Vistabella volvió a latir. Centenares de vecinos y vecinas, alrededor de 3.000, tomaron las calles bajo un lema que resume su hartazgo y su esperanza: “¡VISTABELLA VIVA! POR UN BARRIO +VERDE +LIMPIO Y +SEGURO”. Una marcha pacífica, familiar, profundamente vecinal, que partió desde la emblemática Plaza de los Patos y culminó en la puerta del Ayuntamiento de Murcia con la lectura de un manifiesto claro: basta de abandono, basta de promesas incumplidas.
Durante demasiado tiempo, Vistabella ha sido un espejo incómodo para el poder municipal. Un barrio con historia, con identidad y con voz propia, que no se resigna a la suciedad, la inseguridad ni la degradación de sus espacios públicos. La movilización del pasado viernes ha sido la respuesta natural a una acumulación de desatenciones: aceras levantadas, parques infantiles deteriorados, papeleras desbordadas, farolas fundidas, jardines sin mantenimiento y una sensación de inseguridad que se ha hecho cotidiana.
“Hoy hemos demostrado que Vistabella está viva, unida y con ganas de recuperar el bienestar de su barrio”, afirmaba una portavoz vecinal al término de la manifestación. Esa frase, tan sencilla como contundente, resume el espíritu del movimiento: civismo, participación y dignidad.
Pero lo que debería haberse interpretado como un ejercicio de ciudadanía ejemplar ha sido recibido por el Partido Popular de Murcia como una amenaza. Horas después de la marcha, el PP difundía una nota de prensa insólita por su tono y contenido. En lugar de escuchar las demandas vecinales, optó por atacar directamente a una persona: Alicia Morales, ex concejala de Ahora Murcia (Podemos), a la que califican de «muñidora” y acusan de manipular a los vecinos.
La respuesta del PP no solo fue desproporcionada, sino profundamente impropia de un partido en el gobierno. En una democracia madura, las críticas vecinales no se combaten con descalificaciones personales ni con insinuaciones ideológicas, sino con hechos: limpieza, mantenimiento, seguridad, diálogo. Lo contrario solo alimenta el descrédito de la política institucional.
El comunicado popular acusa a Morales de utilizar la Asociación de Vecinos como plataforma “ideológica”, de difundir “bulos” en redes sociales y de manipular la percepción del barrio. Se llega incluso a afirmar que fotografías de suciedad o deterioro son “falsedades”, que la espuma de los coches fue confundida con pintura vial o que los datos de contaminación eran “alarmas infundadas”. Argumentos débiles que no restan legitimidad a una evidencia visible para cualquiera que camine por el barrio: Vistabella está absolutamente descuidado. Se está degradando más y más cada día.
Resulta revelador que el PP mencione con tanto detalle a una persona concreta y, en cambio, apenas dedique una línea a los problemas denunciados por los vecinos. Como si la verdadera incomodidad no fueran las calles sucias, sino las voces que las señalan.
El tono agresivo del comunicado contrasta con la actitud serena de los manifestantes. No hubo gritos partidistas, ni pancartas ideológicas, ni enfrentamientos. Sí hubo vecinos de todas las edades y colores políticos, incluso concejales de la oposición -del PSOE, de Podemos y de VOX- que acudieron a título individual para mostrar su apoyo. Que el PP interprete esa pluralidad como una “pinza” contra el Gobierno municipal es, cuando menos, una lectura paranoica.
Y, sin embargo, lo más preocupante no es el contenido del comunicado, sino el mensaje de fondo: un intento de dividir a la ciudadanía entre “vecinos buenos” y “vecinos malos”, según su afinidad política. ¿Por qué el equipo de Ballesta escucha con atención las demandas de la Asociación de Vecinos de Joven Futura -presidida por Chencho Mateos, amigo personal del alcalde- y, en cambio, arremete con dureza contra la de Vistabella?
La comparación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que la urbanización Joven Futura fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, y que su legalización está siendo promovida activamente por el Partido Popular con dinero público, mediante una modificación urbanística que asume el coste de regularizar una actuación privada. Mientras tanto, los vecinos de Vistabella -un barrio consolidado, sin privilegios ni promociones de lujo- reclaman simplemente limpieza, seguridad y atención municipal.
Cuando el gobierno local selecciona a quién escuchar y a quién desprestigiar, está trazando una línea peligrosa entre quienes tienen voz y quienes deben callar. Y en esa frontera se erosiona la confianza, la transparencia y, sobre todo, el principio más básico de la democracia: la igualdad de trato.
El derecho a protestar no caduca por haber sido concejal, ni se deslegitima por tener opinión política. En una democracia, los vecinos no necesitan permiso del poder para organizarse. Y las asociaciones vecinales, incluso cuando son críticas, son una expresión de salud democrática, no un peligro a neutralizar.
El Ayuntamiento asegura que mantiene las labores de limpieza y seguridad en el barrio. Pero el malestar vecinal no nace de los partes administrativos, sino de la realidad diaria. Los ciudadanos juzgan por lo que ven y sienten, no por lo que se publica en el boletín municipal.
Vistabella no ha hecho otra cosa que pedir lo que cualquier barrio merece: calles limpias, jardines cuidados, seguridad y respeto. Si eso incomoda al poder, quizá sea porque el poder se ha olvidado de que su función no es adoctrinar ni señalar, sino escuchar y servir.
El PP haría bien en recordar que los barrios no son propiedad de ningún partido. Vistabella pertenece a sus vecinos. Y esos vecinos han hablado alto y claro. Vistabella está viva. Y eso, en tiempos de desafección política, es una magnífica noticia.