El urbanismo vuelve a estar en el punto de mira. El Grupo Municipal Socialista ha votado este jueves en contra de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia, que permitiría construir más de 8.700 viviendas de uso turístico-residencial en las pedanías de Baños y Mendigo y Corvera. Según el PSOE, se trata de un proyecto que “carece de justificación urbanística” y responde a “un modelo territorial desordenado, disperso e insostenible”.
Así lo expresó el concejal socialista Andrés Guerrero, quien defendió que el planeamiento propuesto es “incompatible con un desarrollo responsable y equitativo”. En su opinión, el plan apuesta por una expansión que no responde a necesidades reales de vivienda y que, además, supone un coste ambiental, económico y social difícil de asumir.
“El modelo propuesto fomenta la dispersión urbana, incrementa la dependencia del vehículo privado y dificulta la prestación eficiente de los servicios públicos”, subrayó Guerrero. Y añadió que este tipo de desarrollos son opuestos al modelo de “municipio compacto, cohesionado y sostenible” que defiende su formación. «Aquí lo que hay es puro teletransporte» ha dicho Guerrero.
El proyecto de Profusa, promotora inmobiliaria del grupo Fuertes, prevé que las nuevas urbanizaciones tengan viviendas unifamiliares y adosadas.
Sin necesidad acreditada y con impacto ambiental incierto
Uno de los puntos más cuestionados por los socialistas es que la propuesta urbanística no justifica por qué se necesita esa cantidad de viviendas, cuando el municipio ya dispone de suelo urbanizable sectorizado sin desarrollar. Además, critican que no se ha realizado un análisis riguroso sobre alternativas con menor impacto ambiental o ubicaciones más sostenibles.
Guerrero también expresó su preocupación por el uso que se hace de los denominados sistemas generales ambientales. Según la propuesta, grandes superficies de este tipo de suelo serían cedidas como contrapartida para aumentar la edificabilidad de los promotores. Para el PSOE, esta cesión carece de garantías. En palabras del edil, se realiza “sin que se garantice ni su necesidad urbanística ni su integración real en la red ecológica local o regional”.
Debilidades técnicas y jurídicas
El rechazo del PSOE también se apoya en las debilidades técnicas y jurídicas que, a su juicio, presenta el expediente. Guerrero denunció una “inseguridad jurídica derivada de defectos formales y ausencia de informes preceptivos”, así como una protección ambiental insuficiente y una “sobrecarga financiera para la administración”, que tendría que asumir el mantenimiento de dotaciones y espacios naturales sin garantías vinculantes.
Además, el grupo municipal alerta del riesgo de especulación urbanística y de que se esté anteponiendo el interés privado al interés general. Para los socialistas, esta propuesta recuerda a etapas pasadas de desarrollismo descontrolado que no solo fracasaron económicamente, sino que dejaron una fuerte huella en el territorio.
Uno de los aspectos más polémicos del plan es que se plantea la cesión de grandes superficies calificadas como sistemas generales ambientales -es decir, espacios que se consideran zonas verdes o de protección- como moneda de cambio para permitir mayor edificabilidad. Es decir, se entregan espacios naturales para permitir más ladrillo, pero sin garantizar que esos terrenos se integren realmente en la red ecológica local o regional, ni que sean necesarios desde el punto de vista urbanístico”.
Este mecanismo de cesión -habitual en otros pelotazos urbanísticos del pasado- es interpretado por el PSOE como una maniobra para camuflar un crecimiento desmesurado bajo una pátina de responsabilidad ambiental.
Con su voto contrario, el PSOE reafirma su apuesta por un modelo de crecimiento urbano más racional, que priorice la calidad de vida de la ciudadanía, la planificación responsable y el respeto ambiental. Un modelo que dé respuesta a las necesidades reales del municipio y no a intereses de oportunidad.
«No se trata de ningún resort»
El concejal de urbanismo, Antonio Navarro Corchón, ha defendido que «no se trata de ningún resort» y que «lo que se persigue es el equilibro entre crecimiento urbano y protección ambiental». «Todas las pedanías tienen el derecho a desarrollarse» dijo.
La modificación de Plan General de Ordenación Urbana se ha aprobado en Pleno con los votos a favor del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención de VOX.
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