La Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste ha lanzado una acusación directa contra la urbanización Joven Futura, ubicada en la pedanía murciana de Espinardo. El colectivo sostiene que la zona, levantada sobre suelo de huerta protegido y cuya reclasificación fue anulada por el Tribunal Supremo en 2015, se ha convertido en “un gran negocio especulativo de vivienda de protección oficial”, mientras las administraciones públicas permanecen impasibles.
Las denuncias se apoyan en dos notificaciones oficiales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, fechadas el 6 de noviembre de 2025, que responden a solicitudes de acceso a la información pública solicitadas por la asociación vecinal. Según la documentación, en la urbanización se han autorizado ya 227 ventas anticipadas de viviendas protegidas acogidas a los planes estatales 2005-2008 y 2009-2012. Si se comparan esas cifras con las 1.232 viviendas construidas en la primera unidad de actuación, casi una de cada cinco VPO ha cambiado de manos.
Reventas en la torre “VIP”
Uno de los datos más llamativos se sitúa en el edificio más alto del complejo residencial, conocido popularmente como la torre “VIP”. Allí se concentraron viviendas de dirigentes y allegados de la cooperativa promotora y de la empresa gestora del proyecto, Novel Stamp. Según la información facilitada por la Administración autonómica, alrededor del 30 por ciento de esas viviendas ya se ha vendido por precios superiores a los 200.000 euros.
La Asociación vecinal sostiene que este porcentaje “desmonta la imagen de un proyecto de vivienda social destinado a familias necesitadas” y lo transforma en una operación de inversión pública subvencionada, en la que parte de los beneficiarios habrían obtenido importantes plusvalías mediante la reventa de sus casas protegidas.
VPO “para toda la vida útil”, pero aptas para especular
La CARM confirma en su respuesta oficial que estas viviendas cuentan con un régimen de protección mínima de 30 años, sin posibilidad de descalificación voluntaria, lo que implica que jurídicamente siguen siendo VPO. Sin embargo, resulta contradictorio -denuncia la Asociación- que, pese a no permitir su descalificación, sí se hayan autorizado centenares de transmisiones anticipadas, incluso en un marco urbanístico declarado ilegal.
En palabras de la asociación, ello configura una suerte de “mercado negro de VPO con sello oficial”, que incluiría anuncios de venta por 200.000 euros o más y ofertas de alquiler, pese a que la normativa prohíbe arrendarlas si se adquirieron como VPO para uso propio. Según recuerda el colectivo vecinal, los precios de compra estuvieron entre 90.000 y 125.000 euros entre 2008 y 2012, lo que elevaría la revalorización a un incremento próximo o igual al 100 % en apenas una década.
De la huerta expropiada al “pelotazo” inmobiliario
Los vecinos resumen la evolución del proyecto en dos fases:
- Primera etapa (2000-2015): reclasificación de la huerta y expropiación a precios reducidos, bajo el argumento de promover un gran plan de vivienda social para jóvenes. Mientras la Justicia no había dictado sentencia, se levantaron más de 1.200 viviendas. La gestora Novel Stamp -según los datos citados del Registro Mercantil en la nota vecinal- habría facturado más de 10 millones de euros y obtenido varios locales comerciales.
- Segunda etapa (2025): intento de “regularización” urbanística en el Ayuntamiento de Murcia impulsado por el Partido Popular, con el apoyo -según la Asociación- del PSOE. El objetivo, según sostienen, sería sanear la situación jurídica, permitir en el futuro la descalificación de las viviendas protegidas y blanquear las reventas ya realizadas.
Próximos pasos legales
El gabinete jurídico que representa a los vecinos anuncia que continúa recopilando información para presentar querellas relacionadas con la reclasificación urbanística de la huerta y la presunta utilización del modelo VPO como vía para obtener beneficios inmobiliarios injustificados.
Este asunto abre un debate de alcance regional: ¿puede una vivienda protegida financiada con ayudas públicas convertirse en un activo especulativo sin perder su condición social? ¿Hasta qué punto pueden las administraciones autorizar operaciones de compraventa cuando el planeamiento fue anulado judicialmente?
La Asociación Senda de Granada exige responsabilidades y reclama que se garantice que la vivienda protegida cumpla su fin original: ser un instrumento de acceso digno a la vivienda, no un vehículo de enriquecimiento privado sobre suelo público y protegido.
La Consejería de Fomento sostiene, ante las críticas planteadas, que las viviendas de la promoción Joven Futura -al igual que el resto de las de protección oficial- se rigen por el Decreto 99/2021, por lo que no pueden quedar fuera de esta calificación hasta que no transcurra el plazo de 30 años. Subrayan además que no consta ninguna descalificación en este ámbito. Luego, se trata de viviendas VPO con las que se está especulando mediante la venta y el alquiler.
Según recoge el periódico La Verdad, la CARM precisa precisa que estos inmuebles pueden venderse, aunque bajo determinados requisitos. Para una transmisión anticipada, es necesario solicitar a la administración autonómica la correspondiente autorización y un certificado en el que se determine el precio máximo de venta, calculado a partir de la superficie útil, el módulo de VPO aplicable en el área y la actualización conforme al IPC.
El departamento añade que las personas interesadas en adquirir una de estas viviendas no pueden ser propietarias de otro inmueble y sus ingresos deben ajustarse a los límites legales previstos para quienes acceden a la vivienda protegida. El proceso de compraventa solo tendrá validez jurídica si se acompaña de toda la documentación exigida, que será verificada por la notaría en el momento de la firma, recalcan desde Fomento.