Un informe técnico encargado por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia sostiene que en el aire de Cartagena “no hay metales pesados”. La afirmación fue difundida institucionalmente el pasado 14 de mayo de 2024 bajo un titular rotundo: “Un estudio certifica la ausencia de metales pesados en el aire”. Así lo difundió el Gobierno regional en redes sociales y así lo recogieron los medios de comunicación.
Sin embargo, lo que se ha certificado, según las alegaciones presentadas por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, es un caso de manual de propaganda ambiental, con serios defectos técnicos, omisiones inaceptables y una alarmante falta de rigor metodológico y jurídico. La impugnación ya está en manos de la CARM. El estudio costó 836.632 euros al erario público.
Lo que el estudio no midió
La alegación, firmada por Fulgencio Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación, desmonta el informe encargado a la UTE Bureau Veritas – Hopu – Labaqua. Según el escrito, el estudio incumple las condiciones técnicas del contrato y vulnera la normativa europea sobre calidad del aire. No se trata de matices técnicos: se denuncia que se ha omitido el muestreo en zonas clave como Torreciega, no se ha medido la fracción PM2,5, ni se han realizado las campañas anuales completas requeridas por la ley.
Para la Plataforma, el informe no tiene valor técnico ni legal. Aseguran que “no permite evaluar válidamente si se cumplen los valores objetivo anuales de calidad del aire”, en referencia a contaminantes como el arsénico, cadmio, plomo o níquel, cuyos niveles deben analizarse con mediciones representativas a lo largo de todo el año. Nada de eso se ha hecho.
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Estaciones mal situadas y vientos ignorados
Una de las críticas más duras se dirige a la elección de los puntos de muestreo: la terraza del Hospital Santa Lucía y el Almacén Municipal de Lo Campano. Según las normas europeas -Directiva 2004/107/CE y RD 102/2011- los captadores deben colocarse en lugares donde haya exposición real de la población y donde el viento arrastre contaminantes desde las fuentes emisoras. Pero los instalados en Cartagena están justo en el lugar equivocado: a barlovento, es decir, recibiendo el aire limpio que viene del mar, en lugar de registrar el aire contaminado que llega desde los vertederos y suelos tóxicos abandonados de Torreciega, Cabezo Beaza o Potasas y Derivados.
El propio mapa incluido en el documento muestra cómo la colocación de los captadores evita, de manera sistemática, las zonas de mayor riesgo. La rosa de los vientos demuestra que en primavera y verano -los periodos más críticos- los vientos predominantes del Este y Sureste transportan directamente los contaminantes hacia los barrios urbanos. Pero el estudio no incluye esos meses: las campañas solo se realizaron entre noviembre y mayo, cubriendo como máximo un 32 % del año.
Un muestreo que no representa nada
Otro problema estructural del estudio es la fragmentación temporal. Las campañas se realizaron en intervalos discontinuos, sin cubrir todas las estaciones del año. Esto contraviene el Anexo IV de la Directiva 2004/107/CE, que exige al menos 45 muestras distribuidas de forma uniforme durante el año natural para que el promedio anual sea válido. En Cartagena, ni se alcanzó ese número ni se distribuyeron de manera equitativa.
Además, se utilizaron dos tipos distintos de dispositivos -uno de alto volumen y otro de bajo volumen- sin validar su equivalencia. Esta práctica está expresamente prohibida si no se demuestra científicamente que ambos métodos son comparables, tal como exige la norma UNE-EN 14902:2005. Al no cumplirse, los datos recogidos no solo son incomparables entre sí, sino que quedan invalidados desde el punto de vista jurídico.
Tampoco se han incluido en el análisis algunas de las fuentes emisoras más importantes y documentadas: suelos contaminados, vertederos de escorias, acopios de residuos tóxicos. Todos ellos abandonados, sin clausura y sin medidas de contención, pese a estar reconocidos por la propia Administración. Su exclusión invalida cualquier diagnóstico que pretenda ser representativo del riesgo real.
Un estudio que no evalúa riesgos reales
A juicio de la Plataforma, el estudio es formalmente incompleto y jurídicamente inválido. Pero además, omite deliberadamente la evaluación conjunta de los riesgos para la salud. Los resultados se presentan de forma aislada, sin valorar los efectos acumulativos ni sinérgicos de metales como el arsénico, el cadmio o el plomo. Tampoco se estudia su impacto en poblaciones vulnerables como niños, embarazadas o personas con patologías respiratorias.
Esta omisión vulnera el principio de precaución, el de no regresión ambiental y el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. También ignora la futura Directiva 2024/1405, que aunque aún no es de obligado cumplimiento, refuerza la necesidad de considerar la exposición combinada como factor clave en la evaluación ambiental.
Las asociaciones vecinales no se conforman con la crítica. Exigen que el estudio se anule en su totalidad, que se repita con las garantías exigidas por la ley y que se investigue el incumplimiento contractual por parte de la UTE adjudicataria. Piden además que se exijan responsabilidades técnicas y jurídicas, así como la posible rescisión del contrato y la imposición de sanciones conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.
En un momento en que Cartagena sigue lidiando con las consecuencias de décadas de actividad industrial y minera, la Plataforma considera intolerable que se utilicen informes técnicamente inválidos para ofrecer a la opinión pública una imagen de normalidad que no se corresponde con la realidad. “No se puede certificar la ausencia de metales pesados cuando ni siquiera se ha medido donde y cuando debía hacerse”, concluyen. Zonas de Cartagena sigue respirando plomo, arsénico y también propaganda.