En Murcia, más de ochocientas personas no tienen garantizado el derecho básico a una vivienda digna. Algunas duermen a la intemperie, otras malviven en albergues, ocupan infraviviendas o residen en condiciones de hacinamiento, inseguridad y amenaza de desahucio. La exclusión residencial -ese monstruo con muchas caras- se ha convertido en una constante urbana, pero rara vez ocupa titulares.
El estudio “Exclusión residencial en Murcia. De la vivienda al sinhogarismo” pone el foco donde pocos lo hacen: en las vidas suspendidas por la falta de un techo. El informe, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia junto con la Fundación Jesús Abandonado y el Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia (OES), revela una realidad tan dura como sistemáticamente invisibilizada.
824 personas
La noche del 23 de febrero de 2023 fue la elegida para el recuento. Esa noche, 824 personas fueron entrevistadas por un centenar de profesionales y voluntarios. No fue un simple conteo: se les preguntó por salud, ingresos, educación, vínculos sociales y, por supuesto, vivienda. Se trataba de capturar la complejidad de su exclusión, más allá del cliché del “sin techo”. La cifra no ha disminuido con el paso del tiempo, al contrario.
Los resultados se clasificaron según la tipología ETHOS, que distingue cuatro grandes categorías: personas sin techo, sin vivienda, en vivienda insegura o inadecuada. La mayoría -un 49%- estaba sin vivienda, alojada temporalmente en recursos asistenciales. Un 18% residía en condiciones de inseguridad (ocupaciones ilegales, desahucios inminentes), un 15% en infraviviendas, y un 17,7% directamente en la calle.
No es solo falta de casa: es pobreza, enfermedad y soledad
Los perfiles muestran patrones alarmantes. Se trata de personas que, en su mayoría, encadenan múltiples formas de exclusión. Ingresos insuficientes, desempleo crónico, enfermedades físicas o mentales no tratadas, rupturas familiares, violencia de género, adicciones. La vivienda, o mejor dicho, su ausencia, es solo la punta del iceberg.
El informe subraya que la exclusión residencial no cae del cielo: se gesta en la infancia, se multiplica con la precariedad y explota con las crisis. La financiera de 2008, la sanitaria de 2020 y la energética de 2022 han hecho estragos en capas cada vez más amplias de la población. Y los servicios públicos, muchas veces, no están a la altura.
Una frase de uno de los profesionales entrevistados en el informe lo resume de forma contundente: «Para mí, lo más importante son los problemas de toda la historia de vida de la persona. Empiezas a indagar y vez que esto viene de la infancia, de la adolescencia, de las rupturas familiares…»
La exclusión no es una elección. Es un proceso largo, doloroso y lleno de puertas que se van cerrando.
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Un parque público raquítico en una región de propietarios
Pocas cosas escuecen más al leer el informe que el dato sobre el parque público de vivienda. En plena oleada de emergencia habitacional, cuando familias y personas solas ven cómo se les esfuma el techo por no poder pagar un alquiler o una hipoteca, el estudio denuncia una verdad incómoda: la Administración pública, en todas sus escalas, apenas ofrece alternativas reales para vivir con dignidad.
Los datos son demoledores. Mientras que la media europea de parque público de vivienda ronda el 11% del total, en España no llega al 2,5%. En la Región de Murcia, directamente se desploma hasta el 0,39%. Es decir, por cada mil viviendas, apenas cuatro son públicas. El resto, al mercado, a los precios, a la ley de la oferta y la demanda. Y si no llegas, te buscas la vida. Literalmente.
No lo dicen activistas con pancarta, lo dicen trabajadores sociales desde dentro del sistema: «Se sigue llevando a cabo una política de transferencia sistemática de dinero público a bolsillos privados, pero sin generar bien público común: ayudas a la promoción, construcción, compra, alquiler o avales hipotecarios, que suponen cientos de miles de millones de dinero público gastado, sin generar patrimonio colectivo» recoge textualmente el informe.
La denuncia es doble. Por un lado, se invierte dinero público en supuestas soluciones habitacionales -bonificaciones fiscales, cheques vivienda, avales hipotecarios- que no revierten en un patrimonio público estable. Por otro, se deja que la vivienda sea una mercancía en vez de un derecho, lo cual es una traición directa al artículo 47 de la Constitución Española, que dice -por si a alguien se le ha olvidado- que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada».
Frente a esto, el informe plantea una idea rotunda: necesitamos una política de vivienda valiente, que construya y gestione un parque público real, suficiente, estable, que garantice el derecho a un hogar para quien lo necesita. No como limosna. Como justicia.
La intervención que funciona
No todo es gris. El estudio también muestra que cuando hay acompañamiento digno y políticas personalizadas, los procesos de inclusión pueden funcionar. Por ejemplo, los realojos planificados teniendo en cuenta las características de cada familia tienen altas tasas de éxito. Programas como Housing First, que anteponen el derecho a la vivienda sin condiciones previas, están dando frutos.
El trabajo coordinado entre entidades como Jesús Abandonado, Cruz Roja, Cáritas, Columbares, y plataformas como la PAH ha sido clave. Desde 2016, Murcia cuenta con una Red para la Inclusión Social que facilita la colaboración entre servicios municipales y organizaciones del tercer sector. Este estudio es fruto de esa alianza.
Propuestas
El documento cierra con propuestas claras: incrementar el parque público de vivienda, evitar los desahucios sin alternativa, fomentar la vivienda social en régimen de alquiler, dignificar los recursos de acogida, garantizar el acceso a la salud mental, y -clave de bóveda- tratar a las personas en exclusión como ciudadanos con derechos, no como expedientes asistenciales.
La Asociación Abeto de apoyo a las personas sin hogar ha convocado una concentración el próximo 15 de mayo, a las 10.30 de la mañana, «Por la dignidad de los que menos tienen» frente al Ayuntamiento de Murcia.