La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda no solo ha alcanzado su objetivo: lo ha pulverizado. Con más de 16.000 firmas recogidas en apenas seis meses, los promotores -más de veinte entidades sociales- han logrado un 60% más de las adhesiones mínimas requeridas para que su propuesta sea debatida en la Asamblea Regional. Una cifra histórica que supera incluso la obtenida por la ILP en defensa de los espacios naturales en 2006.
“Hemos superado con creces la barrera exigida por la ley autonómica”, celebran los impulsores, que este viernes han registrado 9.186 firmas nuevas, sumándose a las 6.750 ya validadas y otras 70 que se entregarán el lunes. El mensaje que lanzan es claro: la ciudadanía ha hablado, ahora les toca a los políticos escuchar.
La ley existe, pero no se aplica
La ILP busca modificar la Ley regional de Vivienda aprobada en 2015, una norma que duerme el sueño de los justos: más de la mitad de sus artículos remiten a reglamentos que el Gobierno regional nunca ha redactado. Lo que empezó como una propuesta técnica se ha convertido en un clamor social.
“No se trata solo de mejorar la ley: se trata de exigir que se cumpla”, subrayan sus promotores.
Si la Junta Electoral provincial da el visto bueno a las firmas, la Mesa de la Asamblea tendrá que decidir si admite la propuesta a trámite. A partir de ahí, vendrá el turno de las enmiendas y el debate parlamentario. Pero desde las plataformas sociales ya advierten: “con este nivel de apoyo popular, votar en contra sería un desprecio inaceptable.”
Cinco propuestas clave para dignificar el acceso a la vivienda
- Blindar el parque público: la ILP propone prohibir la venta de viviendas públicas para que ninguna administración pueda especular con ellas. La idea es que si algún día se construyen casas de titularidad pública, estas se dediquen exclusivamente al alquiler social.
- Crear un servicio público de alquiler: la iniciativa plantea una oficina de intermediación entre inquilinos y propietarios, con incentivos para ambas partes: rentas más justas, contratos estables y un seguro gratuito frente a impagos y desperfectos. También incluye un registro autonómico de demandantes de vivienda.
- Compensación económica por retrasos administrativos: se propone una ayuda de 300 euros al mes para quienes sufran demoras injustificadas en la concesión de subvenciones como el bono joven del alquiler. Un toque de atención a una Administración que a menudo llega tarde.
- Eliminar la ocupación de la ley de vivienda: la ILP quiere que la ley se centre en el acceso a la vivienda, y no en la ocupación ilegal, un fenómeno minoritario que desvía la atención del verdadero drama: más de 250.000 personas en la región no pueden ni comprar ni alquilar.
- Derecho de tanteo y retracto para la Comunidad Autónoma: la propuesta daría a la Región de Murcia la capacidad de adquirir viviendas de protección oficial antes que cualquier comprador privado, con el objetivo de mantener su función social.
Un proceso ejemplar de movilización popular
Detrás de las cifras hay trabajo de hormiga: mesas en plazas, jornadas informativas, asambleas y cientos de voluntarios entregando su tiempo en todos los rincones de la región. El portavoz de la PAH, Paco Morote, lo resume así: “Esta ILP no es solo una propuesta legal. Es una forma de decir basta. Basta de que la vivienda sea un privilegio y no un derecho.”