El Gobierno de López Miras ha suprimido este año el pago del impuesto para personas que poseen un patrimonio neto comprendido entre 700.000 euros y 3,5 millones de euros y, con ello, ha renunciado al cobro de 15 millones de euros mientras no deja de quejarse de la falta de recursos por el modelo de financiación autonómica.
En la Región de Murcia hay 4.519 personas que declaran patrimonio neto por ese valor y el año que viene dejarán de pagar 15 millones de euros a las arcas regionales por la decisión política del presidente López Miras. Y tampoco pagarán por el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de España al no superar un valor patrimonial neto de 3,5 millones de euros.
Los 4.519 murcianos que pagaron patrimonio en 2021, declararon ingresos por importe de 135.734 euros al año. Por contra, 694.035 personas que presentaron la declaración de la renta en junio de 2022, declararon un ingreso neto medio de 19.447 euros al año.
El impuesto de patrimonio es un impuesto estatal cedido a las CCAA para su financiación. «Por eso tan incongruente que la Región de Murcia se queje tanto de infrafinanciación cuando está aprobando medidas para no recaudar con un instrumento que te ha cedido de manera completa el Estado para que te financies y con ese dinero pagues servicios básicos como sanidad y educación» subraya el Secretario General del Sindicato de Técnicos de Hacienda -GESTHA- José María Mollinedo.
El deuda sigue disparada
La Región de Murcia cerrará el año con un déficit del 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB), superior al 0,8% de la media nacional y el segundo más elevado por comunidades, solo inferior al de la Comunidad Valenciana (2,3%), según datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige Ángel de la Fuente.
Por otra parte, la Deuda financiera superó por primera vez la cota de los 12.000 millones (12.072 en junio -último dato disponible-, en torno a 560 más que tres y doce meses antes), que equivalen al 32,1% del PIB regional, la tercera mayor tasa autonómica y casi nueve puntos por encima del promedio de todas las autonomías (23,2%).
Portazo del Tribunal Constitucional al recurso del Gobierno de López Miras contra el impuesto a las grandes fortunas
Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado los recursos presentados por el Gobierno de Murcia y la Asamblea de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, aplicando así la doctrina que fijó al desestimar la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra el nuevo tributo y que ya extendió a las de los gobiernos de Galicia y Andalucía.
El TC resolvió por primera vez sobre este asunto en su sentencia del pasado 7 de noviembre sobre el recurso presentado por el Gobierno de Díaz Ayuso contra la decisión de Moncloa de gravar el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros.
Los magistrados resolvieron entonces que dicho gravamen no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni resulta confiscatorio. «La queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio», indicaron.
El impuesto a las grandes fortunas nació, entre otras cosas, como respuesta a las comunidades autónomas que estaban bonificando el Impuesto de Patrimonio y solo se aplica a fortunas superiores a los 3,5 millones de euros.
Por ese motivo, la Región de Murcia tomó la decisión de mantener el pago del impuesto de Patrimonio para fortunas superiores a los 3,5 millones de euros. De esa forma se aseguró de que el dinero lo ingresa la Comunidad Autónoma y no el Estado.
Así, los ricos murcianos que declaran fortunas superiores a los 3,5 millones pagarán unos 19 millones por el Impuesto de Patrimonio, según las estimaciones de la Consejería de Hacienda.
