La Región de Murcia se queda fuera, una vez más, de un plan estatal de vivienda que podría haber supuesto una inyección millonaria para abordar uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a la vivienda. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha decidido alinearse con la dirección nacional del PP y rechazar la propuesta del Gobierno central para triplicar la inversión pública en vivienda mediante un nuevo plan de 7.000 millones de euros. Cero euros para la Región de Murcia porque así lo ha querido López Miras atendiendo a órdenes de Feijóo.
La Región de Murcia está a la cola inversora en políticas de vivienda. De 17 autonomías, Murcia es la decimoquinta que menos presupuesto destina al fomento y la creación de hogares.
La iniciativa, anunciada este viernes durante la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona, contempla una cofinanciación entre el Estado (4.000 millones) y las comunidades autónomas (3.000 millones). Solo cinco territorios han dicho sí: País Vasco, Navarra, Cataluña, Canarias y Asturias. Ninguna gobernada por el PP.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue tajante en su intervención posterior a la reunión: «O ley de vivienda o ley de la selva; o regulación pública o caos del mercado; o bien común o lucro indecente».
Rodríguez instó a los presidentes autonómicos del Partido Popular a que expliquen a sus ciudadanos por qué rechazan un acuerdo que, según el Gobierno, permitiría acelerar la construcción de vivienda pública y contener los precios del alquiler. «No perderemos ni un minuto», añadió, «para trabajar con quienes sí están comprometidos con el derecho a la vivienda».
Miras: «Yo invito y tú pagas, no es justo ni viable»
Desde el Gobierno murciano, López Miras no se dio por aludido y contraatacó: «Está bien alcanzar acuerdos nacionales en materia de vivienda, pero un acuerdo que se inicia con el ‘yo invito y tú pagas’, no solo es injusto, sino que es imposible», declaró.
El presidente regional considera que la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «es parte del problema» y ha insistido en que, tres años después, el problema de acceso a la vivienda persiste, lo que, según él, prueba su fracaso. Un matiz no menor: la Región de Murcia nunca ha aplicado dicha ley, ni ha declarado zonas tensionadas, ni ha activado mecanismos de intervención en el mercado del alquiler.
Es más, la Región de Murcia ha renunciado a recibir parte de los 35 millones habilitados por el Gobierno de España para frenar la escalada del alquiler.
Y sobre lo de «yo invito y tú pagas», López Miras no menciona que pese al bloqueo político del Gobierno regional, desde que 2018 que gobierno Sánchez, el Ministerio de Vivienda ha destinado 289 millones de euros euros en políticas públicas de vivienda en la Región de Murcia, una cifra sin precedentes. Dinero que se transfiere y es gestionado por el Gobierno regional.
López Miras apuesta por aumentar la oferta de suelo, aprobar una política fiscal incentivadora para la construcción de vivienda y una ley más dura contra la ocupación ilegal como si la okupación fuese un problema, que no lo es según datos oficiales. Pero lo cierto es que bajo su mandato no se construyen viviendas de promoción pública y la política de vivienda en la Región se limita, en buena parte, a actuaciones puntuales como el aval vivienda joven que desde 2021 que se puso en marcha apenas ha beneficiado a 600 jóvenes de hasta 40 años.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, del PP, que no renuncie a los fondos para crear vivienda pública. No consta que el alcalde de Murcia, José Ballesta, de Cartagena, Fulgencio Gil o Molina de Segura, José Ángel Alfonso, hayan exigido nada a López Miras. Como si en sus ciudades no hubiese un grave problema de vivienda.
El coste de quedarse fuera
La decisión de no sumarse al nuevo plan estatal deja a la Región de Murcia sin acceso a una financiación histórica para vivienda. No se trata de una declaración de intenciones, sino de una renuncia explícita a participar en un esfuerzo colectivo con recursos ya comprometidos.
Mientras territorios como Cataluña o Canarias ya trabajan en la construcción de nuevas promociones públicas o en la movilización de vivienda vacía, en Murcia el parque público apenas alcanza el 0,39%del total, frente al 9% de media europea.
Con la renuncia al plan, López Miras consolida su apuesta ideológica frente a una política de vivienda pública más intervencionista. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué alternativas reales ofrece su Gobierno para frenar la escalada de precios y garantizar el derecho a un hogar digno? De momento, la respuesta es ninguna.