prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal por homicidio imprudente. El nuevo límite se fija en el 1 de abril de 2026, tras considerar acreditada la complejidad del procedimiento y la existencia de diligencias esenciales aún pendientes.
El auto judicial realiza un exhaustivo repaso de más de dos años de investigación, desde la incoación de las diligencias previas en octubre de 2023 hasta las últimas actuaciones practicadas en noviembre y diciembre de 2025. El volumen del procedimiento es significativo: decenas de investigados y testigos, múltiples informes periciales, actuaciones de Policía Científica, Inspección de Trabajo y peritos judiciales, y una ingente documentación técnica y administrativa.
La póliza del proyectista, clave para cerrar la instrucción
La magistrada fundamenta la nueva prórroga en un elemento concreto: la falta de incorporación a la causa de la póliza de responsabilidad civil del ingeniero proyectista investigado, documentación que fue requerida el 24 de diciembre de 2025.
Según el juzgado, esta diligencia es esencial para concretar la responsabilidad civil derivada del delito, así como para valorar correctamente el conjunto del material instructor ya recopilado. Sin esa información, cerrar la instrucción resultaría prematuro e incompatible con las exigencias legales del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El auto subraya que la prórroga concedida -tres meses- se considera suficiente “por ahora”, sin perjuicio de lo que pueda resultar una vez practicada la diligencia pendiente.
Un procedimiento que se bifurca, pero no se diluye
Lejos de diluir responsabilidades, las decisiones adoptadas por el juzgado ordenan y refuerzan la investigación. La separación de la prevaricación administrativa en una causa autónoma permite profundizar en la actuación municipal sin contaminar procesalmente la investigación por homicidio imprudente, mientras que la prórroga garantiza que la causa principal se cierre con todos los elementos necesarios.
Además de la causa principal por homicidio imprudente, el procedimiento judicial incorpora otras líneas de investigación de enorme calado que refuerzan la complejidad del caso. El juzgado investiga también la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de nuevos hechos revelados durante la instrucción y de informes técnicos y testificales que apuntan a posibles incumplimientos en materia de seguridad laboral.
A ello se suma el examen del papel desempeñado por los colegios profesionales de ingenieros y arquitectos, llamados a aclarar qué proyectos fueron visados, en qué fechas y con qué alcance técnico, así como la eventual responsabilidad civil derivada de esos visados.
La investigación alcanza incluso a la trazabilidad digital de la actuación municipal, con requerimientos para acceder a copias de seguridad completas de los sistemas informáticos del Ayuntamiento, metadatos y registros técnicos, una medida poco habitual que evidencia la voluntad judicial de reconstruir los hechos sin limitarse al expediente administrativo formal y de despejar cualquier duda sobre omisiones, decisiones arbitrarias o fallos de control previos a la tragedia. Como informó RRNEWS en exclusiva, el Ayuntamiento de Murcia facilitó a la juez un expediente al que faltaban documentos clave.
El caso Teatre–Fonda Milagros se consolida así como uno de los procedimientos judiciales más complejos y sensibles de los últimos años en la Región de Murcia, no solo por el número de víctimas, sino por las preguntas de fondo que plantea sobre control administrativo, seguridad pública y responsabilidades institucionales.
A más de dos años del incendio, la Justicia deja claro que aún quedan respuestas por obtener. Y que, esta vez, la investigación no se detendrá únicamente en lo ocurrido aquella madrugada, sino también en todo lo que pudo fallar antes.