El investigador de la Universidad de Limoges (Francia), José Matías Peñas, declara hoy ante la Fiscalía Europea en calidad de testigo, en el marco de la denuncia presentada por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena por el presunto fraude en un contrato público financiado con fondos de la Unión Europea.
La denuncia, interpuesta el pasado 13 de julio, apunta directamente a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia y a la UTE adjudicataria Bureau Veritas–Hopu–Labaqua Murcia, por haber cobrado más de 1,1 millones de euros por un estudio sobre metales pesados en el aire que, según los vecinos, no cumple las condiciones esenciales del contrato.
Peñas, experto en contaminación por metales pesados y referente en la investigación sobre suelos contaminados en la comarca de Cartagena, ha sido llamado a declarar por su conocimiento técnico y su trayectoria en el análisis independiente de la situación ambiental de la zona.
El contrato bajo sospecha
El contrato -denominado “Medición de metales en el aire del entorno de suelos de minería metálica y estudio de fuentes” (Exp. CA-41/20)— fue adjudicado en 2022 por más de un millón de euros, el 80% financiado con fondos FEDER. Según la denuncia, no se realizaron mediciones en puntos críticos como Torreciega, se omitieron las partículas PM2.5 y los depósitos atmosféricos, y el estudio se limitó a unas pocas campañas de muestreo, incumpliendo la duración mínima exigida de 52 semanas.
El informe entregado, sostienen los denunciantes, es “metodológicamente inválido, científicamente no representativo e inútil para los fines de salud pública” para los que fue financiado.
Un estudio pagado e incluso celebrado
Pese a todos estos incumplimientos, la administración autonómica aceptó y pagó el estudio sin objeciones, e incluso difundió una nota de prensa bajo el titular: “Un estudio certifica la ausencia de metales pesados en el aire”. La propia documentación técnica contradice esta afirmación.
La Fiscalía Europea abrió diligencias e investiga ahora si se ha producido un uso indebido de fondos comunitarios y si puede haber responsabilidad penal por malversación o fraude, tanto por parte de la empresa adjudicataria como de los funcionarios que autorizaron el pago.
Pero según la denuncia, el contrato no se ejecutó conforme al pliego técnico. Las irregularidades son numerosas y de fondo:
- No se midió nada en Torreciega, pese a ser un punto de muestreo obligatorio según el pliego.
- Se omitieron los análisis de partículas PM2.5, las más peligrosas para la salud respiratoria.
- Tampoco se midieron los depósitos atmosféricos, clave para entender la transferencia de metales al suelo y su entrada en la cadena alimentaria.
- El estudio debía durar 52 semanas, pero se limitó a unas pocas campañas discontinuas que no cubrieron ni la mitad del tiempo.
- Faltaron análisis químicos obligatorios en varios puntos, lo que impide caracterizar adecuadamente los contaminantes.
Resultado: el informe entregado, y pagado, es científicamente inservible.
“Se ha certificado y abonado un servicio esencialmente no prestado. Es el núcleo del posible delito de malversación”, señala la denuncia, que cita los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2017/1371 (PIF) y los artículos 306 y 432 del Código Penal español.
Opacidad y posibles represalias
La Consejería de Medio Ambiente sigue sin facilitar el expediente completo del contrato, solicitado formalmente por los vecinos el pasado 10 de junio. En el escrito presentado a la Fiscalía, la Plataforma alerta de una posible estrategia de represalia institucional y obstaculización del acceso a la información por parte de la administración autonómica.
Desde la Plataforma de Suelos Contaminados insisten en que este caso “no es un hecho aislado”, sino que se suma a otras denuncias sobre incumplimientos sistemáticos en materia de aguas, residuos y calidad del aire en la Región de Murcia.
Declaración clave
La declaración de del investigador José Matías Peñas ante la Fiscalía Europea puede marcar un antes y un después en un caso que pone en entredicho la gestión de fondos europeos en materia ambiental. La pregunta es sencilla pero demoledora: ¿puede una administración certificar como “cumplido” un estudio que nunca se hizo como debía? La justicia europea tiene ahora la palabra.
Mientras la Consejería de Medio Ambiente insiste en que “no hay contaminación”, los barrios históricamente expuestos a los metales pesados siguen esperando respuestas y justicia. Esta vez, no en los despachos de Murcia, sino en Bruselas.