La rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia ha entrado en una fase crítica. La declaración oficial del edificio como lugar de memoria democrática está firmada por el Gobierno de España desde el pasado 2 de junio, pero, casi dos semanas después, aún no se ha publicado en el BOE. Nadie ha explicado el motivo de ese silencio.
La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, visitó este jueves las obras acompañada del alcalde de Murcia, José Ballesta, para confirmar la declaración oficial de la Cárcel Vieja como Lugar de Memoria Democrática. Y ante los medios de comunicación aseguró: “No se tocará ningún muro más de la Cárcel Vieja”. Sin embargo, esa afirmación, tranquilizadora para muchos, contrasta con otra frase que pronunció durante la misma jornada: “Se van a mantener tramos suficientes de los muros perimetrales”. ¿Pero cuántos tramos son “suficientes”? ¿Y qué ocurrirá con los que no lo sean? ¿Qué dice exactamente la resolución que aún no se ha publicado en el BOE?
Tres millones de euros con condiciones
A todo esto se suma un aspecto clave: la financiación europea, que no es un cheque en blanco. Los 3,78 millones de euros destinados a la fase 2.1 del proyecto de rehabilitación proceden en parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las bases de la subvención prohíben expresamente emplear esos fondos en obra nueva de cimentación o en trabajos de derribo.
Si la intervención contempla eliminar más tramos de muro -como efectivamente estaba previsto según el proyecto original ‘Muros etéreos’-, ¿cómo se justificarán esas partidas ante Bruselas? Y si no se van a eliminar, ¿por qué aún no se ha revisado públicamente el proyecto para adaptarlo a esa nueva condición? A día de hoy, no se ha publicado ninguna modificación formal del proyecto arquitectónico.
La contradicción entre palabras y obras
El propio alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dicho que “los muros derribados se recordarán con pilares de acero corten del mismo tamaño que los originales”. Pero esa solución, puramente simbólica, no sustituye a los muros reales ni responde a la exigencia de conservación que cabría esperar de un espacio declarado lugar de memoria democrática.
El secretario de Estado de Memoria Democrática paralizó hace semanas nuevos derribos, a raíz de una denuncia patrimonial de la asociación Huermur. No obstante, la ausencia de información oficial y la falta de una declaración clara de intenciones por parte del Ayuntamiento o del Gobierno central mantiene viva la incertidumbre. Huermur interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional para frenar el derribo.
Mientras tanto, la resolución firmada por la Secretaría de Estado permanece en un cajón. ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se hace público el contenido íntegro para que la ciudadanía conozca con claridad qué se protege, qué se interviene y qué se destruye? La opacidad no ayuda cuando lo que está en juego es la memoria de un espacio donde fueron encerradas, torturadas y ejecutadas personas por motivos ideológicos. Un espacio donde más de 1.300 mujeres fueron presas, muchas de ellas con hijos menores a su lado.
Una memoria a medias
La declaración como lugar de memoria democrática debería haber marcado un antes y un después. Pero hoy, el proyecto camina con pies de barro: sin una resolución visible, sin detalles técnicos transparentes, y con versiones diferentes según el medio de comunicación o el interlocutor político.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos muros se conservarán realmente? Y si no se conservarán todos, como parece, ¿por qué no se informa con claridad y con documentos?
La memoria democrática no puede construirse sobre la ambigüedad ni sobre frases resbaladizas como “tramos suficientes”. Si la dignidad de las víctimas importa, y si la ciudadanía tiene derecho a saber, lo mínimo exigible es una hoja de ruta clara, un proyecto coherente con la legalidad de los fondos europeos, y una publicación inmediata y completa de la resolución que ahora duerme en un cajón.