Pedro Sánchez quiere colocar la vivienda en el centro del debate territorial. En una carta remitida a los presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo ha planteado un ambicioso paquete de propuestas para ser debatido este viernes en la Conferencia de Presidentes de Barcelona. El objetivo: sentar las bases de un nuevo Acuerdo Estatal por la Vivienda que permita “responder con hechos a uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo”.
La propuesta estrella es clara: triplicar la inversión pública en vivienda en los próximos cuatro años, pasando de los 2.300 millones del Plan Estatal 2022-2025 a 7.000 millones para el periodo 2026-2030. Para ello, el Gobierno central se compromete a poner sobre la mesa 4.000 millones, siempre que las comunidades autónomas aporten, al menos, otros 2.700 millones.
“La política de vivienda es una competencia compartida”, recuerda Sánchez, quien subraya en su misiva que “las comunidades autónomas nunca han recibido tantos recursos del Estado como ahora”. Por eso, considera “esencial” que una parte de esos fondos se destine de manera prioritaria a incrementar el parque de vivienda pública, tanto en régimen de propiedad como de alquiler.
El plan pretende ser, según Moncloa, “el mayor esfuerzo inversor en vivienda pública de la historia reciente”, en un contexto marcado por el alza de precios, la escasez de vivienda asequible y la creciente presión de los fondos de inversión sobre el mercado inmobiliario.
Precios reales
Además de la inversión, Sánchez plantea otra propuesta clave: la creación de una base pública de precios de compra, venta y alquiler. La idea es acabar con la opacidad que, según el Gobierno, genera el monopolio informativo de los grandes portales inmobiliarios privados.
Esta base pública permitiría a las Administraciones -y también a la ciudadanía- acceder a datos reales, actualizados y contrastables sobre los precios del mercado en cualquier municipio o barrio. “Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa”, argumenta el Ejecutivo.
El planteamiento busca democratizar el acceso a la información, combatir la especulación y dotar de herramientas a los poderes públicos para intervenir -si así se decide- en zonas tensionadas o donde el acceso a la vivienda sea especialmente difícil.
Blindaje permanente para la vivienda protegida: que no caiga en manos de fondos buitre
En otro de los puntos centrales de su carta, Pedro Sánchez propone un cambio de paradigma en la gestión de la vivienda con protección pública (VPO). Según los datos aportados por el propio Gobierno, en los últimos 45 años se construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas. Sin embargo, la gran mayoría de ellas fueron descalificadas con el paso del tiempo y acabaron vendiéndose en el mercado libre, muchas de ellas absorbidas por grandes inversores o fondos buitre.
“Es urgente cortar este ciclo perverso”, sostiene Moncloa. Por eso, el Ejecutivo plantea que todas las viviendas construidas o rehabilitadas con dinero público mantengan de forma indefinida su calificación como protegidas. Esto garantizaría que sigan cumpliendo su función social a largo plazo, ofreciendo alternativas reales y sostenibles para quienes no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
La propuesta supondría un cambio estructural en la política de vivienda de las últimas décadas, en la que muchas VPO acababan integradas en la lógica del beneficio privado. El nuevo enfoque busca evitar que el esfuerzo público acabe beneficiando indirectamente a la especulación.
La Región de Murcia a la cola en vivienda pública
Mientras desde La Moncloa se tiende la mano para un gran pacto de país, hay comunidades que siguen sin mover ficha. La Región de Murcia es un caso sangrante: es la comunidad con menor parque de vivienda pública de toda España, según datos oficiales. Y no solo eso. No construye vivienda pública desde hace años y ni siquiera cumple con la Ley Estatal de Vivienda, aprobada en 2023, ni con su propia Ley de Vivienda de 2007, que sigue sin desarrollo reglamentario.
El parque público de vivienda en la Región de Murcia es raquítico. Mientras la media europea ronda el 11%, en España no llega al 2,5% y en la Región de Murcia el dato se desploma hasta el 0,39% según datos oficiales.
Y no solo eso, la Región de Murcia bate récords en desahucios y bancarrotas familiares según datos del CGPJ correspondientes a 2024.
El Gobierno regional, presidido por el popular Fernando López Miras, ha mostrado reiteradamente su rechazo a las medidas de intervención del mercado propuestas desde el Estado. No ha declarado zonas tensionadas, no ha regulado el alquiler y mantiene paralizado cualquier impulso serio en vivienda pública, ni siquiera en régimen de colaboración público-privada. El derecho constitucional a una vivienda digna sigue en papel mojado para miles de murcianos, mientras crecen los precios y la precariedad habitacional se dispara.