Una denuncia contundente, sin rodeos, firmada por un colectivo que no necesita presentación en la Región de Murcia: los Yay@flautas. El grupo de personas mayores activistas ha remitido una petición formal al Defensor del Pueblo en la que acusan al Gobierno regional de López Miras de vulnerar derechos fundamentales al cerrar de forma inmediata el Centro de Acogida de Menores No Acompañados “Rosa Peña”, en Santa Cruz. Según el documento, la decisión deja “en la calle, sin protección ni recursos”, a 60 menores de entre 10 y 12 años.
El cierre del centro, que VOX exige para después del verano, forma parte del acuerdo presupuestario alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y VOX, que incluye, además, la renuncia a 7 millones de euros de fondos europeos que iban destinados a reubicar a esos mismos menores en viviendas. Los Yayoflautas consideran que el pacto “viola flagrantemente” la Constitución Española, la Convención de Derechos del Niño y varias leyes nacionales e internacionales.
“Son niños que ya han sufrido uno o más procesos de desarraigo en sus vidas y ahora deberán enfrentarse a uno nuevo”, lamenta el educador Alfonso Morillas, en declaraciones recogidas en la petición.Los menores afectados no son una cifra abstracta. Muchos están escolarizados, participan en actividades extraescolares y han generado lazos afectivos con sus entornos. Hay niños y niñas de nacionalidad marroquí, argelina, senegalesa, gambiana… y también española. “La Comunidad Autónoma de Murcia ha firmado su abandono institucional”, denuncian los yayoflautas.
Un acuerdo que dinamita derechos
El escrito presentado ante el Defensor del Pueblo critica duramente el contenido del pacto político que sostiene los presupuestos regionales. Entre las medidas incluidas:
- La condena expresa al Pacto Verde Europeo.
- La eliminación de requisitos ambientales en licencias agrícolas e industriales.
- La negativa a acoger inmigrantes, “con especial énfasis en menores no acompañados”.
- El impulso a la agricultura intensiva con fondos públicos.
Según los yayoflautas, estas medidas no solo resultan regresivas desde un punto de vista ambiental y social, sino que implican “una amenaza directa al Estado de Derecho” y fomentan un discurso de odio que, según denuncian, está siendo blanqueado políticamente.“Es gravísimo que se difundan bulos y mensajes de odio desde un partido legalizado como VOX sin que ninguna otra fuerza política lo condene ni actúe”, apuntan.Posibles vías legales
La organización de mayores ha solicitado formalmente que el Defensor del Pueblo active una investigación de oficio y, en su caso, recomiende la paralización del cierre del centro y la recuperación de los fondos europeos. También proponen que se estudie la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad y que se dé traslado al Ministerio Fiscal.
Amparándose en los artículos 9, 10, 13, 15, 17, 18, 25, 27 y 39 de la Constitución, y en leyes como la LO 8/2021 de Protección Integral a la Infancia, los yayoflautas ponen el foco en que “ningún interés político puede estar por encima de la dignidad de un niño”.
Una historia que no termina aquí
En el anexo de la petición aparecen decenas de firmas de apoyo. Gente mayor, sí. Pero más lúcida, valiente y comprometida que muchos de los que hoy tienen el poder de decidir sobre la vida de niños desprotegidos. “No se trata de ideología, sino de humanidad”, sentencian.
Mientras los despachos pactan cifras, los abuelos de Murcia se plantan con dignidad para recordar que la infancia no se negocia.