Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente que el Decreto-Ley 1/2025 de Simplificación Administrativa, aprobado por el Gobierno de Fernando López Miras, supone un grave retroceso en la protección ambiental y urbanística de la Región de Murcia. Entre otras medidas, el texto deroga un artículo clave de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística que hasta ahora obligaba a someter a evaluación ambiental ordinaria -la más rigurosa- cualquier modificación estructural de los planes generales municipales.
La organización ecologista alerta de que esta reforma no es inocua ni técnica, sino un cambio hecho “a medida” para favorecer intereses concretos. La derogación fue publicada sin explicación alguna en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) del pasado 7 de junio, apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Murcia aprobara el inicio de trámites para recalificar grandes sectores urbanísticos en Corvera y Baños y Mendigo, que suman cerca de 8.700 nuevas viviendas. El promotor no es otro que Profusa del grupo Fuertes.
Todo apunta a que esta modificación legal está diseñada para favorecer intereses mercantiles urbanísticos muy concretos”, advierten desde Ecologistas en Acción.
De la evaluación ordinaria a la vía rápida
Las modificaciones estructurales de los planes generales -como cambios en el uso del suelo, afectación a sistemas generales o reclasificación de suelo no urbanizable- requerían hasta ahora una evaluación ambiental ordinaria, con mayor profundidad, participación pública y control técnico. Tras la derogación, estos proyectos podrán tramitarse por la vía simplificada, lo que según Ecologistas en Acción contraviene la Ley estatal 21/2013 de evaluación ambiental y la Directiva europea 2001/42/CE.
“Con esta puerta abierta, se podrán aprobar desarrollos que afectan a millones de metros cuadrados sin los filtros legales adecuados. Y todo bajo la etiqueta engañosa de ‘simplificación’”, denuncian.
Legislación exprés al dictado de la patronal
El portavoz de la organización, Pedro Luengo, ha señalado directamente a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) como uno de los actores principales en la redacción del Decreto-Ley. Según datos publicados por la propia confederación, el texto legal incorpora 63 propuestas elaboradas por CROEM, fruto de un proceso iniciado en enero de 2024 con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas cuyo nombre no se ha hecho público.
“Es una vergüenza que la patronal se jacte de haber influido de forma directa en la ley, sin transparencia ni control democrático. Exigimos que se identifique a las grandes empresas beneficiarias de esta generosidad legislativa”, declaró Luengo.Ecologistas en Acción advierte de que esta práctica de legislación a la carta pone en peligro principios básicos de buen gobierno y participación ciudadana. Denuncian también que se ha utilizado la figura del Decreto-Ley por “urgencia”, pese a que la norma llevaba más de un año redactándose, con el único objetivo de esquivar el debate público, los informes preceptivos del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el dictamen del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente.
“Este tipo de decretazos no son para agilizar, sino para blindar intereses y evitar cualquier control institucional o social. Es puro abuso del procedimiento”, critican.
Posible vulneración del derecho europeo
La organización ecologista ya ha anunciado que, si la Asamblea Regional no revisa y corrige esta derogación, pedirá al Defensor del Pueblo y al Gobierno central que interpongan un recurso de inconstitucionalidad. Además, solicitarán a la Comisión Europea que abra un expediente de infracción, al considerar que la reforma vulnera la legislación ambiental europea y debilita el principio de evaluación previa y participación ciudadana.
La supresión de controles ambientales en las modificaciones urbanísticas más sensibles no es una cuestión técnica ni menor: supone un giro político de gran calado en la forma de legislar y planificar el territorio en la Región de Murcia.
Lejos de simplificar trámites ineficientes, lo que está en juego es la eliminación de garantías que protegen a la ciudadanía, al medio ambiente y al propio modelo de ciudad. La sincronía entre el cambio legal y el impulso de nuevos desarrollos urbanísticos revela una preocupante estrategia de desregulación calculada. Si esta reforma no se revisa, la puerta queda abierta a un urbanismo opaco, al servicio de unos pocos y al margen del interés general.
Convalidado en la Asamblea
El decreto ley de simplificación ha sido convalidado por unanimidad de la Asamblea Regional (PSOE, Vox, PP y mixto apoyaron su paso), y con esa misma votación se acordó que ahora se tramitará como proyecto de ley. Esto significa que, aunque sigue en vigor como decreto mientras avanza, entra en un proceso parlamentario formal donde los grupos podrán presentar enmiendas y debatirlo públicamente.
La tramitación como proyecto de ley abre la única puerta real para restituir controles ambientales y evitar que la Región consolide un urbanismo exprés sin garantías.