La Región de Murcia ha quedado fuera del reparto de 35 millones de euros habilitados por el Gobierno de España para aquellas comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas de vivienda, según ha confirmado el Ministerio de Vivienda a RRNEWS. El Ejecutivo murciano, al no aplicar la Ley Estatal de Vivienda, renuncia a estos fondos extraordinarios previstos en el artículo 18.5 de la ley, destinados a financiar medidas que permitan contener o reducir los precios del alquiler o venta en las zonas con mercados más presionados.
“El Gobierno regional, al no declarar zonas tensionadas y, por tanto, no cumplir con la Ley Estatal de Vivienda, se queda fuera del reparto”, señalan fuentes ministeriales.
Al no declarar zonas tensionadas, el Gobierno regional impide que los municipios afectados puedan aplicar el índice de precios de referencia del alquiler, una de las herramientas más potentes de la nueva legislación.
Esto afecta directamente a ciudades como Murcia, Cartagena, San Javier o zonas costeras del Mar Menor, donde el mercado del alquiler ha experimentado subidas de entre el 20 % y el 35 % en los últimos dos años, según datos del portal Idealista y del Observatorio de Vivienda del Ministerio.
Los lanzamientos aumentaron un 54,4 % en la Región de Murcia en 2024, con un total de 1.203 desahucios según datos del CGPJ. El 67 % fueron consecuencia del impago del alquiler, mientras que el 34,3 % obedeció a ejecuciones hipotecarias. Estos datos sitúan a la Región de Murcia en la cima de la precariedad habitacional, con la tasa más alta de desahucios por cada 100.000 habitantes del país.
A la cola en vivienda pública
Además, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya advirtió públicamente de que las comunidades colaboradoras tendrán prioridad para acceder a suelos e inmuebles de la empresa estatal de vivienda, lo que deja también a la Región de Murcia fuera del circuito preferente para beneficiarse de activos públicos estratégicos, aunque desde el Ministerio admiten que es difícil cuantificar con precisión la magnitud de esta renuncia, dado que depende de la evolución de los convenios entre SEPES, la Sareb y las autonomías.
La no aplicación de la Ley Estatal de Vivienda deja a la Región con menos herramientas para ampliar el parque público y social de vivienda. Según datos del Observatorio de la Exclusión Social de la Universidad de Murcia, la Región cuenta con una de las tasas más bajas de vivienda pública por habitante del país.
Pese al bloqueo político del Gobierno regional de López Miras, el Ministerio recuerda que desde que Pedro Sánchez es presidente, el Estado ha destinado 289 millones de euros euros en políticas públicas de vivienda en la Región de Murcia, una cifra sin precedentes. Dinero que se transfiere y es gestionado por el Gobierno regional.
Sin embargo, más de de 2.000 jóvenes en la Región de Murcia aún no han recibido las ayudas al alquiler prometidas, a pesar de haberse tramitado desde hace más de dos años. Estas subvenciones, financiadas por el Gobierno de España pero gestionadas por la Comunidad Autónoma, están dirigidas a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 25.000 euros. La falta de resolución y pago de estas ayudas supera con creces el plazo legal establecido, afectando a los beneficiarios que dependen de este apoyo para acceder a una vivienda digna.
Afloran más viviendas en alquiler
Además, la evolución del alquiler en la Región de Murcia desmiente los discursos alarmistas que anunciaban una retirada masiva del mercado. Muy al contrario, los alquileres declarados por personas físicas han aumentado año tras año: 2021: 40.225; 2022: 42.435; 2023: 45.591.
Este dato sugiere que la regulación y la transparencia no solo no han espantado a los pequeños propietarios, sino que podría estar aflorando parte de la economía sumergida.
Ideología frente a necesidad social
El presidente López Miras ha calificado la Ley Estatal de Vivienda como una norma «expropiatoria» e «intervencionista» que atenta contra la propiedad privada. Según sus declaraciones, la ley «legaliza y potencia la ocupación» de viviendas y traslada la responsabilidad de las políticas sociales a los propietarios, lo que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales.
El Gobierno regional considera que la definición de «zonas tensionadas» no contribuye a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la Región de Murcia. Argumentan que esta medida no aborda la raíz del problema, que, según ellos, es la falta de oferta de vivienda en propiedad, especialmente para los jóvenes
Sin embargo, los efectos ya son visibles: subida de precios, aumento de los desahucios por impago, y un mercado cada vez más inaccesible para los sectores vulnerables. Sin embargo, territorios como Cataluña, Navarra o País Vasco, que son regiones más avanzadas que la Región de Murcia, si están aplicando la ley para contener el problema de acceso a la vivienda.
El Gobierno de López Miras también incumple la Ley regional de vivienda
El Gobierno de la Región de Murcia no solo ha optado por no aplicar la Ley Estatal de Vivienda, sino que también ha incumplido de manera sistemática su propia legislación autonómica en materia de vivienda. Más de la mitad de sus artículos remiten a reglamentos que el Ejecutivo murcianos nunca ha redactado. ¿Por qué? ¿A qué obedece tanta desidia?
La Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y su posterior modificación mediante la Ley 10/2016, establecen un marco normativo para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada en la comunidad. Sin embargo, no se han desarrollado los reglamentos necesarios para la plena aplicación de la ley, lo que impide la implementación efectiva de sus disposiciones; no se ha construido vivienda pública en los últimos años, a pesar de las necesidades crecientes de la población en este ámbito y no se han activado mecanismos de mediación frente a desahucios ni se han establecido procedimientos claros para la adjudicación de vivienda social o asequible.
El parque público de vivienda en la Región de Murcia es raquítico. Mientras la media europea ronda el 11%, en España no llega al 2,5% y en la Región de Murcia el dato se desploma hasta el 0,39%
Según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Región de Murcia Murcia encabeza los peores rankings socioeconómicos del país: más concursos de familias, más desahucios y más ejecuciones hipotecarias por habitante que cualquier otra comunidad autónoma. La realidad golpea con dureza a los hogares murcianos, y las cifras lo demuestran.