La historia se repite en Murcia. Más de dos décadas después de que el Partido Popular y el Ayuntamiento abrieran la puerta a uno de los mayores pelotazos urbanísticos de la Región, la urbanización Joven Futura -levantada sobre suelo protegido de la huerta de Espinardo- vuelve a escena. En noviembre, el Ayuntamiento retomará los trámites para su “regularización” tras ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo. Lo que algunos presentan como un acuerdo con los vecinos es, en realidad, el último capítulo de un negocio millonario que convirtió una franja de huerta en botín político y económico, y que hoy amenaza con repetirse con la complicidad del PSOE.
El nuevo plan municipal no se limita a reconocer lo ya construido, sino que abre la puerta a reclasificar de nuevo los suelos de huerta colindantes para levantar equipamientos y completar una segunda unidad de actuación. Esto supondría nuevas expropiaciones a los huertanos que, a duras penas, lograron resistir la primera embestida urbanística.
Paralelamente, en los portales inmobiliarios proliferan anuncios de compraventa de estas viviendas “ilegales”, con precios que rondan los 200.000 euros, prácticamente el doble de lo que costaron en su día (entre 90.000 y 140.000 euros). Y todo ello pese a tratarse de VPO aún calificadas y situadas fuera de ordenación, que por ley no pueden descalificarse voluntariamente mientras persista su situación urbanística irregular ni inscribirse con normalidad en el Registro de la Propiedad.
El verdadero objetivo de la legalización
Todo apunta a que la actual maniobra de “legalización” no busca tanto reparar un error urbanístico como regularizar la situación jurídica de las viviendas para que sus propietarios -en su mayoría funcionarios, cargos intermedios y allegados al poder político– puedan venderlas, descalificarlas y convertirlas en viviendas libres, multiplicando así su valor patrimonial.
Legalizar la urbanización supondría eliminar la situación de fuera de ordenación derivada de la sentencia del Supremo, permitir la descalificación de las VPO, tras la devolución formal de las ayudas recibidas y dar cobertura legal a transmisiones, hipotecas y ventas que hoy permanecen en un limbo registral.
En definitiva, el trasfondo económico es evidente: abrir la puerta a una nueva ola especulativa, consolidando un proceso en dos fases perfectamente calculado. Primero, la obtención de suelo barato bajo el pretexto de una finalidad social; después, la revalorización masiva gracias a la legalización política y administrativa.
El mercado negro de las VPO de Joven Futura
En los portales inmobiliarios, las viviendas de Joven Futura se promocionan hoy a un precio de 2.500 euros/m2 útil, una cifra incompatible con el régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Conviene recordar que el precio máximo de venta de una VPO no lo fija el mercado, sino la Administración autonómica, en función de un módulo básico por metro cuadrado útil (MBR) aprobado mediante orden. Además se alquilan viviendas en la urbanización, cosa prohibida, pues la Ley prohibe que los adjudicatarios de viviendas VPO las destinen al alquiler.
Entre 2008 y 2012, periodo en que se calificaron las viviendas de Joven Futura, los precios máximos oscilaban entre 1.000 y 1.400 euros/m2 útil. Así, un piso de 90 m2 útiles, incluyendo garaje y trastero, debía situarse legalmente en una horquilla de 90.000 a 125.000 euros. De hecho, ese fue el rango en que se vendieron originalmente.
Hoy, sin embargo, un piso similar de 80-90 m2 útiles aparece anunciado por 200.000 euros o más, es decir, el doble o incluso más del precio máximo legal como VPO.
Esa disparidad solo puede explicarse de tres maneras según expertos consultados por RRNEWS: Que la vivienda ya haya sido descalificada y convertida en libre, lo cual resulta dudoso porque la urbanización está fuera de ordenación y muchas calificaciones no han alcanzado aún los 30 años; que se esté intentando vender irregularmente, infringiendo el artículo 14 del RD 2066/2008, que limita los precios de las VPO, lo que podría conllevar sanciones e incluso la nulidad del contrato o que se esté especulando con la expectativa de legalización o descalificación, es decir, con una operación de lucro prohibida en un régimen de vivienda protegida.
Es decir, si los pisos de Joven Futura se anuncian a 2.500 euros/m2, se está incumpliendo la finalidad social que justificó la reclasificación de suelo y la expropiación de los huertanos. La Administración no controla las transmisiones ni los precios máximos, y el proceso de legalización que se prepara no tiene como objetivo garantizar el acceso a la vivienda, sino blanquear una operación especulativa.
En definitiva, estos anuncios de venta de pisos son la prueba directa de que el interés general que justificó la destrucción de la huerta ha desaparecido, sustituido por un interés económico privado. Y esa es, en última instancia, la explicación de las prisas actuales por legalizar Joven Futura a cualquier precio.
Profusa, entre otros, pidió la reclasificación como urbanizable
La historia arranca a finales de los años noventa, cuando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia blindó casi 35 hectáreas de huerta entre Espinardo y la autovía. El Estudio de Impacto Ambiental fue claro: aquel espacio, atravesado por acequias históricas como Churra la Vieja, Churra la Nueva o Alfatego, y jalonado por torres, casas señoriales y árboles monumentales, debía preservarse como suelo no urbanizable protegido. Incluso se proyectó una Senda Verde para recorrer a pie, en bicicleta o a caballo ese paisaje singular.
Pero la presión de dos o tres grandes propietarios de parte del terreno, entre los que se encontraba Profusa de Tomás Fuertes, no tardó en llegar. En 1999 reclamaron que esos terrenos se reclasificaran como urbanizables. Pidieron incluso que pasara a ser de alta densidad. El Consistorio lo rechazó: no contemplaba ese tipo de edificabilidad. El Ayuntamiento desestimó las alegaciones: aquel suelo debía quedar a salvo de la especulación.
La protección se consolidó en 2001, con la aprobación definitiva del PGOU. Los vecinos de la zona, pequeños propietarios de huertos, estuvieron de acuerdo. Nadie reclamó lo contrario. Ninguno de los pequeños vecinos dueños de huertos se opuso. Al contrario, aceptaron que sus tierras permaneciesen como rústicas. Quienes presionaban eran los grandes propietarios y promotores.
La cooperativa de 75 euros y el concejal promotor
El giro llegó en 2003, cuando el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y una recién creada cooperativa llamada Joven Futura acordaron la reclasificación de más de 30 hectáreas de huerta protegida para construir 3.000 viviendas. El capital inicial de la cooperativa era de apenas 75 euros. Al frente, Ricardo Zamora López-Fuensalida. La gestión recaía en una empresa gestora constituida pocos meses antes: Novel Stamp fundada por el actual gerente del PP, Alejando Zamora López-Fuensalida, por su padre, Jesús Zamora Fernández, y por el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (ahora procesado por corrupción en caso Umbra).
Pese a la evidente incompatibilidad de intereses, el concejal de Urbanismo Fernando Berberena participó de manera activa en todas las fases del planeamiento. Intervino en los plenos municipales que aprobaron tanto la Modificación puntual número 50 del PGOU como el Plan Parcial ZA-Ed3, defendiendo con vehemencia la reclasificación de la huerta de Espinardo. Las actas reflejan cómo negó la existencia de valores ambientales en la zona y llegó a afirmar, falsamente, que no había informes técnicos en contra, cuando el propio Estudio de Impacto Ambiental del PGOU había señalado de forma expresa que esos suelos debían ser protegidos.
Para justificar la operación se invocó un supuesto interés general, amparado en la construcción de casi 3.000 viviendas de protección oficial, y se ocultó deliberadamente la riqueza cultural, paisajística y natural de los terrenos. A partir de ahí, la cooperativa -en realidad controlada por la familia Zamora– comenzó a hacerse con los suelos necesarios.
Los pequeños huertanos fueron presionados y atemorizados para vender a precios muy por debajo del mercado, bajo el pretexto de que el destino de sus parcelas serían viviendas sociales. Quienes se resistieron fueron objeto de expropiaciones forzosas a esos mismos precios reducidos.
Numerosos testimonios recogen el drama humano: familias obligadas a abandonar el modo de vida que habían mantenido durante generaciones y ancianos que, incapaces de adaptarse al desarraigo y al abuso sufrido, murieron poco después de ser desalojados.
Apellidos ilustres en el listado de cooperativistas
Lo más revelador es que la adjudicación de las viviendas dentro de la cooperativa Joven Futura tampoco resistió un análisis de transparencia. El concurso interno estuvo amañado desde el inicio: entre los beneficiarios aparecieron funcionarios de distintas administraciones públicas -Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Murcia, Confederación Hidrográfica del Segura-, además de familiares de jueces, concejales y altos cargos, o personas directamente vinculadas a quienes habían tramitado e informado el proyecto urbanístico.
La asignación tampoco fue neutral: las mejores viviendas, en las torres altas y con vistas despejadas, recayeron en miembros de la directiva y en sus allegados, mientras que los pisos más ruidosos y próximos a la autovía fueron destinados a socios jóvenes sin influencia ni conexiones políticas. El hermano del concejal de urbanismo Navarro Corchón figura entre los cooperativistas beneficiados, pero hay más, muchos más. El listado de nombres y apellidos explica la tropelía cometida.
Los informes de la CARM y el blindaje político
El 28 de mayo de 2003, el director general de Vivienda, Antonio Navarro Corchón (actual concejal de urbanismo del PP) emitió un informe que amplió todavía más la operación prevista inicialmente: recomendó reclasificar toda la huerta protegida de Espinardo, 314.000 m² en total, y encargar la urbanización a Urbamusa, la empresa pública dirigida entonces por Roque Ortiz, concejal más tarde con Ballesta de alcalde.
El 30 de mayo de 2003, tras destaparse el conflicto de intereses, Berberena fue revocado de Novel Stamp. Admitió haber cedido sus participaciones, pero nunca dijo a quién.
El 15 de julio de 2003, Navarro Corchón insistió en que era necesario modificar la Ley del Suelo para garantizar la operación urbanística de la reclasificación de terrenos. Y así se hizo.
El 21 de julio de 2003, Navarro Corchón elaboró la propuesta definitiva que dio pie a la reclasificación de 314.000 m² de huerta protegida como urbanizables de alta densidad.
Y en 2005, la consejería de Obras Públics validó la Modificación número 50 del PGOU. En noviembre de ese año se aprobó el Plan Parcial ZA-Ed3. Y en 2009, el entonces consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, refrendó el texto refundido de la modificación de suelo.
La oposición vecinal y el Tribunal de Aarhus
Desde el primer momento, los vecinos de Senda de Granada (Espinardo) se opusieron con todos los medios posibles: alegaciones, recursos administrativos, litigios. Pero el acceso a la información era casi imposible: el Ayuntamiento cobraba un euro por cada fotocopia DIN A4 en blanco y negro, lo que suponía pagar más de 1.000 euros por obtener un expediente completo del Plan Parcial o la Modificación del PGOU.
Los vecinos llevaron el caso ante el Tribunal de Aarhus, que condenó al Reino de España a garantizar el acceso a la documentación urbanística sin esas tasas abusivas. Fue la primera gran victoria vecinal.
Del “boom” al Supremo: ilegal y en concurso de acreedores
La urbanización avanzaba mientras tanto a toda velocidad. La prioridad era clara: terminar la primera fase antes de que la justicia pudiera frenar el proyecto. Durante las obras, el destino quiso que saliera a la luz un hallazgo extraordinario: uno de los yacimientos arqueológicos más amplios del Mediterráneo español, con restos romanos y visigodos entre los siglos I y VI d.C.
Entre ellos, una basílica paleocristiana con varios sarcófagos, un horno industrial, aceñas, necrópolis y otros vestigios de gran relevancia. Nada de eso fue suficiente para replantear la urbanización. Nada detuvo las obras.
Tras diez años de litigios, en septiembre de 2015 llegó la sentencia clave: el Tribunal Supremo declaró ilegal la reclasificación de la huerta de Espinardo. Bastó el primero de los ocho motivos alegados por los vecinos para anular la Modificación número 50 del PGOU y el Plan Parcial ZA-Ed3. Era ilegal.
La urbanización quedó dividida en unas 1.232 viviendas terminadas (primera unidad) y una segunda anulada y sin construir. La cooperativa Joven Futura quebró y entró en concurso de acreedores.
El botín económico: más de 10 millones de euros para la empresa fundada por el gerente del PP, Alejandro Zamora
El gran beneficiado fue Novel Stamp, la gestora de la cooperativa. Entre 2006 y 2013, coincidiendo con la construcción de las viviendas y su calificación como VPO (con ayudas estatales y regionales), la empresa facturó 9,97 millones de euros de explotación, en total más de 10 millones de euros según las cuentas a las que ha tenido acceso RRNEWS.
A la gestora Novel Stamp no se le conocen más clientes que la Cooperativa Joven Futura. Está claro que nació con esa única finalidad. Tanto una como la otra dirigidas desde el principio por los hermanos Zamora López-Fuensalida. Al frente de Novel Stamp se encuentra otro de los hermanos, Francisco Zamora López Fuensalida.
Y dado que la cooperativa fue su único cliente, eso supone que ganó 9.740 euros por cada vivienda construida. Además, Novel Stamp recibió como adjudicataria cinco locales comerciales en el edificio F3 de la urbanización.
A partir de 2014, con la paralización judicial, la empresa Novel Stamp se replegó a la gestión de sus propios inmuebles, con ingresos anuales residuales (unos 60.000 euros), probablemente derivados de rentas de esos locales comerciales.
La derivada política: de Joven Futura al PP regional
El caso no frenó las carreras políticas. Alejandro Zamora López-Fuensalida, fundador de Novel Stamp, siguió su ascenso en el Partido Popular:
- Director General del Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región (2013-2018).
- Gerente regional del PP entre 2018 y 2020.
- De nuevo gerente regional del PP desde enero de 2023, hombre de confianza de Fernando López Miras.
Es decir: uno de los arquitectos empresariales de la urbanización Joven Futura es hoy uno de los máximos responsables del PP murciano.
2025: el intento de “regularización”
Ahora, en 2025, el Ayuntamiento de Murcia anuncia que en noviembre retomará los trámites para “regularizar” la urbanización. Urbanismo asegura que los planes han sido valorados positivamente por los vecinos y que existe voluntad de acuerdo con el PSOE.
Pero los propietarios originales de los terrenos, que aceptaron en su día que sus parcelas fueran rústicas y defendieron la legalidad vigente, se sienten marginados de nuevo y mantienen su oposición frontal al pelotazo que algunos pretenden.
Por otra parte son terceros perjudicados. En el ámbito jurídico, se considera “terceros perjudicados” a todas aquellas personas ajenas a la relación directa entre la Administración y los beneficiarios de la VPO que puedan sufrir un perjuicio económico, patrimonial o jurídico como consecuencia de la descalificación.
En el caso de Joven Futura, esos terceros son los huertanos expropiados o forzados a vender sus tierras. Y lo son por una razón esencial:
- El suelo se adquirió o expropió a precio reducido, bajo la condición de que iba a destinarse a viviendas de protección oficial.
- Si esas viviendas dejan de estar protegidas, desaparece el fundamento del precio y del supuesto interés público que justificó la operación.
- La descalificación supondría, por tanto, un enriquecimiento injusto de los beneficiarios y un perjuicio directo a los antiguos propietarios.
Los vecinos de Senda de Granada se preparan para la batalla legal en los tribunales. Los vecinos, cuyos terrenos fueron expropiados a precios reducidos, ya han solicitado a la CARM información precisa sobre cuántas viviendas de Joven Futura han sido descalificadas como VPO y a cuántas se ha autorizado su transmisión.
Son datos clave, porque si una VPO fue construida sobre suelo privado adquirido mediante expropiación barata, esa vivienda no puede ser descalificada sin indemnizar previamente al propietario del terreno en el que se levantó. En juego no está solo la legalidad urbanística, sino la reparación de un agravio histórico contra quienes fueron despojados de su patrimonio en nombre de un supuesto interés social que, hoy, se revela como un puro negocio privado.
¿El PSOE contra los vecinos que defendieron la legalidad?
Lo más llamativo es la actual posición del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia que parece dispuesto a facilitar la operación y convertirse en cómplice del PP en este intento de blanquear un pelotazo declarado ilegal por el Supremo. Máxime teniendo en cuenta que históricamente el grupo municipal socialista siempre se ha opuesto a la ilegalidad promovida por el gerente del PP, Alejandro Zamora y Fernando Berberena, entre otros.
¿Cómo es posible que al PSOE no le resulte sospechosa la prisa del PP por aprobar una nueva modificación puntual de suelo en Joven Futura, justo cuando se encuentra en marcha la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)?
La urgencia tiene una explicación evidente: blindar la operación antes de que el nuevo planeamiento establezca criterios más restrictivos de protección ambiental, límites de densidad o mayores exigencias en la justificación del interés general. En lugar de esperar a que el nuevo PGOU fije el marco global para toda la ciudad, se opta por abrir una vía exprés para Joven Futura, otorgando un traje a medida a los intereses privados de los promotores y de los cooperativistas beneficiados.
Que el grupo socialista no haya detectado -o no haya querido señalar- esta maniobra, revela no solo complicidad política, sino también una preocupante falta de vigilancia sobre un procedimiento que reproduce el mismo patrón de los grandes pelotazos urbanísticos de décadas pasadas.
La supuesta necesidad de nuevos equipamientos
Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la “regularización” de Joven Futura es la supuesta falta de equipamientos en la urbanización. Sin embargo, basta con revisar la publicidad de los propios anuncios de venta de pisos para desmontar ese relato: en ellos se destaca su excelente ubicación al norte de la ciudad, la abundancia de zonas verdes y la existencia de múltiples dotaciones cercanas. Es decir, los mismos propietarios que hoy reclaman más suelo para equipamientos presumen de su abundancia a la hora de vender.
La Asociación de Vecinos Senda de Granada ya presentó documentación técnica a los responsables municipales que lo confirma: en Joven Futura se supera con creces la superficie mínima de espacios verdes obligatorios. La norma exigía 12.755 m2, pero en el sector hay 6.094 m2 más de los necesarios. La urbanización cuenta incluso con un pipi-can, una parcela para huertos urbanos y otras destinadas a equipamientos que permanecen sin edificar desde 2012.
La lista de dotaciones es reveladora: 12 piscinas privadas, un pipi-can para mascotas, huertos urbanos, zonas verdes públicas y privadas, un centro deportivo con ocho pistas, contenedores soterrados, servicios de bicicletas y motos eléctricas compartidas, e incluso un autobús lanzadera (Rayo) que conecta la urbanización con el centro cada 15 minutos, además de la parada de tranvía a diez minutos a pie. Todo ello en una urbanización declarada ilegal, construida sobre huerta protegida, arrasando acequias y destruyendo parte de un yacimiento romano. ¿Y todavía se sostiene que carece de equipamientos?
¿Legalizar lo ilegal con dinero público?
Más grave aún es que se pretenda recurrir a suelos exteriores al ámbito del sector para cubrir supuestas carencias y cumplir los estándares urbanísticos exigidos. Si eso ocurriera, deberían ser los propios promotores y cooperativistas quienes asumieran íntegramente el coste de esos terrenos y de las obras, y no el Ayuntamiento ni el conjunto de la ciudadanía a través de fondos públicos.
La legalización de una urbanización ilegal no puede realizarse a costa del erario ni del sacrificio de otros vecinos, sino con los recursos de quienes se beneficiaron de la operación. Si una vivienda fue construida al margen de la legalidad urbanística, su regularización debe sufragarse con el dinero de sus propietarios, no con el dinero de todos.
Lo contrario supondría utilizar el planeamiento como un instrumento de salvamento privado, algo expresamente prohibido por la ley. El artículo 70.2 y el artículo 47.1.b de la Ley 39/2015 son claros: una modificación del PGOU para subsanar las deficiencias de una urbanización anulada judicialmente constituiría una desviación de poder y, por tanto, sería nula de pleno derecho.
En el fondo, lo que se plantea es legalizar con dinero público una urbanización ilegal levantada sobre tierras expropiadas a huertanos que no quisieron vender, financiada con subvenciones destinadas a VPO y hoy puesta en el mercado inmobiliario como si fueran pisos libres.
Posible malversación
La primera fase de Joven Futura, entre 2003 y 2015, cumplió un objetivo claro: acaparar suelo protegido a bajo precio, levantar viviendas bajo el paraguas de las VPO y repartirlas entre personas vinculadas al poder político y administrativo. Se trataba de construir rápido, blindar la operación y colocar a los suyos en las mejores posiciones.
La segunda fase, la que ahora se impulsa en 2025, persigue lo contrario: revertir la nulidad urbanística declarada por el Supremo para permitir la descalificación y posterior venta de esas VPO a precios de mercado. En otras palabras: cerrar el ciclo especulativo iniciado hace dos décadas. Los argumentos oficiales -“necesidad de equipamientos” o “regularización técnica” funcionan como una coartada política para culminar el verdadero propósito: una operación de saneamiento patrimonial en beneficio de los mismos que promovieron la urbanización original.
La clave es la descalificación. Una vez levantado el obstáculo urbanístico, las viviendas podrían venderse como libres. Hoy ya se anuncian en portales inmobiliarios a 2.500 euros/m2, el doble de lo que costaron como VPO. Con la descalificación, se materializarían esas plusvalías millonarias.
Conviene recordar que la Sociedad Cooperativa Joven Futura se encuentra en concurso de acreedores. Cualquier acto del Ayuntamiento que incremente el valor de los bienes concursales -como una regularización urbanística- beneficia directamente al patrimonio del concursado y a sus acreedores. Y si ese beneficio se logra a costa de gasto público o desviando recursos técnicos municipales, la operación encaja de lleno en el tipo penal de malversación, porque se estaría utilizando dinero público para sanear o revalorizar bienes de un particular insolvente.
Un trozo de huerta convertido en botín
El caso Joven Futura resume lo que ha sido el urbanismo murciano de principios de siglo:
- Protección ambiental ignorada.
- Reclasificación exprés con cooperativas creadas ad hoc.
- Concejales convertidos en empresarios.
- Modificaciones ilegales a medida.
- Ejecución exprés para sortear la justicia.
- Millones de euros en beneficios privados.
- Una cooperativa quebrada y un barrio declarado ilegal por el Tribunal Supremo
Con la sentencia del Supremo y la quiebra de la cooperativa, se cerró el capítulo más rentable para la familia Zamora López-Fuensalida y su gestora Novel Stamp, que llegó a facturar más de diez millones de euros durante los años de auge. Gestora fundada por el actual gerente del PP.
Lo que no se cerró fue la derivada política: el papel de su fundador y las trayectorias empresariales de los hermanos siguieron vigentes, vinculadas al poder y a los negocios. Desde el Ayuntamiento de Murcia, los responsables de entonces -el concejal de Urbanismo Navarro Corchón y el actual alcalde José Ballesta-, impulsores del proyecto desde sus inicios, sostendrán que todo se hizo conforme a la legalidad. Que, en plena época de pelotazos urbanísticos, de sobresueldos, de Gürtel y de maletines cargados de billetes de 500 euros, el caso de Joven Futura fue distinto, impecable, sin rastro de saqueo.
Lo cierto es que la urbanización acabó en concurso de acreedores y declarada ilegal por los tribunales. Y, pese a ello, hoy se prepara el terreno para repetir la jugada: legalizar lo ilegal y culminar el negocio en los últimos retazos de huerta que aún resisten.
Hoy, hablar de “regularización” no es otra cosa que intentar culminar un negocio que nació con un pecado original: arrasar con la huerta protegida de Espinardo.