El Ayuntamiento de Murcia vuelve a la carga. Diez años después de que el Tribunal Supremo tumbara la Modificación número 50 del Plan General -la que permitió levantar la urbanización Joven Futura sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Segura- el Gobierno municipal impulsa ahora una nueva maniobra: la Modificación número 150.
Se hace, además, sobre un Plan General aprobado en 2001, caducado, obsoleto y con múltiples heridas judiciales. Nada de esto importa: PP y PSOE se han alineado para sacar adelante un avance que se llevará al Pleno del 27 de noviembre. Los dos grandes partidos, enemigos en el discurso, socios en el urbanismo cuando hay votos en juego.
«Amnistía al pelotazo del PP»
La Asociación de Vecinos Senda de Granada ha expresado su rechazo frontal a la modificación urbanística aprobada por la Comisión de Urbanismo en el ámbito de Joven Futura, denunciando que lo que el Ayuntamiento presenta como una “regularización” es, en realidad, una amnistía urbanística destinada a blanquear la operación especulativa que el Partido Popular impulsó hace dos décadas sobre la huerta protegida de Espinardo.
La entidad vecinal señala que el proceso ha estado marcado por la opacidad, el bloqueo del expediente a la parte interesada y un giro político injustificable del PSOE y algunos de sus concejales, que ahora respaldan una amnistía de la urbanización cuya reclasificación fue anulada por el Tribunal Supremo por ilegal y que durante veinte años rechazaron públicamente. “Estamos ante el intento de otorgar cobertura administrativa a una urbanización que nació ilegal y que sigue siendo ilegal a día de hoy”, advierten.
Senda de Granada afirma que la modificación aprobada no aporta verdadera seguridad jurídica, sino que reproduce los mismos vicios que llevaron al Supremo a anular la reclasificación en 2015. La asociación subraya que el proceso de tramitación ha estado plagado de trabas, ya que, pese a estar personada como interesada, el Ayuntamiento ha bloqueado el acceso a la documentación completa desde el 3 de octubre, vulnerando la obligación legal recogida en el artículo 53 de la Ley 39/2015. “Resulta difícil hablar de transparencia cuando se oculta a los vecinos el expediente que se va a aprobar, mientras se difunden notas de prensa presumiendo de participación ciudadana”, lamentan.
«Benefician a un reducido grupo de promotores»
La entidad denuncia que la modificación privilegia a un reducido grupo de promotores y beneficiarios del desarrollo ilegal, sacrificando el interés general, el cumplimiento de la legalidad urbanística y consolidando un modelo de ciudad basado en excepciones y no en planificación responsable. Mientras tanto, los vecinos de Espinardo, los huertanos expropiados y otros afectados siguen siendo ignorados por la Administración.
El giro radical del PSOE
Senda de Granada considera especialmente grave el giro radical del PSOE municipal, con concejales que durante dos décadas votaron en contra de esta reclasificación, presentaron alegaciones, denunciaron el atentado a la huerta y defendieron los valores ambientales del entorno. Ahora, sin justificación técnica, respaldan una operación que antes calificaban de ilegal y ambientalmente inaceptable. “Este cambio no es técnico: es estrictamente político”, remarcan.
La asociación señala también afirmaciones “alarmantes” del concejal socialista Guerrero, que ha declarado públicamente que las 1.300 viviendas se construyeron en suelo público, cuando -según recuerda la entidad-son suelos de promotores privados, lo que evidencia un desconocimiento grave del expediente o un intento deliberado de confundir a la ciudadanía.
Otro punto “que el Ayuntamiento intenta ocultar”, según Senda de Granada, es el escándalo de las VPO. Casi un 20 % de las viviendas protegidas de la urbanización ya han sido revendidas y en la llamada “torre VIP” la cifra asciende al 30 %, con precios que duplican el coste inicial pese a contar con ayudas públicas. “Estamos ante un pelotazo millonario construido sobre viviendas protegidas y sobre suelo de huerta que nunca debió reclasificarse”, denuncian.
Para la Asociación, lo que está haciendo el Ayuntamiento, con la connivencia del PSOE, no es reparar una situación irregular, sino legitimar una urbanización ligada al actual gerente del PP en la Región de Murcia, cuya gestora obtuvo cerca de diez millones de euros de beneficio. Todo ello, recuerdan, pese a que esa actuación fue declarada ilegal por sentencia firme del Tribunal Supremo y pese a que vulnera los principios básicos de disciplina urbanística, comprometiendo de nuevo el valor ambiental, jurídico e histórico de la huerta.
“Lo que ha ocurrido hoy no es una regularización. Es una amnistía urbanística del pelotazo del PP, ahora avalada por un PSOE que ha renunciado a sus posiciones históricas y a la legalidad avalada por el Supremo. Y todo ello, además, negando deliberadamente el acceso al expediente a la parte interesada”, concluye la presidenta, Ángela Tortosa.
Nuevas acciones judiciales
Finalmente, Senda de Granada informa de que ya están ultimadas nuevas acciones judiciales, incluyendo actuaciones penales derivadas de un caso recientemente detectado sobre la urbanización y de las últimas decisiones administrativas del Ayuntamiento. La documentación está siendo analizada por su equipo jurídico, que incorporará estos indicios a los procedimientos correspondientes ante el juzgado de instrucción competente, con el objetivo de depurar posibles responsabilidades y garantizar el pleno cumplimiento de la legalidad urbanística y administrativa.
PP y PSOE: unidad cuando conviene
PP y PSOE no coinciden en casi nada salvo cuando el urbanismo se cruza con votos. En Joven Futura, ambos han decidido caminar juntos sin levantar la voz. No hay reproches, no hay dudas. Sólo un objetivo compartido: presentarse ante el vecindario como los garantes de su estabilidad urbanística. «El Ayuntamiento de Murcia impulsa la regularización urbanística de Joven Futura» dice la nota de prensa del PP. “La modificación protege jurídicamente a las viviendas construidas y mejora la movilidad y seguridad peatonal en Joven Futura” asegura el concejal socialista, Andrés Gerrero.
Un Plan General envejecido
La modificación se impulsa sobre el PGOU de 2001, un documento que necesita una revisión completa desde hace años. Pero, en lugar de abordar esa tarea estructural, el Ayuntamiento sigue parcheando. La modificación número 150 se convierte así en el último injerto sobre un plan que ya no aguanta más remiendos.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede estirarse un planeamiento superado y cuestionado, utilizado para encajar decisiones que los tribunales ya invalidaron?
Accesos, equipamientos y la eterna lista de promesas
El Gobierno municipal insiste en las mejoras previstas: nuevos accesos, carril bici, ampliación del vial de entrada, y la reactivación de equipamientos públicos que llevan años anunciándose. Lo mismo que ya figuraba sobre el papel en el pasado y que nunca se materializó.
Joven Futura sigue arrastrando esos déficits desde su origen, pero ahora se venden como novedades para justificar una modificación que repara errores que nunca debieron ocurrir.
“Desbloqueo” para el Ayuntamiento; para otros, una maniobra política
El concejal Navarro Corchón defiende que “se desbloquea” una situación enquistada. Pero en Joven Futura todo huele a otra cosa: a urgencia electoral, a una carrera por apuntarse el tanto, a un gesto que intenta mostrar eficacia donde antes hubo negligencia administrativa y huele, por encima de todo, a negocio