Una de cal… y otra de morosidad. Este martes, mientras los medios regionales desvelaban que la Consejería de Salud ha paralizado los pagos a proveedores y centros concertados por falta de liquidez, el presidente Fernando López Miras se subía al escenario del Hospital Reina Sofía de Murcia para anunciar a bombo y platillo la contratación de más de 6.000 profesionales sanitarios de cara al verano. Una medida que, según dijo, costará 35 millones de euros y tiene como objetivo “garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la Región”. Un dato: la plantilla del Servicio Murciano de Salud (SMS) está formada por 19.719 personas, incluyendo personal de enfermería, personal no facultativo y otros trabajadores. Y dice López Miras que va a contratar a 6.000. ¿De dónde? ¿Cómo? Diera la impresión de que ha dicho 6.000 como podría haber dicho 10.000.
El anuncio llegó durante la clausura de los actos por el 20º aniversario del Reina Sofía y los 500 años del Hospital General de Murcia, dos fechas simbólicas para la sanidad regional. Pero el contexto económico en el que se produce dista mucho del ambiente festivo del acto. La Región de Murcia vuelve a situarse, un año más, como la segunda comunidad autónoma con mayor retraso en el pago a las empresas del sector sanitario. Un indicador que habla de algo más que lentitud burocrática: habla de un problema de liquidez crónico que afecta a la sostenibilidad del sistema.
Y, sin embargo, el Ejecutivo regional mantiene su estrategia de anuncios millonarios. Según detalló López Miras, dentro de los más de 6.000 nombramientos previstos para cubrir vacaciones y reforzar zonas turísticas este verano, aproximadamente 200 serán facultativos, más de 4.000 serán profesionales sanitarios no facultativos -entre ellos 2.000 enfermeros- y el resto técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, matronas, fisioterapeutas o técnicos en radiodiagnóstico. A ellos se sumarán unos 1.800 trabajadores de administración y otras categorías no sanitarias.
El dispositivo especial, operativo hasta el 30 de septiembre, reorganizará la asistencia sanitaria durante la temporada estival para responder al incremento de la demanda en zonas de costa e interior. Se prevé, como otros años, la apertura de consultorios y puntos de atención adicionales. Eso anuncian.
Liquidez bajo mínimos, facturas sin pagar
Pero mientras se anuncian contrataciones, en la trastienda administrativa los pagos se detienen. La Consejería de Salud ha tenido que paralizar el abono de facturas por falta de fondos, según ha trascendido este miércoles. No se trata de un hecho aislado. Según datos del Ministerio de Hacienda, la Región de Murcia sigue entre las comunidades con peores registros en el periodo medio de pago a proveedores. El problema afecta tanto a empresas del sector sanitario como a los centros concertados que, en muchos casos, deben seguir prestando servicio mientras esperan meses para cobrar.
Y todo esto ocurre en plena etapa de tensión presupuestaria. La Región de Murcia lleva años alertando de que sufre una financiación autonómica deficiente, una que no cubre el gasto real en servicios básicos como sanidad, educación o dependencia. Pero al déficit estructural se suman decisiones de política fiscal que agravan la situación. La Región de Murcia renuncia al cobro de un impuesto estatal cedido para su financiación.
1.400 millones menos por bajadas fiscales
En los últimos años, el Gobierno regional ha aprobado sucesivas rebajas de impuestos que han mermado sensiblemente los ingresos de la Comunidad Autónoma. Solo la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones ha supuesto, según cálculos oficiales, una pérdida de más de 1.400 millones de euros. A esa cifra hay que sumar otras deducciones fiscales y políticas de alivio tributario que, aunque rentables electoralmente, tienen efectos directos sobre la capacidad de gasto del Ejecutivo. El Gobierno de López Miras está renunciando a cobrar impuestos
“Vamos a seguir apostando por que nuestro personal sanitario cuente con los recursos necesarios para desarrollar su labor como lo hace. Son un orgullo para toda la Región”, dijo López Miras durante su intervención, para después añadir que, “a pesar de ser la región peor financiada de España”, seguirán “haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener la sanidad”. Un discurso que repite el mantra del maltrato financiero desde el Estado pero omite las decisiones propias que han dejado la caja aún más vacía.
Las otras facturas: Corvera y Escombreras.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando la factura de decisiones políticas que se arrastran desde hace años. El aeropuerto de Corvera, inaugurado en 2019 como gran emblema del Ejecutivo regional, acabará costando a los murcianos cerca de 400 millones de euros tras la resolución del contrato con la concesionaria y la asunción de la deuda por parte de la Comunidad Autónoma. A día de hoy, el aeródromo opera por debajo de las expectativas con un tráfico muy inferior al de otras infraestructuras similares.
No es el único ejemplo. La desaladora de Escombreras, otro proyecto fallido del Gobierno regional, sigue engordando el agujero económico de la administración pública. La planta, construida en 2006, ha sido objeto de múltiples investigaciones judiciales, informes del Tribunal de Cuentas y condenas por su modelo de financiación, plagado de sobrecostes, avales y opacidad. La Región sigue asumiendo su coste con cargo al presupuesto regional.
Críticas encendidas en redes
Las redes sociales no han tardado en reaccionar al anuncio del presidente.»Nos están meando en la cara» dice uno. Otro preguntaba “¿Con qué dinero piensa pagar esos contratos si no hay ni para abonar las facturas que ya existen?”. Otro publicaba: «De esto López Miras no habló en su discurso el 9 junio el día de la Región.Hay tal agujero en el SMS que cualquier día nos traga y desaparecemos del Reino de España. Pero de los problemas reales de ciudadanos, de eso no hablaron». Y desde Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia han criticado que falte dinero para pagar a proveedores mientras el Gobierno regional perdona impuestos a los ricos.
En definitiva, el Ejecutivo regional mantiene su política de escaparate: promesas, anuncios, cifras redondas. Pero detrás del telón, la realidad es mucho más dura.