La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha abierto una investigación penal para esclarecer si las declaraciones públicas realizadas por el presidente regional de VOX y las publicaciones difundidas en redes sociales relacionadas con los recientes altercados en Torre Pacheco podrían constituir un delito de odio.
La decisión se ha tomado tras la presentación de denuncias por parte de los partidos PSOE, Izquierda Unida y Podemos, que acusan al líder de la formación ultraderechista de alentar discursos que, según sostienen, criminalizan a la población migrante y contribuyen a generar un clima de tensión social.
La investigación ha sido encomendada a la Fiscal Delegada de Delitos de Odio de la Fiscalía de Área de Cartagena, quien deberá determinar si existe base suficiente para emprender acciones penales contra los responsables de dichas manifestaciones.
Antelo acudió a Torre Pacheco horas después de los disturbios y lanzó declaraciones ahora investigadas por la Fiscalía.
José Ángel Antelo acudió al municipio pachequero con un discurso cargado de odio para avivar aún más los ánimos y dejar claro que su única política es el miedo. En lugar de calmar, incendió. Y lo hizo sabiendo perfectamente que se estaban organizando en grupos de WhatsApp y Telegram auténticas cacerías de inmigrantes, promovidas por grupúsculos de ultraderecha.
Desde las organizaciones que han presentado la denuncia, se advierte de la gravedad de permitir que discursos incendiarios y racistas campen a sus anchas sin consecuencias legales. “Estamos viendo cómo se utiliza la mentira y la manipulación para señalar a colectivos vulnerables y distraer la atención de los verdaderos problemas sociales”, han afirmado representantes de IU y Podemos.
A la Fiscalía de la Región de Murcia le cuesta ver los delitos de odio
A la Fiscalía le cuesta ver los delitos de odio como quedó demostrado al archivar las diligencias de investigación abiertas contra el diputado de Vox, Rubén Martínez Alpañez, por decir que todos los inmigrantes ilegales que llegan a España «son delincuentes que vienen a delinquir».
La Fiscalía archivó las diligencias abiertas por presunto delito de odio tras la denuncia interpuesta por las asociaciones Amigos de Ritsona y Convivir Sin Racismo, aunque en su decreto dejó claro que sus palabras fueron discriminatorias, populistas y socialmente reprobables.
El Ministerio Público consideró que dichas manifestaciones, pronunciadas desde la sala de prensa de la Asamblea Regional, estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria que protege a los diputados en el ejercicio de sus funciones. No obstante, el Ministerio Público subrayó que las declaraciones no estaban protegidas por la libertad de expresión, ideológica o de conciencia”, ya que suponían «una deshumanización de personas migrantes y fomentan prejuicios injustos».
“Asociar inmigración con delincuencia está deshumanizando a aquellas personas que vienen a España huyendo de guerras, miseria o persecución, contribuyendo a aumentar los prejuicios de forma generalizada”, advirtió la Fiscalía.
A pesar de esa contundencia en lo ético, el expediente se archivó. ¿El motivo? Rubén Martínez Alpañez habló como parlamentario, y la ley otorga una protección especial a los diputados por sus intervenciones institucionales, incluso cuando incurren en discursos cargados de odio o falsedad.