La Junta Electoral de la Región de Murcia ha validado oficialmente 11.032 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una vivienda digna, pero se ha negado a verificar otras 5.000 más presentadas por la Comisión Promotora. La razón: según el acuerdo adoptado el 15 de junio, al haberse alcanzado ya el mínimo legal de 10.000 apoyos exigido por la Ley 9/1984 de ILP autonómica, no era necesario seguir revisando el resto.
Los promotores han recurrido esta decisión al considerar que supone un grave desprecio a la voluntad ciudadana, carece de amparo legal y persigue “rebajar artificialmente el apoyo social y político a una iniciativa incómoda para el poder”.
“La ley no dice en ningún momento que se deban dejar de revisar las firmas adicionales. Al contrario: todas las que se presentan dentro de plazo deben ser validadas. Si se trata de un proceso que emula al electoral, ¿se imaginan dejar de contar votos porque ya se ha ganado por mayoría?”, denuncian.
El acuerdo oficial, firmado por la secretaria de la Junta Electoral, Encarna Fernández de Simón, establece expresamente en su segundo punto:
“No verificar el resto de firmas presentadas al haber conseguido los promotores las 10.000 firmas exigidas de acuerdo con lo que dispone el artículo 6 de la Ley regional citada en el plazo fijado por el artículo 9.3 de la misma”.
La Ley 9/1984 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia regula el procedimiento de las ILP autonómicas, pero no contempla la posibilidad de interrumpir la validación de firmas una vez presentadas. Los promotores insisten en que el criterio adoptado por la Junta Electoral no está respaldado por ningún artículo de dicha norma.
La ILP se debate en la Asamblea Regional el 8 de julio
En palabras del portavoz de la Comisión, Francisco Morote, “lo que parece buscar esta decisión es rebajar artificialmente el apoyo ciudadano y deslegitimar la iniciativa justo antes de su debate en la Asamblea Regional”. El recurso fue presentado el pasado 23 de junio y, al día siguiente, la Junta de Portavoces del parlamento autonómico fijó el 8 de julio como fecha para debatir la ILP, sin esperar a la resolución del recurso.
“Nos encontramos con una coincidencia demasiado oportuna: se ocultan 5.000 apoyos y se acelera el debate para que la propuesta se vote justo antes del parón de agosto, cuando la atención mediática y social baja. Todo apunta a una maniobra para silenciar el debate y quitarle fuerza a una propuesta que incomoda”, advierten.
Además, critican duramente que el acuerdo haya sido adoptado por una Junta Electoral presidida por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme, y con la letrada de la Asamblea Regional, Encarna Martínez de Simón, como secretaria.
“Es difícil entender que personas con tal formación jurídica puedan avalar una decisión tan arbitraria, antidemocrática y sin base legal. Confiamos en que el recurso prospere y se restituya el derecho de las 5.000 personas que firmaron con la expectativa de ser escuchadas”, concluyen.
La CARM incumple todas las leyes de vivienda
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda logró recoger más 16.000 firmas recogidas en apenas seis meses.
La ILP busca modificar la Ley regional de Vivienda aprobada en 2015, una norma que duerme el sueño de los justos: más de la mitad de sus artículos remiten a reglamentos que el Gobierno regional nunca ha redactado. “No se trata solo de mejorar la ley: se trata de exigir que se cumpla”, subrayan sus promotores.
Cinco propuestas clave para dignificar el acceso a la vivienda
- Blindar el parque público: la ILP propone prohibir la venta de viviendas públicas para que ninguna administración pueda especular con ellas. La idea es que si algún día se construyen casas de titularidad pública, estas se dediquen exclusivamente al alquiler social.
- Crear un servicio público de alquiler: la iniciativa plantea una oficina de intermediación entre inquilinos y propietarios, con incentivos para ambas partes: rentas más justas, contratos estables y un seguro gratuito frente a impagos y desperfectos. También incluye un registro autonómico de demandantes de vivienda.
- Compensación económica por retrasos administrativos: se propone una ayuda de 300 euros al mes para quienes sufran demoras injustificadas en la concesión de subvenciones como el bono joven del alquiler. Un toque de atención a una Administración que a menudo llega tarde.
- Eliminar la ocupación de la ley de vivienda: la ILP quiere que la ley se centre en el acceso a la vivienda, y no en la ocupación ilegal, un fenómeno minoritario que desvía la atención del verdadero drama: más de 250.000 personas en la región no pueden ni comprar ni alquilar.
- Derecho de tanteo y retracto para la Comunidad Autónoma: la propuesta daría a la Región de Murcia la capacidad de adquirir viviendas de protección oficial antes que cualquier comprador privado, con el objetivo de mantener su función social.