La ciudadanía de Molina de Segura no se rinde y sigue diciendo basta al atropello que está sufriendo. En un movimiento que crece en fuerza y determinación, asociaciones vecinales, entidades sociales y miles de vecinos han formalizado un recurso de reposición, de 28 folios, contra el Ayuntamiento de Molina de Segura por negarse a revisar de oficio la controvertida licencia de obras concedida a la planta de biogás que se construye a toda prisa en el polígono industrial La Polvorista.
El recurso de reposición se acompaña de más de 11.200 firmas de apoyo y de un manifiesto conjunto firmado por 33 colectivos sociales donde se exige la paralización inmediata del proyecto y la anulación de la licencia por ser contraria a derecho y atentar contra la salud de la población. El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, del PP, hace caso omiso de las reivindicaciones vecinales y empresariales.
«No somos cuatro piraos de Molina de Segura como se nos está diciendo» dice una vecina. «Somos más de 11.000 personas en contra de la planta de biogás».
La asociación de empresarios La Polvoristano descarta iniciar acciones penales contra los responsables de permitir la construcción de la planta de biogás «que llenará de basura nuestras vidas». Como viene contando RRNEWS en exclusiva, se acumulan las irregularidades mientras el alcalde, José Ángel Alfonso, hace caso omiso y defiende la instalación de la planta como irreversible.
“Esto no es sostenibilidad: es especulación”
Según el manifiesto, la planta no es un proyecto de transición ecológica, sino un negocio de alto impacto promovido por una empresa sin experiencia, absorbida por el fondo de inversión francés InfraVia Capital Partners, especializado en rentabilizar activos estratégicos sin arraigo local ni vocación ambiental.
La instalación trataría anualmente más de 36.500 toneladas de residuos, incluidos residuos animales SANDACH categoría 2, lodos de depuradora y otros materiales que generarían gases tóxicos, malos olores y riesgo biológico. La planta estará a menos de 700 metros de un colegio, 500 de una gasolinera y rodeada por más de 250 empresas y centros educativos.
“Una nube de ácido sulfhídrico generada por una fuga podría llegar en minutos al colegio, las viviendas y la Universidad”, advierte el recurso, que se apoya en estudios científicos, normativa europea y casos reales de accidentes en plantas similares en Reino Unido, Alemania o Filipinas.
El Ayuntamiento, en el centro de la polémica
La licencia urbanística fue concedida en julio de 2024, en plena época vacacional y sin notificación directa a vecinos, comunidades escolares ni empresas colindantes. El documento legal que la sustenta -la Declaración de Impacto Ambiental- omitió informes obligatorios de Salud Pública y Emergencias, falseó distancias a industrias clasificadas como peligrosas (SEVESO) y no consideró alternativas de ubicación.
A pesar de estas irregularidades, el Ayuntamiento de Molina de Segura se negó el pasado 13 de mayo de 2025 a iniciar la revisión de oficio del expediente, lo que ha motivado la presentación del recurso de reposición. Los vecinos consideran que esta negativa carece de fundamento jurídico, ignora las causas de nulidad de pleno derecho y podría incurrir en un presunto delito de prevaricación si no se entra a valorar el fondo de las alegaciones.
¿Protección para las granjas, pero no para las personas?
El recurso pone el dedo en la llaga al recordar que la normativa estatal obliga a situar este tipo de plantas a más de un kilómetro de explotaciones ganaderas cuando tratan residuos SANDACH… pero no establece ninguna distancia mínima respecto a personas. “Se protege más a los cerdos que a los vecinos de Molina”, ironiza el documento.
Además, subraya que el propio Ayuntamiento de Murcia ha denegado recientemente otro proyecto similar por no respetar la distancia mínima de 2.000 metros respecto a zonas habitadas, algo que en Molina se ha ignorado deliberadamente, a pesar de contar con un planeamiento urbanístico similar.
Los firmantes acusan directamente al alcalde de haber minimizado públicamente el proyecto y desinformado deliberadamente a la población. Es una acusación política seria y muy concreta: no solo no se informó bien, sino que se engañó activamente al hablar de «yogures caducados» cuando se trata de cadáveres animales, gases peligrosos y residuos tóxicos.
Un manifiesto de dignidad y resistencia
El manifiesto de apoyo al movimiento vecinal denuncia con claridad la gravedad del caso: riesgos sanitarios, irregularidades legales, falta de transparencia institucional y captura empresarial de un proyecto sin interés público. Se acusa al Ayuntamiento de haber minimizado el proyecto ante los medios, alegando que solo trataba “yogures caducados”, cuando el expediente recoge materiales de alto riesgo sanitario y emisiones equiparables al mantenimiento de 5.000 cerdos.
“La defensa de Molina de Segura, su entorno y su gente, está por encima de cualquier inversión especulativa. La salud no se negocia”, concluyen los firmantes.
El futuro, en manos de la Junta de Gobierno
El Ayuntamiento tiene ahora la obligación legal de responder al recurso con una resolución motivada y expresa. Los vecinos advierten de que, de no hacerlo, emprenderán acciones judiciales por vía contencioso-administrativa. No descartan nuevas movilizaciones.
Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo. Los vecinos libran una batalla por el derecho a vivir sin miedo, a respirar aire limpio y a decidir el modelo de desarrollo de una ciudad entera.