Se entiende por delito de incitación al odio aquel que cometen quienes públicamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Esa es la definición.
La Fiscalía, con un decreto que bordea líneas y hasta parece contradictorio, ha archivado la diligencias de investigación que abrió con motivo de las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo y el diputado regional Rubén Martínez Alpañez, ambos de VOX, por un presunto delito odio tras la denuncia presentada por Amigos de Ritsona y Convivir Sin Racismo contra ambos dirigentes políticos.
Según ha podido saber RRNews en exclusiva, la Fiscalía archiva al considerar que las declaraciones que realizó Rubén Martínez Alpañez desde la sala de conferencias de la Asamblea Regional están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria dada su condición de diputado y, además, no constituyen un delito de incitación al odio, aunque sí considera que son «reprochables en el ámbito social, ético, moral o de la necesaria prudencia que debería imperar en las manifestaciones de los representantes políticos».
De hecho, la Fiscalía no considera que las declaraciones de Martínez Alpañez estén amparadas por el derecho constitucional de libertad de expresión, ideológica o de conciencia puesto que al asociar inmigración con delincuencia «está deshumanizando a aquellas personas que vienen a España, poniendo en juego su vida, huyendo de guerras o situaciones de miseria o persecución, contribuyendo a desperar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta», pero Martínez Alpañez realizó esas declaraciones en calidad de diputado y en un entorno institucional y, por tanto, goza de inviolabilidad parlamentaria.
Por otra parte, la Fiscalía considera que «las declaraciones se enmarcan en el discurso general expresado por el partido político al que pertenece Rubén Martínez Alpañez, reflejando una postura colectiva» dice el decreto de archivo de Fiscalía. Y añade «el discurso tuvo repercusión en medios de comunicación y redes sociales, sin que se tenga constancia de eventos delictivos relacionados con dichas manifestaciones ni contra personas inmigrantes«.
Un discurso orientado a «desterrar la empatía» hacía los inmigrantes
«La finalidad del discurso analizado no es la incitación al odio o comportamientos violentos contra los inmigrantes llegados en patera» sostiene la Fiscalía, aunque reconoce que «la contundencia del lenguaje empleado en determinados fragmentos es claramente discriminatorio vinculando, en cierta forma, la inmigración con la delincuencia y realizando afirmaciones de carácter populista en modo alguno contrastadas con la realidad, pero orientados a desterrar la empatía de la población con las personas migrante que llegan en patera...»
Para el Ministerio Público «el mensaje de Martínez Alpañez se equilibra, en cierto modo, al manifestar que se les debe dar un plato de comida, pero que deben estar en España el tiempo mínimo imprescindible o al señalar «no estamos diciendo que todo el que llega de forma ilegal tenga una intención yihadista aquí«.
Para la Fiscalía «el objeto del mensaje parece ser, por tanto, defender una política migratoria orientada a la inmediata devolución a su países de origen de personas que llegan a las costas españolas», aunque al mismo tiempo reconoce que «el mensaje transmitido parece ir orientado a sembrar cierto temor en la población con la vinculación de la inmigración con la delincuencia para justificar su política en la materia, vinculación que en algunos supuestos se efectúa de manera directa y difícilmente aceptable».
«En definitiva, no concurre de manera clara y determinante, el elemento del tipo objetivo que la jurisprudencia exige para que la conducta pueda ser tipificada como delito: el riesgo de crear un clima de violencia y hostilidad que se pueda concretar en actos específicos de violencia, odio , humillación o discriminación contra el colectivo afectado» concluye el decreto de Fiscalía que en varias ocasiones se refiere el oficial policial de la Brigada de Información.
«Los inmigrantes que vienen son delincuentes»
Martínez Alpañez vinculó inmigración con delincuencia y afirmó que «los inmigrantes no vienen a España a refugiarse por razón de religión u orientación sexual» sino que «son gente que está huyendo de sus países por problemas de legalidad y delincuencia».
Martínez Alpañez llegó a afirmar «luego vemos a gente con machetes por las calles…están llenando nuestras calles de ilegales que van a generar una inseguridad por nadie conocida hasta la fecha. Estamos hablando de mafias, la gente que viene de forma ilegal, lo hace porque allí están amenazados de muerte, y están amenazados de muerte porque son delincuentes en sus calles».
El tuit de Antelo
Con respecto al desafortunado tuit del vicepresidente, José Angel Antelo, vinculando inmigración ilegal con yihadismo, la Fiscalía no consideró en su día que sus declaraciones fuesen constitutivas de discurso de odio «puesto que ni incitan al odio ni a reacciones violentas contra los migrantes llegados en patera ni les atribuye de manera generalizada la condición de yihadista».
Las entidades denunciantes valoran acudir al Juzgado
«En cualquier caso, los denunciantes pueden acudir al juzgado y presentar denuncia» dicen a RRNews fuentes de la Fiscalía. Algo que las entidades denunciantes están valorando. Consideran que los argumentos de la Fiscalía «están cogidos con pinzas» y, además, «no entra a valorar el detalle de la denuncia».
Plan Acción Rabat
La Fiscalía alude en su decreto de archivo al Plan de Acción de Rabat de la ONU para combatir la incitación al odio y los delitos motivados por el mismo. Adoptado en 2012, este plan ofrece un marco integral para que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes trabajen juntos para prevenir y abordar estos delitos.
